×
Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
ver +

" Comentar Imprimir
26 Marzo 2019 03:33:00
Las incongruencias del Presidente
Una vez más, Andrés Manuel López Obrador ha engañado con la verdad. La primera señal que traía una espina clavada contra España se dio durante los preparativos para la toma de posesión en San Lázaro. Alejandro Esquer, secretario particular del entonces presidente electo, revisaba los lugares de los invitados especiales y cuando llegó al de los reyes de España dijo que no habría dos asientos para ellos sino uno. La reina Leticia tendría que sentarse separada de su esposo. Todas las objeciones diplomáticas fueron rechazadas. Finalmente, la reina no viajó a México. La segunda fue en el discurso de los 100 días de Gobierno, donde López Obrador anticipó todo en 40 palabras: “Inició el Programa de Rescate del Patrimonio Cultural y de la Memoria Histórica. Este año está dedicado a conmemorar el asesinato de Emiliano Zapata Salazar, así como los 500 años de la primera gran resistencia indígena frente al invasor español”.

No habría que sorprenderse entonces que este lunes, 14 días después de cumplirse 500 años de la Batalla de Centla, donde los chontales –de su tierra Tabasco– se enfrentaron y perdieron ante las tropas del conquistador Hernán Cortés, diera a conocer el contenido de dos cartas, una dirigida al rey Felipe VI y la otra al Papa Francisco, donde los exhorta a que ofrezcan perdón por los “agravios” cometidos contra los pueblos originarios, conocidos ahora como violaciones a los derechos humanos, durante la conquista española. Si alguien quiere burlarse, no lo haga. López Obrador sí cree lo que dice. Su problema no es la honestidad, sino la incongruencia.

Frente a la corona española y El Vaticano, que den disculpas, porque “todavía, aunque se niegue, hay heridas abiertas”. El problema, que tampoco puede ocultarse, es que se compara con Estados Unidos. Más de 156 intervenciones en México, en el recuento del historiador Gastón García Cantú, forman parte de las heridas inflingidas. Incluye la pérdida del 50% del territorio en la guerra de 1846-48, la ocupación de Veracruz en 1914 para evitar la llegada de armas en apoyo a Venustiano Carranza, y la expedición punitiva contra Francisco Villa en territorio mexicano en 1916, luego de que el jefe revolucionario atacara Columbus, en Nuevo México.

El espejo estadunidense se coloca frente a la reciente visita de Jared Kushner, yerno del presidente Trump y asesor especial a cargo de las relaciones con Israel y con México, con el presidente López Obrador. El encuentro fue intenso pero respetuoso, donde Kushner entregó –y lo dijo textualmente, explicaron funcionarios federales–, el mensaje de Trump: está en total desacuerdo con la política migratoria de México, porque en lugar de contener a los inmigrantes los deja pasar. Esa política está contaminando la discusión con los demócratas en Washington, explicó Kushner, y pone en riesgo la ratificación del acuerdo comercial norteamericano. Si el Gobierno mantiene esa política, quedó claro, no habrá acuerdo y Trump repudiará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

López Obrador se dio cuenta que la relación con Estados Unidos está en problemas. Tras el cambio de Gobierno, fueron degradadas en la Casa Blanca y la ventanilla se envió al Departamento de Estado. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no es recibido en la Casa Blanca y Kushner tiene un contacto mínimo con él. El secretario de Estado, Mike Pompeo, lleva la relación con él, pero sus prioridades se encuentran en Venezuela –donde la Casa Blanca aún no se siente afectada por la posición neutral de México–, Irán y Corea del Norte. La reapertura de una ventanilla directa entre López Obrador y Kuchner, fue buena para la relación bilateral, aunque los mensajes recibidos fueran ominosos.

En el encuentro de tres horas con López Obrador, dijo un funcionario mexicano, Kushner expuso que el problema no era con la inmigración hondureña en general, sino con los criminales y los paquistaníes y sirios que, afirman, han aumentado su tránsito por México. El asunto es de seguridad nacional. López Obrador no había visto la dimensión del problema ni lo había atajado en las discusiones de gabinete donde se han confrontado dos visiones antagónicas.

Por un lado, la de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, principal promotora de dejar entrar a los inmigrantes, que se ha enfrentado con la posición de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con una visión pragmática del fenómeno. Los argumentos de Ebrard fácilmente desmontan los de Sánchez Cordero, pero el respaldo que le da el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, había inclinado hasta ahora la balanza hacia el paso libre de migrantes, protegidos por la Policía Federal. El Presidente, hasta la reunión con Kushner, los había respaldado.

Sin embargo, de acuerdo con los detalles de la conversación, esto se acabó. López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación para que comenzara a contener a los migrantes en la frontera sur. En paralelo, Sánchez Cordero viajó a Washington, donde este martes se reunirá con la secretaria de Seguridad Territorial, Kristej Nielsen, para hablar sobre este tema. López Obrador no quiere tener problemas con Trump, pues sabe –ha dicho varias veces en privado–, que el único que puede descarrillar a su Gobierno y afectar su proyecto es el jefe de la Casa Blanca. España y El Vaticano no le importan.

Pedir que ofrezcan disculpas no le afecta en nada por ahora, aunque los analistas internacionales lo coloquen en la trinchera de los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, y Evo Morales de Bolivia. Felipe VI y Francisco puede hacer sus reivindicaciones de los pueblos originarios y detonar un conflicto diplomático de la nada, pero con el norte, respeto y subordinación tácita, como nunca nadie se imaginó que lo haría.
25 Marzo 2019 03:24:00
Colosio, el origen de la conspiración
Primero fue Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo que él no creía en la teoría del “asesino solitario” en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Luego el presidente Andrés Manuel López Obrador añadió a la especulación. Se dice –dijo el Presidente–, que cuando se trata de “crímenes de Estado” siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar e insistir para que el crimen no quede impune. Legalmente no quedó impune. El 31 de octubre de 1994, un juez condenó a Mario Aburto de homicidio con premeditación y alevosía.

La investigación no cesó hasta el año 2000, cuando el último fiscal del caso Colosio, Luis Raúl González Pérez, entregó su informe final. Aburto sí había actuado solo y sí había disparado mortalmente contra Colosio, concluyó.

González Pérez fue el último fiscal del caso Colosio, y su investigación incluyó una auditoría sobre lo que habían realizado sus antecesores. Todos llegaron a la misma conclusión. No fue un “crimen de Estado”, ni tampoco hubo políticos involucrados. No participó el narcotráfico, ni fue la “nomenclatura”, como el presidente Carlos Salinas deslizó meses después del crimen. “Yo no sé si había uno o muchos políticos que querían matarlo, pero si fue así, se les adelantó Aburto”, le comentó al reportero Miguel Montes, el primer fiscal.

La investigación de González Pérez incluyó la revisión de alrededor de 5 mil fotografías de Lomas Taurinas, antes del crimen, durante la confusión por el asesinato y después de él. Se declaró a las cerca de 200 personas que fueron identificadas cerca de Colosio en el momento de los disparos y se les investigó ampliamente. Igual se revisó el patrimonio y depósitos de Aburto y su familia, que vivía en San Pedro, California, antes y mucho tiempo después del asesinato, sin encontrar anomalía alguna salvo una creciente pobreza. Hasta ese momento, con toda la información al alcance, y mientras no hubiera más evidencia de lo contrario, la teoría del “asesino solitario” se mantenía, dijo González Pérez.

Una amplia mayoría de mexicanos, como el propio Salinas en agosto de 1994 reconoció en una charla en Los Pinos, no lo creía. “Hay demasiadas coincidencias para que sean coincidencias, y en la política no hay coincidencias”, dijo.

¿Evidencia? Ninguna, respondió. Varios factores contribuyeron a la duda. Primero El Universal, que tituló en su titular principal que Colosio había sido “víctima de un complot”, a partir de la declaración que recogieron sus corresponsales de una priista en Tijuana.

Después, los mismos corresponsales reportaron que el Aburto de Lomas Taurinas, donde se dio el crimen, había sido cambiado, con el apoyo de dos fotografías de Aburto en la primera plana de El Universal. En una tenía una especie de lunar en el cachete y en la otra estaba limpio. La primera, tomada poco después del asesinato, mostraba esa mancha que era de sangre; en la segunda, ya lo habían limpiado. Finalmente, para cimentar la teoría del complot, los primeros peritos locales que revisaron la escena del crimen, se equivocaron de puntos cardinales en la ubicación del cuerpo, por lo cual no se entendía cómo le podría haber disparado dos veces Aburto.

En el imaginario colectivo no había cabida para un asesino solitario. El crimen se había dado en medio de una crisis en la campaña de Colosio, incapaz de organizar una estrategia que lo posicionara, y frente al protagonismo de Manuel Camacho, que se había ofrecido como negociador para la paz en Chiapas con el EZLN, que le había arrebatado la atención de la opinión pública. Pero nada había logrado cuajar judicialmente hasta que llegó Pablo Chapa Bezanilla, quien asumió la fiscalía del caso Colosio el 16 de diciembre de 1994.

Chapa Bezanilla le dijo días antes de asumir al reportero: “Voy a meter a la cárcel a Carlos Salinas y a José Córdoba”. ¿Al expresidente y su poderoso coordinador de asesores? “Se oye bien”, le comentó el reportero. “¿Hay pruebas?”. El fiscal respondió: “No, pero las obtendré”.

Chapa Bezanilla no pensó en la conspiración por generación espontánea. Quien le incubó la idea fue Alfonso Durazo, apestado políticamente en ese momento, y que había sido secretario particular de Colosio cuando fue titular de Desarrollo Social, y en la campaña. Durazo estaba convencido de que Colosio había sido asesinado por órdenes de Salinas.

En esa misma línea de pensamiento, este sábado en su cuenta de Twitter, el hoy alto funcionario federal escribió: “El asesinato de Luis Donaldo no puede entenderse al margen de la tensión entre renovación y continuidad que caracterizó, desde el poder, a la disputa por la sucesión presidencial de 1994”.

Esa declaración evoca el conflicto entre Colosio y Camacho –a quien cuando acudió a la funeraria, Durazo le negó la entrada–, y sugirió que el asesinato obedeció a que el candidato asesinado representaba la renovación, que sin decirlo deja entrever que Salinas estaba arrepentido de candidato, y Camacho era la “continuidad”.

Sin especificarlo, Durazo afirma que el asesinato de Colosio fue un “crimen de Estado”, a lo cual se sumó el presidente López Obrador. Camacho, que luchó del brazo de López Obrador durante una década, está muerto. Salinas vive en Londres y ya se verá si le da rango de interlocutor y le responde.

Pero la verdad siempre la escriben los vencedores, sin importar los hechos, y dictan para la historia lo que es importante, lo que es real, y lo que va a pasar. ¿Qué viene? Una nueva investigación sobre el caso Colosio, bañada en política y vestida con el traje que le hizo Durazo a Chapa Bezanilla hace 25 años.
22 Marzo 2019 03:26:00
El ajedrez de Andrés
En el ajedrez, los jugadores tienen que combinar jugadas. En la partida más famosa de la historia, el ruso Gary Kasparov derrotó al búlgaro Vaselin Topalov en 1999, con una estrategia donde visualizó 15 movimientos consecutivos, de un total de 44, para ganar.

En esa partida, calificada como “inmortal”, Kasparov ejecutó una de las combinaciones más espectaculares que se habían jugado hasta entonces, para ir acotando y encerrando a Topalov. El ajedrez es un juego de estrategias, donde la inteligencia y la paciencia trabajan coordinadamente, y este jueves, el presidente López Obrador mostró sus dotes intuitivas de ajedrecista.

En la víspera, la Coordinadora, la beligerante e insaciable disidencia magisterial, bloqueó los accesos a la Cámara de Diputados, donde se iba a discutir y eventualmente a aprobar en comisiones el dictamen de la reforma educativa, para sabotear la sesión. Los diputados se movieron al Senado para realizar su trabajo, pero los maestros volvieron a tomar sus instalaciones para impedirlo. Los diputados tuvieron que aplazar la discusión mientras los maestros, instalados con sus tiendas de campaña afuera de los recintos, se preparaban para su larga protesta. Desde el miércoles por la noche los diputados temían que no se pudiera sesionar ante todo lo que se preparaba. López Obrador también se preparó.

Al iniciar su comparecencia pública en Palacio Nacional, rechazó la acusación de la Coordinadora de que su reforma educativa fuera una simulación y mantuviera la esencia de la reforma promulgada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

“No hay razón para sostener que estamos incumpliendo con nuestra palabra y compromiso”, dijo López Obrador al urgir que se debatiera de manera abierta, al interior del movimiento disidente y de todos los trabajadores de la educación, para definir su postura con claridad, y provocar a los líderes magisteriales. Suele pasar que grupos que en apariencia son radicales, demuestran más (con sus actitudes) su adhesión al conservadurismo”, los desafió. “Este es otro de los casos”.

López Obrador estaba en movimiento. Primero confrontó su liderazgo, pero no tratando de persuadirlos, sino llevándolos a debatir la iniciativa entre los jefes de la disidencia y de todos los interesados, con lo cual les arrebató el papel de interlocutores únicos y los empujó a que lo discutieran con sus pares en el sector. El resultado no sería una respuesta común a su iniciativa, sino propuestas para incorporarlas. Es decir, en lugar de chocar con ellos, desvió su embestida y los obligó a ser constructivos, algo que no hacen. Acusarlos de conservadores no fue un señalamiento a partir de un cliché –si se analiza cuidadosamente–, sino para estigmatizarlos y forzarlos a dialogar para evitar que les quedara la mancha de intransigencia, y de paso, que escucharan su iniciativa. Encaró y acotó, como en el ajedrez.

El segundo movimiento fue político y moral. En primera instancia, dudó de la autenticidad de su protesta –“no sé qué motiva este movimiento”, dijo–, pero sin condicionar nada, aseguró que no utilizaría la fuerza para romper el bloqueo. Su Gobierno no era autoritario ni los reprimiría, señaló López Obrador para dejar abierta la posibilidad de que si se mantenían los maestros en las calles, violentando las libertades constitucionales de movimiento de la gente, serían ellos los responsables, sin darles justificación para alimentar su protesta.

Como demostración de su interés para que la protesta no escalara, López Obrador sugirió al Congreso suspender la sesión reprogramada para el jueves. En minutos, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, anunció que se pospondría la sesión. López Obrador se mostró como conciliador y Presidente pacífico. De esta forma establecía un contraste con Peña Nieto. ¿Después de estas frases, podrían seguir los maestros bloqueando las calles del Centro de la ciudad? El costo de hacerlo subió de manera significativa tras el posicionamiento presidencial.

Pero López Obrador no se quedó en ello. El tercer movimiento fue astuto. En la comparecencia apareció acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del titular de Educación, Esteban Moctezuma, quien mostró las comparaciones entre las reformas de Peña Nieto y la de López Obrador. Tras ello, el Presidente se dijo abierto al diálogo y que instalaría hoy mismo una mesa para el diálogo con los maestros disidentes. Minutos después, ya tenía la respuesta. La dirigencia disidente se sentaría con Sánchez Cordero y Moctezuma. No les dejó espacio.

Al reconocerlos como interlocutores, los comprometió públicamente. Al mismo tiempo, desactivó su demanda de verlo personalmente para discutir la Reforma y los dirigió con su Gabinete. Peña Nieto nunca los reconoció como interlocutores y su Gabinete estaba dividido: la Segob hablaba con la Coordinadora, y la de Educación con el SNTE. Entre las dos siempre hubo

conflicto y mala articulación estratégica.

En 24 horas, López Obrador había desactivado un conflicto. Sus reflejos políticos fueron claros para no perder tiempo ignorando al movimiento disidente, ni regalarles espacios o reflectores para moverse públicamente. Le llevó menos de 120 minutos desarrollar su combinación de jugadas para llevar a la CNTE a la mesa de diálogo, no para que negociaran dinero, plazas y cotos de poder, como exigieron y obtuvieron del Gobierno de Peña Nieto, sino para discutir los puntos controvertidos de la reforma educativa.

En esta primera partida de ajedrez, los doblegó. ¿Cómo explicarlo? Una primera aproximación es que la disidencia magisterial, como muchos actores políticos, agentes económicos y periodistas, lidian con López Obrador con categorías de análisis obsoletas. Así no podrán ser interlocutores o adversarios eficaces y útiles. Tampoco quitarle una sola pluma al ganso.

Urge cambiarlas.
21 Marzo 2019 03:58:00
La batalla (ratonera) final
El dictamen de la Cámara de Diputados sobre la revocación de mandato deberá ser rechazado por mal hecho, tendencioso y antidemocrático. Prevé solicitarlo con el 3% de firmas del padrón –el estándar en las naciones es 20%– con un umbral de participación del 25%, el respaldo del 33% del Congreso y el Senado, o una solicitud del Ejecutivo. Establece que sea un referéndum concurrente con las elecciones intermedias, cuando lo normal es después del medio término, para eliminar el factor de la popularidad del gobernante. Es decir, prepararon un manjar para el paladar del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Senado, donde querían debatirlo y aprobarlo este mismo jueves, no se va a poder. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, admite que no hay consenso y que se tendrá que discutir de manera más amplia. La oposición afirma que el dictamen es inaceptable, pero su argumento es que no quieren que la fotografía de López Obrador esté en la boleta electoral porque haría campaña por candidatas y candidatos de Morena. Se puede argumentar que tienen razón. Si eso sucediera, es probable que Morena los barra en las elecciones y que algunos partidos como el PRI y el PRD caminen a su desaparición.

Con una visión de corto plazo, la oposición quiere legislar una reforma de gran calado. Intelectuales y políticos han identificado otro riesgo, abrir la puerta a López Obrador para que busque la reelección presidencial en 2024, a lo que el Presidente respondió con la firma de un compromiso donde garantiza que su mandato termina como lo manda la Constitución, en este caso, el Artículo décimo quinto transitorio de la reforma de 2014, el 30 de septiembre de ese año. El debate de la revocación del mandato está atrapado en la coyuntura política.

López Obrador realizó dos referéndums sobre la revocación de mandato cuando gobernaba la Ciudad de México, en 2002 –a los dos años de haber iniciado– y en 2004, pero no en 2003, cuando se realizaron elecciones intermedias. Aduce que el cambio de año es por razones de costo –papelería y capacitación de funcionarios de casilla, por ejemplo–, lo que parece baladí frente a decisiones costosas en materia presupuestal, pero altamente redituables para su narrativa de cambio, como la venta del avión presidencial que, hasta la fecha, sólo ha costado su hospedaje en Estados Unidos y su mantenimiento, o el despilfarro de 100 mil 300 millones de pesos porque 700 mil personas, muchas de ellas en zonas Indígenas y rurales en Chiapas, Tabasco y Veracruz, votaron contra la construcción del aeropuerto en Texcoco.

El Presidente, un animal político en el más puro sentido aristotélico, muy consistente en su repudio maderista de la reelección, quiere mantener el poder, pero no para él sino para Morena, a fin de consolidar su proyecto de nación. Esto no se le puede criticar. Lo ilógico y absurdo sería que no quisiera hacerlo. El poder se ejerce y se procura extender para poder consolidar todo aquello que comenzó. López Obrador es un enamorado de la democracia participativa, donde el referéndum es una parte vital de su metabolismo. Por ello acompaña el dictamen con consultas ciudadanas, para que queden plasmadas dentro de la Constitución. Sin embargo, la revocación de mandato no es un recurso que necesariamente fortalezca la democracia, sino que, de acuerdo con una línea de pensamiento amplia, la limita. En América Latina, los únicos países que tienen este recurso a nivel presidencial son Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela. En Estados Unidos la discusión se dio desde los Papeles Federalistas en el Siglo 18, y hasta hoy no se aplica a nivel presidencial.

Una de las razones que se aducen sobre la fragilidad del recurso en una democracia, es cómo puede ser utilizado por grupos de interés para dañar a un funcionario electo. Es el caso que se dio en 2003 en California, donde se revocó el mandato al gobernador Gray Davis –el último de ese nivel que haya perdido el cargo por un referéndum–, como resultado de una campaña financiada por un diputado federal que deseaba sustituirlo, grupos de interés de derecha y extrema derecha, y por una crisis energética exógena al estado. Pero hay otros factores más importantes.

Uno de ellos tiene que ver sobre la certidumbre política. En países donde los mandatos son fijos, el sistema crea certidumbres para la gobernanza. Plantear la revocación de mandato a la mitad del término, reduce el periodo de planeación gubernamental a tres años, insuficientes para el desarrollo de cualquier proyecto de largo plazo, para la implementación de políticas públicas, para el entorno de inversiones y para la estabilidad política. En países donde existe la revocación de mandato, se llegan a dar paralizaciones de los funcionarios electos para evitar las malas evaluaciones de los electores. El otro es el impacto en la legitimidad, donde al ganarse una elección, el mandato es para cumplir con el plazo establecido, por lo cual, al incorporar el recurso a medio término, altera esa legitimidad y daña el orden de la sociedad, a la que se pretendía dotar de un instrumento democrático para empoderarla.

El ideal político sería tirar a la basura la iniciativa de López Obrador y legislar sobre una ley que contribuya constructivamente a la propuesta: regresar a periodos de cuatro años de gobierno –como hubo hasta Lázaro Cárdenas–, pero con reelección. De esta manera, el presidente tendría cuatro años para poner en marcha su gobierno y entraría, si así lo desea, en un proceso de reelección, que en la práctica es un referéndum sobre la gestión del Gobierno. Esto sería lo mismo, pero mucho mejor.
20 Marzo 2019 03:49:00
Detrás de la Operación Berlín
Se ha publicado y documentado que desde una casona en Coyoacán, tres empresarios financiaron la elaboración de materiales para desacreditar a Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por la Presidencia.
Los empresarios contrataron a profesionales multidisciplinarios para ese trabajo, que comenzó con el respaldo de la candidatura de Josefina Vázquez Mota para la Gubernatura del Estado de México, y se prolongó con el apoyo del candidato frentista Ricardo Anaya. El grupo lo encabezó Fernando García Ramírez, compañero de páginas en El Financiero, y que durante largo tiempo fue editor de la revista Letras Libres que fundó y dirige el historiador Enrique Krauze.

La semana pasada, Eje Central –de donde quien esto escribe es socio– publicó un reportaje titulado Operación Berlín: Conjura AntiAMLO, que daba cuenta del trabajo realizado, que provocó reacciones de la diputada Tatiana Clouthier, excoordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, que en un libro de próxima aparición, citado en el reportaje, aporta datos generales, algunos de los que coinciden con el trabajo periodístico. El reportaje no era una denuncia, ni reveló nada ilegal en esas acciones. Buscaba aportar elementos de información para entender cómo opera nuestro sistema político y sus fenómenos mediáticos.

El reportaje coincidió con una dinámica que traía su propia velocidad dentro de la Presidencia, y tomó rutas perniciosas. El día que apareció Operación Berlín, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló en la comparecencia mañanera en Palacio Nacional que estaban investigando a varias empresas por presuntos delitos electorales, como el financiamiento de campañas negras contra el candidato López Obrador, y eventualmente lavado de dinero.

Nieto hizo pública una red de vínculos de empresas e individuos para anticipar que se procedería legalmente contra los responsables de esa campaña, citando a los empresarios que había identificado el reportaje como quienes financiaron el trabajo periodístico y de propaganda contra López Obrador. Nieto replicó de lo que había hecho un mes antes contra el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, donde en respuesta a comentarios sobre las ternas presidenciales sobre nuevos consejeros en el órgano autónomo, lo acusó de conflictos de interés y a sus familiares de lavado de dinero.

En ambos casos se puede argumentar que Nieto violó el secreto bancario y la presunción de inocencia, al revelar detalles de transacciones bancarias que transgredieron la secrecía financiera que exigen las instituciones internacionales.

Darlas a conocer, junto con la identificación de las personas a las cuales está investigando, rompe con el debido proceso y, en un país de leyes, tendría no solo que anularse cualquier juicio que se emprenda contra individuos y empresas por esa causa, sino que debería fincársele un proceso legal en la Fiscalía por infringir la ley.

Nieto se escudó en la eventual violación de las leyes electorales para defenderse de que lo que está buscando el Gobierno que representa. Es una censura o, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, una previa censura de la libertad de expresión.

Esta línea de pensamiento se liga con lo que sucedió con la secuela de Operación Berlín. El énfasis en la crítica y denuncia –en algunos casos– no fue contra quienes pagaron las campañas o quienes la desarrollaron, sino contra Krauze. Su principal acusador es Ricardo Sevilla, uno de los principales manufactureros de la propaganda contra López Obrador, la fuente principal del reportaje que se mantuvo anónimo hasta que él reveló su identidad en un texto que entregó al portal Aristegui Noticias, donde colocó a Krauze en el centro de la conjura.

El historiador, que ha sido el único objeto de crítica y denuesto, considera que es víctima de un linchamiento mediático, lo que si se revisa el comportamiento de las consecuencias de las revelaciones, tiene sentido.

Nieto no lo consideró relevante en su investigación, donde Krauze no aparece por ningún lado, pero es la figura central de todo este episodio. Todo esto huele a podrido. El tema brincó a la mañanera en Palacio Nacional, donde al responder una pregunta expresa, el presidente López Obrador dijo: “Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas. No vamos a utilizar, mucho menos, al Estado para cuestionar a escritores, a críticos”. Sus palabras podrían ser tranquilizadoras, pero no lo son.

El patrón de insultos y calumnias contra Krauze es idéntico al que han estimulado cercanos al Presidente, francotiradores digitales a sueldo y simpatizantes. Nadie que cuestione al Presidente, aun cuando apoye a López Obrador, se ha escapado de los epítetos y las difamaciones, regadas en las mañaneras y las redes sociales.

En un texto que publicó en el portal Sin Embargo, Sanjuana Martínez –cercana a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador– y nueva directora de Notimex, se refirió al hostigamiento a los periodistas que acuden todos los días a Palacio Nacional por parte de los youtubers, “la guardia pretoriana” del Presidente.

La presión, el acoso, la violencia verbal y el discurso de odio no es patrimonio de ellos, como se vio en el caso de Krauze. Se ha socializado contra quien disienta del Ejecutivo. El texto de Martínez refleja preocupación por el desbordamiento. Las libertades sí están en riesgo, la de pensamiento y la de expresión.

López Obrador es producto puro de la lucha por ampliarlas. Muchos de los que ahora atacan sus fieles, contribuyeron, aún estando en desacuerdo con sus ideas como Krauze, a que estas se ensancharan. No puede, ahora que está en el poder, traicionarlas.
19 Marzo 2019 04:05:00
La candidata presidencial
Claudia Sheinbaum ganó el Gobierno de la Ciudad de México porque era inevitable. La ola morena que provocó Andrés Manuel López Obrador y su cruzada contra la corrupción y todo el pasado, habría llevado a la Gubernatura a cualquier persona, como parte de un fenómeno que se apreció en Cuernavaca, donde aquél 1 de julio ganó Morena la alcaldía sin haber presentado candidato alguno. Sin embargo, Claudia Sheinbaum no era cualquier candidata.

Desde la campaña para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las instrucciones de López Obrador, candidato a la Presidencia, habían sido muy precisas: hay que cuidarla y eliminar cualquier obstáculo que pusiera en riesgo su victoria. López Obrador encargó a su hijo Andrés, su principal operador político, para que se hiciera cargo de la campaña, y la doctora Sheinbaum no hacía nada que no autorizara el influyente vástago. Una vez en el Gobierno capitalino, siguió haciendo lo mismo. El director de Pemex le dio la gasolina necesaria para evitar una mayor crisis de desabasto en enero, y el Ejército entregó a la ecología, como ella deseaba, no al sector inmobiliario, su enorme predio en la salida a Toluca. 

Si el presidente López Obrador rendía cuentas públicas, ella también lo haría. Si la narrativa central era contra la corrupción, ella lo replicaría. Si él tenía juntas diarias con su gabinete de seguridad, lo mismo haría. Si había que rendir un informe a los 100 días de gobierno, ella no se quedaría atrás. Así fue el domingo, donde replicó en forma y fondo el primer tercio de gobierno presidencial, y utilizó los mismos recursos retóricos en el tema de mayor sensibilidad para el electorado, la seguridad. Vamos avanzando y reduciendo la inseguridad, pero estamos insatisfechas, dijo Sheinbaum, en eco de las palabras de López Obrador.

La forma mimetizada como se ha comportado Sheinbaum le ha provocado críticas en la prensa donde la han señalado de ser un “clon” de López Obrador, o una “regenta” que sólo administra un gobierno local. Su imitación de las formas y acciones del Presidente ha servido para desautorizarla y hacerla ver como una política cuya existencia y fuerza dependen del respaldo presidencial. Analizarla de esa manera puede conducir a un error monumental.

Lo que estamos viendo es la construcción de una candidata presidencial para 2024, como parte de un proyecto de largo aliento. Nunca hay que olvidar que López Obrador tiene una visión electoral estratégica, de la cual dio muestra cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Mientras declaraba que “nadaba de muertito” y descartaba la candidatura presidencial, colocaba las bases para ella a través de sus conferencias mañaneras donde gradualmente fue modificando la temática y su alcance, hasta convertirse en la caja contestataria del gobierno de Vicente Fox.

Sheinbaum no puede hacer eso, por definición, y tampoco tiene el empaque o carisma de López Obrador. Pero lo tiene detrás. La jefa de gobierno es una de las personas que pertenecen al ámbito familiar del Presidente, y que se encuentra en el centro de su proyecto transexenal. Lo que hizo con su propia candidatura en 2006, lo está haciendo con Sheinbaum, con los ajustes necesarios ante la personalidad de la jefa de Gobierno, su poca empatía popular, y sobre todo, que a diferencia de aquellos años, hoy son el partido en el poder.

Con López Obrador tampoco hay obviedades. En esto se cae al ver a Sheinbaum como el “clon” del Presidente, o la “regenta”. Las jugadas político-electorales de López Obrador, no son secretas, pero las baña tanta luz que muchas veces no se ven. Si se acepta para efectos de argumentación que Sheinbaum no tiene los atributos ni virtudes de arrastre de masas de López Obrador, que su vida pública ha sido más parte de la nomenclatura de partido que de las calles y las carreteras, de las secciones y los municipios, y que carece de las habilidades políticas y retóricas del Presidente, lo que para la República de las Opiniones es una estigmatización, para el proyecto transexenal, esta misma apreciación subjetiva comprueba que el camino escogido es el correcto.

Hacer de Sheinbaum una copia fiel de López Obrador, es ir sembrando en el imaginario del electorado que cuando termine el mandato constitucional del presidente, la persona que mejor lo representará y seguirá el proyecto es la actual jefa de Gobierno. Si López Obrador logra colocar las bases de su cuarta transformación y elude una crisis económica que repercuta en lo político y social, su reelección será a través de Sheinbaum, que dará continuidad al proyecto de nación que tiene en mente.

Es la misma racional del presidente Miguel de la Madrid cuando se inclinó por Carlos Salinas sobre Manuel Bartlett para sucederlo.

No necesitaba un político en su visión de país, sino quien consolidara el modelo económico neoliberal que inició en 1985. Es igual a la idea de Salinas cuando escogió a Luis Donaldo Colosio como su sucesor, a quien necesitaba para que hiciera la apertura política, porque sólo había podido profundizar la apertura económica.

La diferencia con ellos es que la continuidad se dio desde la cima; con López Obrador, la apuesta es que le traslade su arrastre popular, que le permita ganar la elección presidencial en 2024.

Este escenario puede cambiar, por supuesto, porque el factor humano, que cruza estas variables, siempre es volátil. Pero si López Obrador mantiene el rumbo que lleva dentro de márgenes de estabilidad, Sheinbaum, se podrá convertir en la primera presidenta de México. Para lopezobradoristas y para opositores, ella es la figura a derrotar en los años venideros. No se equivoquen.

18 Marzo 2019 04:00:00
Campañas de odio
En una plática que dio el 28 de febrero en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó tener listas de 15 columnistas que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto recibieron alrededor del total del presupuesto de comunicación, por lo que cada uno de ellos habría recibido mil millones de pesos. Ninguno de ellos entraría en las lista de los multimillonarios de Forbes, pero no estaría nada mal. Cada uno de ellos habría generado al día 2.7 millones de pesos. Con ese dinero en la bolsa, todos o la gran mayoría de ellos, habrían estado en condiciones de comprar el medio para el cual trabajan, o garantizar la vida de generaciones de su familia.

En una entrevista posterior con la revista Contralínea, Ramírez Cuevas añadió que esos pagos no sólo fueron por publicidad, sino por asesorías de imagen y “menciones” favorables al gobierno de Peña Nieto en columnas y noticieros. Dijo tener contratos de ello, aunque dejó ver que están incompletos, porque “muchos pagos se hicieron sin que mediara documento alguno”. Lo que revelan sus palabras es que tiene una miscelánea de cosas, como convenios de publicidad que son regulados por normas y por los que se pagan impuestos, contratos adicionales por otros rubros, con sus correspondientes cantidades y los impuestos que hay que pagar, así como un alto volumen de pagos que no tienen manera de documentarse, de los que tiene pruebas.

Ramírez Cuevas declinó dar los nombres de las personas aludidas, pero Contralínea publicó su propia lista, que viene de una relación imprecisa y tendenciosa publicada previamente en la misma revista, donde los enumera –quien esto escribe aparece en el primer lugar de la clasificación– y adjudica a cada uno de ellos la inverosímil cifra de ingresos individuales por mil millones de pesos. Algunos periodistas están convencidos de que se la dio Ramírez Cuevas, quien ha dado muestras de temeridad acusatoria, que cuando menos pareció avalar lo dicho en la publicación porque no sintió necesidad de una corrección contextual a lo difundido, o un deslinde siquiera.

Hasta ahora, no se ha dado, o no se sabe de que algún periodista de los aludidos haya sido víctima de robo o secuestro, al ser mil millones de pesos una cifra bastante atractiva para jugar el riesgo de un crimen. Lo que sí provocó fue una renovada campaña de difamación en las redes sociales, con nuevos memes circulando en Twitter y Facebook con las fotografías de cada uno de los millonarios de Ramírez Cuevas, acusándolos de corrupción. No es nuevo. 

Personas asociadas a Morena o cercanas a él llevan meses difundiendo mensajes de odio calumniando y difamando columnistas. En cerca de seis meses de campaña ininterrumpida, según una empresa que hizo un somero análisis de Twitter, más de 5 millones y medio de retuits fueron hechos sobre la primera lista, denominada de “chayoteros” –la palabra que en el argot periodístico mexicano es equivalente a corrupto–, y sobre una segunda lista fabricada donde los llamaron “huachicoleros”, palabra convertida hoy en eufemismo de criminal.

La imputación que acompañó esas listas era que como estaban “vendidos” al gobierno de Peña Nieto, ocultaron críticas y callaron ante la corrupción o el robo de combustible. Son palabras que casi textualmente ha repetido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que con diferente fraseo usó Ramírez Cuevas en Contralínea. En las hemerotecas y videotecas, o en las búsquedas simples en la red, se podría corroborar que los señalamientos son falsos. Puede haber diferencias en los niveles de crítica a Peña Nieto y a su gobierno, y ellas también pueden compararse en los trabajos de los periodistas, pero de lo que a simple memoria uno puede alegar, es que todos, sin excepción, llevan años refiriéndose al robo de combustible.

Las difamaciones y las calumnias no tienen sustento en el trabajo periodístico, sino en la construcción de la idea de que ese grupo, donde la coincidencia es que nadie es incondicional del Presidente o está al servicio del vocero, es corrupto. Esta idea ha sido sembrada de manera sistemática por años, pero se intensificó en 2018 y se profundizó en 2019, que corresponde al patrón de demolición de instituciones que ha seguido el presidente López Obrador.

El trabajo de convertir todo en cenizas para de ahí reconstruir “el nuevo régimen”, tiene como motor las campañas de odio en las redes sociales. La semana pasada el Laboratorio Interdisciplinario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, dio a conocer un estudio sobre tendencias y tipologías en Twitter durante los dos primeros meses de este año, y entre otros hallazgos encontró la permanencia de “una narrativa de la prensa como enemiga”, a través de 16 comunidades en esa plataforma y un centro generador de discusiones, desde donde salen las campañas de mensajes virales que buscan la estigmatización a medios de prensa convencionales y periodistas de larga trayectoria (curioso, de carreras profesionales no habla nadie). El ITESO identificó a varios de quienes magnifican estas campañas de odio –que en la víspera de la agresión a los periodistas se tomaron fotos con Ramírez Cuevas en Palacio Nacional–, y alertó que ese tipo de ataque podrían hace que “las voces críticas, necesarias en una democracia, se replieguen dada la virulencia de los ataques”. El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ya tiene solicitudes de intervención, pero no ha hecho nada aún. 

El tema del acoso a la prensa empezó a saltar las fronteras, pero a Ramírez Cuevas no parece preocuparle. Él aprieta el acelerador, como se ve aprecia en las comparecencias matutinas del Presidente, donde plantea preguntas sustentadas en calumnias que presuntos periodistas hacen a López Obrador. El Presidente evade la respuesta directa, pero avala el fondo. Dice que respeta la libertad de expresión, pero las señales van en camino opuesto. Esta confrontación apenas comienza.

15 Marzo 2019 03:22:00
¿Es falso el combate al huachicol?
Los datos hacen mucho ruido. A finales de diciembre se anunció que iniciaba una guerra contra el huachicol. En escasas tres semanas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se diseñó la estrategia para frenar el multimillonario robo de combustible. Como partes de guerra, diariamente se fue informando durante enero el avance de las fuerzas federales, que era utilizado para neutralizar la creciente queja por desabasto de combustible. Todo era para impedir el saqueo y luchar contra la corrupción, justificó el Presidente. Se cerraron ductos y compraron pipas, sin licitación ni control técnico, por lo que se adquirieron decenas de vehículos fuera de norma. 

Dos meses después, los partes de guerra desaparecieron, y de manera inesperada se dio a conocer lo que ha sucedido con esa cruzada. Un informe de Pemex, publicado esta semana en Excélsior, que pasó sin pena ni gloria en la opinión pública, cuenta una historia de derrota. Durante los dos primeros meses del año se incrementaron 50% las tomas clandestinas en comparación con el mismo periodo de 2018. Aunque Pemex dijo que en enero se recuperaron 442 mil litros de combustible, el total de tomas clandestinas se elevó de mil 46 durante los dos primeros meses del año pasado, a mil 565 en 2019. Hidalgo, donde se cerraron ductos y se reforzó la seguridad, el incremento de tomas se elevó 265%.

La cruzada contra el huachicol empieza a oler a gas, como distractor sobre un problema que se veía venir desde el inicio del Gobierno en diciembre: el desabasto de gasolina. El Wall Street Journal reportó el 11 de enero que Clipper Data, la empresa que monitorea los buques petroleros en el mundo, registró que desde que asumió López Obrador, se habían reducido significativamente las importaciones de gasolina de Estados Unidos, al bajar 25% en el periodo diciembre-enero de 2018-2019, comparado con el mismo lapso en 2017-2018. López Obrador dijo que el diario mentía, pero ante la crisis, tuvo que revertir su orden y en enero se compraron volúmenes de gasolina superiores a 93% con respecto a lo adquirido en enero de 2018.

La suspensión de las importaciones se dio antes de que comenzaran a hablar dentro del gabinete, según los tiempos que identificó el presidente López Obrador, sobre el huachicol. Para cuando se anunció la estrategia de combate al robo de combustibles, había buques cargados con gasolina haciendo fila en el Golfo de México porque no podían descargar. La falta de personal y de mano de obra calificada y con experiencia, habían sido detonadores de ese retraso. La decisión de cerrar los ductos para evitar el robo, contribuyó al desabasto. No supieron cómo hacerlo y no tuvieron una estrategia adecuada para compensar el combustible que dejarían de suministrar. En el pasado, cuando se decidía cerrar un ducto, la planeación se llevaba al menos dos meses para evitar el desabasto.

El último reporte sobre lo logrado lo dio López Obrador al dar a conocer los resultados en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, las cifras que dio son totalmente diferentes a las que 20 días antes hizo públicas el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. López Obrador dijo que la incidencia de ese delito pasó de el hurto de 81 mil barriles diarios que se sustraían en noviembre, a 15 mil barriles. Sin embargo, Romero Oropeza mencionó que el hurto era de 56 mil barriles, y que se había disminuido a 8 mil. Nadie ha explicado la inconsistencia. Tampoco se han dado informes adicionales a lo publicado en Excélsior sobre el creciente número de tomas clandestinas. La feria de cifras es compleja para ser absorbida y procesada por la opinión pública. El discurso plano que es un sacrificio para combatir la corrupción, es lo que prende.

Las cosas no van a marchar bien. La estrategia no sólo está equivocada, sino que, además, lo único que se ha hecho es estimular el huachicoleo al adquirir pipas para transportar combustible. Quien sugirió esa estrategia realmente no comprende cómo funcionan los mercados delictivos. De acuerdo con la consultora GLAC, los mercados se paran sobre tres patas: incidencia delictiva, logística y debilidad institucional. La estrategia gubernamental las fortalece.

El incremento en el robo de combustible y el fracaso hasta el momento de atrapar a los mandos del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o la impunidad con la que se mueven hasta ahora las bandas criminales que operan en Guanajuato y Veracruz, habla de que el combate contra ellos no ha sido eficiente o es inexistente. El argumento de que la compra de pipas resolverá el desabasto, lejos de resolver el problema estimula el delito. Si no hay capturas de los jefes del huachicol, que es la racional del Gobierno para evitar la violencia, la incidencia delictiva se mantiene intacta, al tiempo que se incrementa la debilidad institucional por no combatirlos. Cerrar ductos no ataca la logística criminal; comprar pipas facilita el robo de combustible transportado en vehículos robados.

GLAC señaló que la tendencia en mediano plazo ubica a Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato como los estados más vulnerables, al figurar entre las 10 entidades con mayor cantidad de vehículos robados, que “son incorporadas como parte de la logística necesaria para llevar a cabo la comercialización del combustible robado”. Vista la correlación, o la estrategia está totalmente equivocada, o es una que de antemano, al no combatir el problema de fondo, se sabe fracasará. En todo caso, la narrativa de la guerra contra el huachicol esconde la incompetencia del gabinete en el abasto de combustible y la nueva estrategia del régimen contra el crimen organizado, dejar hacer, dejar pasar.
14 Marzo 2019 03:35:00
El estilo de gobernar
En cualquier país con sistema abierto, una descalificación tan pública y dura como la que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, tendría que haber ido acompañada de su renuncia. Herrera declaró al Financial Times que la refinería de Dos Bocas no se construiría –este año–, y que una parte del dinero presupuestado se invertiría en Pemex. No, dijo López Obrador, la refinería se trata de un malentendido. El caso está cerrado, pero el episodio arroja luz sobre la forma como funciona el Gobierno. Si alguien pretende entender a López Obrador, tire los referentes que conoce y parta del hecho que todo nace y muere entre 7 y 8 y media de la mañana, cuando comparece ante la nación y ofrece una conferencia de prensa.

El Salón de la Tesorería, donde se hace el evento diario, es el escenario. En público o en privado, López Obrador ejerce de manera unipersonal. Ordena a su gabinete en función de ideas u ocurrencias surgidas del encuentro con periodistas, y los obliga a rendir cuentas. “La mañanera”, como se conoce al momento en el que se presenta ante el público, es el eje articulador de su Administración, y su equipo, particularmente aquellos que no conocían su estilo de gobernar, lo ha ido aprendiendo para capitalizar del desorden que el propio Presidente provoca.

El gabinete carece de líneas de mando claras y establecidas. Por ejemplo, la política, que lleva la Secretaría de Gobernación, se maneja predominantemente desde otras oficinas en Palacio Nacional, como la Conserjería Jurídica, la Coordinación de Delegados o la Dirección de Comunicación Social. La economía, orienta la Secretaria de Hacienda, la determina el Presidente, y en función de sus temas y prioridades, asigna eventualmente poderes superiores a otras dependencias, como en el caso de Dos Bocas, donde la secretaria de Energía, Rocío Nahle, corrigió al subsecretario Herrera, que no habló sobre la refinería sin el conocimiento y aprobación del secretario, Carlos Urzúa, por lo que a quien finalmente enmendó fue a él.

Urzúa no siempre es escuchado, y comparte responsabilidad para hablar con inversionistas con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el primer gran lastimado del gabinete, antes incluso de iniciar el Gobierno, cuando les garantizó que se concluiría el nuevo aeropuerto, al ser aplastado por el actual secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, y por el ministro sin cartera, el constructor José María Riobóo. Comparten lamentos con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, a quien le quitaron la responsabilidad del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, para entregárselo al de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que también se mete en el tema de los inversionistas.

Cada quien actúa no dentro del ámbito de su responsabilidad, sino de las tareas que les encarga el Presidente, para quien las líneas de mando son un estorbo y busca la funcionalidad sobre la organización. No necesariamente eso resulta, como se ha visto con discrepancias tan fuertes como la de este martes, o con aclaraciones que ha tenido que dar porque sus secretarios declararon algo que no iba en línea con su pensamiento. El problema que han visto varios de sus colaboradores es que la línea de su pensamiento es cambiante y contradictoria en cuestión de días. Por ejemplo en el aeropuerto, donde además de Romo, secretarios estaban convencidos de que continuaría Texcoco, o Urzúa y Herrera, quienes probablemente escucharon las dudas que tenía López Obrador sobre Dos Bocas la semana pasada, pensando en la reacción de los mercados, y que el martes se despertaron con la sorpresa de la descalificación al subsecretario.

Un gran número de miembros del gabinete no saben lo que les depara cada mañana, por lo que están siempre atentos al mensaje del presidente y procuran ir a las reuniones previas a “la mañanera”. Normalmente López Obrador llega a Palacio Nacional poco antes de las 6 de la mañana para presidir la reunión con el gabinete de seguridad. En esa misma junta, secretarios de otras áreas llevan temas sus asuntos para planteárselos al Presidente. Esto se resolvía en el pasado con acuerdos, pero el estilo de López Obrador los tiene cancelados. Salvo excepciones o casos de emergencia, no existen tales acuerdos, por lo que esa es la única oportunidad que tienen para hablar con él. “Si no lo hiciera, jamás lo vería”, confió un miembro del gabinete.

Este modelo hiperpresidencialista, hipercentralizado, tiene el beneficio, para él, de tener un control vertical y rígido sobre su gabinete, al cual no deja que haga nada o diga nada que no autorice y avale. Tiene también la vulnerabilidad de que al no tener contacto con prácticamente nadie del gabinete, su falta de información sobre temas en general, así como su desconocimiento, son grandes y profundas. El martes no sabía, por ejemplo, de la entrevista de Herrera en el Financial Times. Tampoco conocía con detalle la privación de libertad de 22 migrantes. El riesgo es que no tiene contención alguna para hablar de todo, sin importar que no tenga todos los elementos para ello.

Su escapatoria es la corrupción. Cualquier obstáculo lo salta con el caballo de los males del neoliberalismo con antifaz que ya acabó. Frente a la opinión pública, eso le podrá seguir funcionando, pero estructuralmente irá aflojando los amarres de su andamiaje hasta que se colapse, entendido esto como contradicciones que no podrán ser resueltas sin impactos perniciosos para su gobierno, como es el caso de Dos Bocas, o que sus secretarios, ante la humillación continua y la imposibilidad de trabajar para dar resultados, abandonen el gobierno derrotados por este asfixiante estilo de gobernar.
13 Marzo 2019 03:20:00
El newspeak de la 4T
La selección de palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador para explicar lo que no existe y construir una realidad en el imaginario colectivo es un prodigio. No porque mentir lo sea, sino porque refuerza su narrativa de cómo la Cuarta Transformación avanza pese a las adversidades, desafía los molinos de viento que esparcen la corrupción y pretenden impedir la metamorfosis del régimen a través del newspeak, la neolengua que inventó George Orwell en su novela 1984 para el control de la masas. Su palabra no ha perdido poder, está aumentada, por lo que la explicación de su realidad se incuba, al menos por ahora, en la realidad de la mayoría.

Los mensajes relacionados con la evaluación de los primeros 100 días de su gobierno aportan pruebas. El lunes en Palacio Nacional, dijo: “La economía afortunadamente está en marcha, aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican de mala fe sus analistas”. La frase contiene dos ideas fuerza. “Conservadores”, que es como identifica a todos, en la derecha, la izquierda y el centro que sean críticos o discrepen de lo que plantea, que es parte del discurso ideológico que ha utilizado desde la campaña presidencial, recreando la lucha de los conservadores contra liberales en el siglo 19, y “recesión”, sobre lo cual ningún analista o institución ha hablado.

La recesión es diagnosticada una vez que se dieran tres periodos (trimestres) consecutivos con una crecimiento negativo. Lo que han señalado analistas e instituciones es una desaceleración económica en México que, por cierto, están experimentando prácticamente todos los países en el mundo. Esta desaceleración tiene preocupados a todos, e incluso en Estados Unidos hay voces que están anticipando el arribo de una recesión, con diferentes impactos: ligera, dicen unos, o fuerte, con el estallido de una crisis mundial similar o peor a la que se vivió en 2009.

La forma como lo plantea López Obrador es conspiracionista. Hay razones internas, producidas por su Administración, que ayudan a explicar la desaceleración que existe: la inexperiencia de su equipo, que provocó un subejercicio de 24% en el gasto programado durante los primeros 30 días de gobierno, y que no parece haber sido subsanado; acciones como la cancelación del nuevo aeropuerto y la suspensión de las rondas energéticas, que frenaron las inversiones y por tanto las posibilidades de crecimiento; la purga burocrática y la política de austeridad que tiraron el empleo y el consumo, que se vio afectado también por el desabasto de combustible, y por un factor externo, las condiciones climatológicas que afectaron las cosechas. Por su visión de que todo el pasado fue peor y el futuro será mejor, que es el motor para impulsar el cambio, él litiga permanentemente con todo aquello que no les es incondicional y lo enmarca en la lucha política. De ahí el remate desafiante a la frase sobre la recesión: “Se van a quedar con las ganas”.

En otro campo, el martes en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional respondió a una pregunta sobre la inseguridad y la violencia, y dijo que aún no la vencen, pero que la estaban conteniendo. “Contención” fue la palabra que utilizó para explicar que la violencia se ha detenido o frenado, agregando que los índices delictivos se mantienen similares a los que les dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto. La idea de que si bien aún no hay éxito en la búsqueda por la pacificación del país que prometió tampoco hay retroceso, queda sembrada en el 80% de los mexicanos que lo apoyan en prácticamente todo, pese a que esta afirmación no se sostiene.

Pero según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva se incrementó 9.03% en los 32 estados del país en enero, un mes después de asumir la Presidencia López Obrador. En cuanto a homicidios dolosos, se abrieron 11.5% más carpetas de investigación que un año antes, y el número de víctimas se elevó 10%. En la Ciudad de México, su bastión, donde controla absolutamente todo a través de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el homicidio doloso se elevó 80% en enero, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los secuestros, que venían a la baja, se dispararon. De acuerdo con la organización Alto al Secuestro, de diciembre pasado a enero de este año, se elevaron 50%, y el número de víctimas se incrementó 51%. Estos datos no reflejan contención, sino desbordamiento.

El discurso de López Obrador esconde en la retórica la realidad, y fabrica la suya para consumo del alto número de mexicanos que lo escucha y sin mayor proceso analítico, le cree. Newspeakes como le llamó Orwell a la construcción de ese lenguaje que en su novela suprimía el libre pensamiento y el individualismo. El lenguaje de Orwell es un estudio de cómo coinciden la lingüística y la sicología, de acuerdo con los expertos. Teóricamente se podría argumentar el mismo efecto en el caso de López Obrador, aunque su enfoque es completamente político.

El presidente gana tiempo y hace un control de daños. La contención de la delincuencia es para abrir el espacio para que empiece a funcionar la Guardia Nacional, de la que está aparentemente convencido que será la solución al fenómeno, mientras que hablar de recesión le permite clamar victoria a finales de año cuando, ante el altamente probable crecimiento mediocre, afirme que lo que evitó fue el decrecimiento. Él no pierde. Hasta ahora, y mientras millones de mexicanos sigan atrapados en su newspeak.
12 Marzo 2019 03:56:00
Los gringos no son sus amigos
En la primera evaluación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus primeros 100 días de Gobierno, hay que detenerse en un punto que ante el cúmulo de anuncios sobre lo que hizo, pasará desapercibido: la relación con el Gobierno de Estados Unidos. López Obrador dijo que está bien, que va bien, y que es cordial. Punto. No se metió en matices ni en problemas.

Esta relación, sin embargo, parece que va bien, pero no está bien; parece que es cordial, pero crecientemente es todo lo contrario. No está caminando sobre fuego, sino que, visto por altos funcionarios, políticos y estrategas en Washington, se metió al fuego al optar por aliarse con enemigos de Estados Unidos.

No está claro qué tanto entiende López Obrador que dos decisiones políticas lo confrontan con el presidente Donald Trump, con quien no quiere pelearse porque está consciente de que el único que puede descarrilar su proyecto es el jefe de la Casa Blanca. Por eso, instruyó a que nadie fuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleve la relación con Estados Unidos, marginando a la Secretaría de Gobernación en temas migratorios, o a la Secretaría de Economía, en asuntos comerciales. El canciller Marcelo Ebrard es quien se encarga de ello. La unificación de un mando, en el contexto del desordenado y desequilibrado gabinete de López Obrador, parece un acierto. Pero por otras razones, no lo es.

Ebrard carece de una relación de alto nivel en la Casa Blanca, y su ventanilla es la del secretario de Estado, Mike Pompeo. En términos de política real, la relación con México fue degradada con López Obrador. La relación con México e Israel, ordenó Trump al iniciar su administración, la llevaría personalmente su yerno y consejero, Jared Kushner, que es como se llevó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya no. Kushner no está interesado en tener una relación con Ebrard. El acceso a la Casa Blanca está cancelada para el canciller mexicano, quien sólo lo tiene, de manera ajustada a los tiempos de Pompeo, a Foggy Bottom, la sede de la cancillería estadunidense.

La falta de acceso a la Casa Blanca no le ha permitido a Ebrard la posibilidad siquiera de explicar algunas de las decisiones de López Obrador que tienen muy molesto a Washington. La principal, el respaldo al presidente Nicolás Maduro, que es interpretado de esa manera ante la incomprensión y falta de razonamientos convincentes de lo que significa para México, en este momento, la política de neutralidad y no intervención.

En Washington no creen el discurso del Gobierno mexicano, donde ven símbolos adicionales a los diplomáticos de no reconocer como interlocutor válido, siquiera, al proclamado presidente interino, Juan Guaidó, a quien han respaldado la mayoría de las democracias. Una de esas señales es la continua presencia en México –con visitas a colaboradores cercanos de López Obrador– de Juan Carlos Monedero, exasesor del presidente Hugo Chávez, y uno de los fundadores de Podemos, partido de izquierda radical en España, que durante varios años recibió financiamiento de Maduro.

El respaldo al régimen de Maduro por la vía de la autodeterminación de los pueblos, ha unido a republicanos y demócratas en Estados Unidos contra México. El 8 de febrero se dio la primera gran señal de que las relaciones bilaterales dejaron de ser lo que fueron. El senador republicano Marco Rubio afirmó a través de su cuenta de Twitter que las relaciones habían cambiado. “Esperaba que pudiéramos redefinir la relación entre México y Estados Unidos, para que la transformáramos en una asociación estratégica. Una alianza para afrontar nuestros desafíos comunes”, escribió.

“Pero el inexplicable apoyo del nuevo gobierno a Maduro pone todo eso en duda”. Dos semanas después, en una reunión del Grupo de Lima en Bogotá, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, le hizo un llamado directo a México a rectificar su posición –cada vez más aislada en el mundo.

La relación con Trump se ha modificado radicalmente por el caso Venezuela, que es de muy alto interés para Estados Unidos. Haberse entregado a Estados Unidos como tercer país, para mantener a los inmigrantes centroamericanos en territorio mexicano mientras se procesa su solicitud de asilo en esa nación, no ha servido para nada. Este lunes que López Obrador hablaba de cordialidad en la relación con Trump, este pedía fondos para construir el muro en la frontera con México, un tema del cual el Presidente mexicano no ha querido hablar. Les dieron a Estados Unidos lo que buscaron por años, y no le redituó en nada a López Obrador.

No ha sido el único error importante. Dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay interés de invitar a una empresa paraestatal china al proyecto del tren bala México-Querétaro, que se canceló en el gobierno de Peña Nieto ante las presiones de Estados Unidos. Todavía más grave, sigue adelante con la instalación de un cable de fibra óptica submarina para telecomunicaciones, que conectará a Topolobampo con La Paz, con la participación de Huawei, el gigante chino vetado en Estados Unidos por razones de seguridad nacional, y por lo que está enfrentado con la Union Europea porque no quieren cancelarle contratos.

Venezuela y Huawei son temas geopolíticos que no entiende el presidente López Obrador, quien por la manera como actúa, debe pensar que hincarse ante Estados Unidos en el tema migratorio, que es el más sonoro de todos, es suficiente para tener una buena relación bilateral. Está equivocado. Su reduccionismo internacionalista lo lleva por la ruta indeseable, pelearse con Trump. El choque no va a venir pronto. Ya se dio.
11 Marzo 2019 03:55:00
Los siguientes 100 días
Todos los análisis críticos sobre Andrés Manuel López Obrador están chocando con una coraza que se fortalece diariamente. No ha habido acción ni decisión que haya afectado su consenso para gobernar. Frente a la narrativa de López Obrador no hay nada que se le anteponga con éxito o, siquiera, como elemento de equilibrio. Tiene sentido, aunque no lo parezca. Su consigna permanente contra la corrupción es un recordatorio de lo que se ha vivido, frente a lo cual no hay absolutamente nada que justifique lo galopante que fue y la impunidad de la que gozó. Su llamado a más dinero y más trabajo para los que menos tienen, en un país donde 63 millones de personas viven debajo de los niveles de pobreza, es compartido incluso por sus adversarios más claros. Sus reivindicaciones son concretas y han encontrado la tierra fértil que promete cosechas. Pero no lo es todo.

Existe frustración en varios sectores sobre lo refractario de López Obrador, pero surge de un análisis a partir de categorías equivocadas, que pretender entenderlo en el marco de un Jefe de Estado tradicional. El Presidente es todo lo contrario. Buscar explicaciones al comportamiento de López Obrador bajo esos referentes, siempre choca en incomprensiones y en críticas que, si uno empata su frecuencia y creciente beligerancia con sus muy altos índices de aprobación, puede encontrar las razones de muchos para su desilusión.

López Obrador nunca fue un político convencional, ni en su esencia ni en su actuar. Su liderazgo fue aquilatado por el PRI cuando lo hicieron presidente estatal en Tabasco en los 80, que le dieron prominencia nacional a mediados de los 90, cuando realizó marchas a la Ciudad de México. Político de tierra, jamás de aire como fue la tendencia en los últimos 20 años, se convirtió en la cabeza de la izquierda social. Su discurso era simple y consistente: primero los pobres, y contra la corrupción que los hace pobres. El enemigo principal del pueblo era la clase dominante –a la que llamó “la mafia del poder”– y la forma de enfrentarla tenía que ser desde abajo, con la movilización del pueblo.

Esta codificación no la entendieron en su momento el Gobierno de Vicente Fox, que al perseguirlo lo blindó, el PRD donde militaba, y el PAN y el PRI, que fueron incapaces de ver que el discurso teológico y binario que tenía, iba a ser imposible de vulnerar con el viejo discurso de la clase política. La clase gobernante lo soslayó cuando se construyó el Pacto por México mediante acuerdos cupulares, para producir reformas económicas profundas.

Antes que la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD se rompiera, se le preguntó a uno de los principales colaboradores de Peña Nieto si no pensaban que forzar los acuerdos de élites, sometiendo a las militancias partidistas, podría tener un impacto negativo en el largo plazo al estar desdibujando los liderazgos de la oposición y anulándolos. El colaborador volteó a ver al periodista con ojos de perdonavidas y respondió: “¿Está mal?”. El 1 de julio del año pasado tuvo su respuesta. Todos ellos construyeron el ascenso de López Obrador al poder.

Nunca entendieron a López Obrador y no lo entienden. Ven su actuar como el de un iluminado. Se equivocan en parte. López Obrador sí se siente un iluminado y ha llegado a decir en privado que la derrota en las elecciones de 2006, que fue muy dolorosa para él, fue una prueba que le impuso Dios para probarlo. Tras su protesta postelectoral, López Obrador se fue a Oaxaca a caminar las comunidades y recuperar energía. Después de varios meses regresó fortalecido para las nuevas batallas. Para él, la Presidencia es el vehículo para cumplir su misión, auténticamente, transformar a México. Palacio Nacional no es el fin, sino el medio.

La transformación no es sólo una reformista, como algunos la perciben por mantener lo que observan como una contradicción: políticas populistas y disciplina macroeconómica. Menosprecian, quizás porque les parecen disparatadas como muchas de las cosas que ha dicho López Obrador, que él prefiere que toda la nación camine hacia la pobreza, revirtiendo décadas de desarrollo, si es la única opción para acabar con la corrupción. Si alguien que tiene un infante y sabe lo que significa su cuidado a padres que trabajan, es intransigente en acabar las estancias infantiles, hay que escucharlo con atención.

La destrucción de todo no es sólo discurso político. La transferencia directa de recursos a los grupos sociales desfavorecidos, el control político-electoral a través de su Coordinación de Delegados, la cruzada contra las instituciones y el pasado mediante la acusación de son producto de la corrupción, a la que combate porque su Gobierno emana del pueblo y para el pueblo, plantea un cambio social que sólo puede ser realizado por las masas. Esta es la categoría de análisis que debe utilizarse con él.

Su Gobierno no se está construyendo a partir de la Presidencia convencional, sino mediante un gran frente de masas donde las minorías, a las que combate todas las mañanas, deben ser erradicadas para dar pie al nuevo régimen. Las cámaras, los fiscales, los sindicatos y los medios alternativos son la cabeza de playa. El frente de masas es una concepción de poder vieja –Lenin pidió “todo el poder a los soviets”– que se llega a interpretar como autoritarismo. Para quien defiende esta ideología, quien lidera este cambio es un “vanguardista”, que entiende lo que está en juego y para dónde va. Las masas no entienden de estas abstracciones, pero marchan detrás de su líder. López Obrador, hoy, es eso, indiscutiblemente.
08 Marzo 2019 03:21:00
Amlolandia
Dueño del sofisma y la metáfora, del lenguaje coloquial y el sentir popular, Andrés Manuel López Obrador llega a sus primeros 100 días como un presidente sin parangón en la historia mexicana, en apoyo y consenso para gobernar, y una prisa por instalar lo nuevo y demoler lo viejo, como ninguno de sus antecesores lo habían hecho. Pero su contexto también es diferente. Por decisión unilateral, su revolución pacífica, que es lo que está en marcha, carece de aliados, porque todos son adversarios y enemigos. La destrucción de lo establecido es tan profundo y amplio, que las resistencias son enormes, y debe conciliarlas con sus debilidades y necesidades. Su salud no es frágil, pero una cirugía a corazón abierto en diciembre de 2013 lo obliga a medicarse todos los días, por lo que siempre ronda su mente que no tendrá tiempo para colocar los cimientos de su Cuarta Transformación, si no se apura. Hoy tiene el respaldo para hacer lo que quiera, pero está consciente que la fuerza de hoy, mañana se evaporará.

López Obrador no ve la 4T como una figura retórica, sino como un concepto de país. Construir todo, sobre las ruinas de todo. No ha sido fácil el cambio de régimen propuesto, reconoce en privado, lo que evoca a Alexis de Tocqueville en La Democracia en América (1840), al describir la tensión dentro del naciente Estados Unidos, donde había una sociedad que quería nacer y otra que se negaba a morir. Recuerda también El Antiguo Régimen y la Revolución que escribió 16 años después sobre Francia y la crisis de la centralización del poder, con su magro crecimiento y la decadencia de la aristocracia, que levantaron al pueblo e impulsó una transformación revolucionaria.

Tocqueville no está en el lenguaje de López Obrador, pero está en su contexto y en la definición del poder. Las palabras las utiliza con cuidado, aunque parece desenfadado. A veces suenan con una beligerancia incendiaria, pero no lo son. Dice que el cambio será radical, pero no como un extremista, sino en la acepción del latín que significa raíz. No es un talibán ni un arquitecto del califato islámico, pero para que tenga éxito su proyecto transformista, necesita destruir. Él lo sabe, aunque no lo admita públicamente. Aquí se le llamó polpotismo de terciopelo por la forma como quiere arrancar todo lo pasado, el cáncer que amenaza con infectar su futuro. De ahí, de su incansable lucha, la frase coloquial “me canso ganso”, que habla de su obstinación sin márgenes de maniobra.

El cambio obligó la purga de la nomenclatura y la burocracia; el sacrificio de la clase media, para la que no hay presente ni futuro. No es nuevo. Desde el cierre de campaña en el estadio Azteca, definió un gobierno para ricos y pobres, pero no para los de en medio. Esa marcha desplaza y destruye al viejo régimen, que antes fue “fifí”, previamente “mafia del poder” y antaño “pirruris”. Su voz está cargada de municiones, con una claridad religiosa que penetra el alma mexicana, y una fuerza moral de quien nunca se rindió ante las adversidades. Su legitimidad ha crecido desde asumir la Presidencia, facilitándole el consenso para gobernar.

Los primeros 100 días de gobierno, que se cumplen el domingo, han sido un periodo de confrontación con un pasado que creó involuntariamente las condiciones para que finalmente conquistara la Presidencia. Dos veces antes lo intentó, pero no convenció a suficientes electores. La argumentación de que le cometieron fraude en las elecciones de 2006 nunca se pudo probar, ni la reacción popular fue tan masiva para desestabilizar a Felipe Calderón, que asumió la Presidencia y se consolidó en la silla. En 2018, la realidad del elector duro y del insatisfecho, del indignado y desposeído, alcanzó la que predicaba López Obrador. Aquella fruta de 35 años, estaba podrida.

La globalización y la desigualdad como externalidad, fue uno de los factores, como describió Dani Rodrik, profesor de la escuela de gobierno John F. Kennedy de Harvard, en un ensayo publicado en 2018. Pero no menos importantes fueron los cambios en las tecnologías, el surgimiento de los mercados donde el ganador se llevaba todo, la erosión en las protecciones del mercado laboral y el declive de las normas que restringían el pago de los diferenciales. Todo ello, en México y en el mundo, provocaron la rebelión en las calles y en las clases medias –qué paradoja en México, donde son las que no tienen cupo en el proyecto–, que echaron en las urnas al status quo que los había gobernado.

A todo ello se ha referido intuitiva o empíricamente López Obrador, capaz de traducir tecnicismos en eufemismos populares. Le da combustible para alimentar su campaña electoral permanente, pero no será para siempre o, si alguien lee con cuidado los indicadores económicos, no por mucho tiempo.

Sus primeros 100 días han sido una fiesta para él y un carnaval para la mayoría de sus apoyadores, pero requiere empezar a gobernar. Convertir promesas en realidades como regalos de dinero, cancelación de proyectos del viejo régimen, confrontación y amenazas a quienes piensan diferente a él, ayuda a la fundación de Amlolandia. Pero el proyecto de la Cuarta Transformación necesita más que el voluntarismo presidencial. Requiere responsabilidad y seriedad, orden y trabajo, creatividad y equilibrio. Gobierno, no propaganda. Ejercicio del poder, no abuso de poder. Cien días para sentarse y juguetear deben bastar. No debe perder el tiempo si, como dice, quiere ser el mejor presidente que haya tenido México. No hacer las cosas bien, que tenga presente, lo puede arrastrar a las antípodas de lo que desea.
07 Marzo 2019 03:48:00
Déjà vu en Santa Rosa
La rebelión de los criminales está en curso en Guanajuato. Esta semana, en respuesta a un operativo militar en Santa Rosa de Lima, movilizaron gente para bloquear carreteras y quemar vehículos en la zona de El Bajío, que se conoce como “el triángulo rojo del huachicol”, igual a como se denominan los siete municipios poblanos donde se da el mayor robo de combustible del país. El operativo militar debió haber comenzado hace una semana, pero los soldados no pudieron entrar a esa comunidad que ha sido el epicentro de una lucha entre dos lideres de bandas delincuenciales.

Las unidades militares entraron finalmente a una zona de guerra entre el llamado cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez, apodado “El Marro”, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere arrebatarles el negocio del huachicol en la región. Decenas de muertes ha causado este enfrentamiento, que desestabiliza una zona que en los últimos años se había caracterizado por su creciente desarrollo en un corredor industrial detonado por inversiones extranjeras. El episodio es un déjà vu de lo que sucedía hace 15 años, cuando los criminales tenían control territorial en varias partes del país. Sin embargo, hoy se ha agravado.

En el Gobierno del presidente Vicente Fox los cárteles de Sinaloa, Milenio y el Golfo tenían control territorial enanzar casi 100 municipios. Pocos en el comparativo municipal en el país, pero demasiado. El control era absoluto. Tenían en sus nóminas o amenazados a los alcaldes, a sus secretarios de Financias y de Obras, el de Seguridad Pública y a los jefes de policía. Pagaban protección en los estados y a jefes militares, y daban igualas a periodistas –algunos corresponsales de importantes publicaciones en la Ciudad de México–. En esos años, ninguna fuerza federal entró durante mucho tiempo a los municipios en el norte de Tamaulipas, hasta que las presiones del Gobierno de Estados Unidos que querían al jefe del cártel, Osiel Cárdenas, obligaron a ir por él a sus guaridas.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, cuya muy criticada guerra contra las drogas elevó las tasas de homicidios dolosos, se logró arrebatar a los cárteles el control territorial en el país, que tuvo un retroceso en el de Enrique Peña Nieto, cuando dejaron de combatir a los cárteles, en su primer año de gobierno. En el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que sucede en los campos de guerra del narco, es lo que pasaba en la frontera tamaulipeca: ninguna fuerza federal entra hasta que es insostenible su pasividad o evidente su complicidad.

Actualmente se ha agravado el estado de cosas porque López Obrador ofreció primero una amnistía a los narcotraficantes, lo que les permitió operar con mayor libertad, y luego proclamó el final de la guerra contra el narcotráfico porque, aseguró, no sirvió para nada, salvo para incrementar la violencia. Lo que desató aún no alcanzamos a medir en su total consecuencia. Santa Rosa de Lima no es un síntoma de lo que está pasando, sino una realidad. Una de las externalidades que ha provocado el robo de combustible en El Bajío es la cascada delincuencial provocada.

Un ejemplo es la carretera México-Querétaro, que se ha vuelto un peligro a todas horas. Son varios los casos de privación de libertad y robo. Uno de ellos reciente sucedió a las cinco de la tarde, cuando por unas llantas la autopista, el vehículo donde viajaba una familia se detuvo. Cuando retiraba las llantas llegó un convoy con 17 personas armadas y los privaron de su libertad. Nunca dejaron de tener la pistola en la cabeza del hijo menor, y obligaron al padre a darles todas sus tarjetas de crédito y darles su dirección para que recogieran los tokens y le vaciaran las cuentas. Cuando lo hicieron, los amenazaron: si cancelaban las cuentas, matarían al chofer, a quien habían golpeado fuertemente. Si los denunciaba, sabían dónde vivían y los matarían a todos. 

No hay sorpresas. Enero fue el mes más violento en la historia, y la tendencia de homicidios dolosos sugieren que 2019 será más rojo que 2018, cuando se rompieron todos los récords. Esto no va a cambiar porque la estrategia del Gobierno lopezobradorista contempla sólo el combate a la delincuencia del fuero común. Ni los cárteles ni el narcotráfico serán enfrentados porque en el análisis del Gobierno el problema no son ellos, sino quienes roban, extorsionan, secuestran o cobran protección.

Es el mismo error que cometió Peña Nieto, quien soslayó que la delincuencia organizada tiene ramificaciones indivisibles con la delincuencia del fuero común. Si no los capos, sus subalternos y sus legiones de matones, mutan de delito o participan en los del fuero común y los del fuero federal. La estrategia de seguridad del Gobierno federal toca únicamente a los delitos del fuero común. Para esto, identificó 259 puntos en donde actuarán militares y policías como fuerza de reacción rápida. Es decir, una especie de sistema de emergencias 911.

La estrategia tendrá resultado positivos sólo en esas zonas en el corto plazo, pero será funesto para el resto del país y, en esas mismas regiones, en el mediano y largo plazo. Esto ya lo hemos visto. Esta estrategia elevará los índices delictivos cada mes, y llevará al Presidente a un fracaso en el tema de la seguridad. Cuando se dé cuenta del error, ya será demasiado tarde, como sucedió con Peña Nieto. López Obrador está a tiempo de corregirlo, pero necesita quién se lo explique correctamente, lo persuada de cambiar la estrategia y que la lleve a cabo. Le conviene finalmente, pero tiene que entenderlo.
06 Marzo 2019 03:33:00
Suicidio por una injusticia
René era un niño el 19 de junio de 2016, cuando la Policía Federal, según la recomendación de la CNDH dada a conocer al año siguiente, utilizó excesiva y letalmente la fuerza en Nochixtlán, y cometió graves violaciones a los derechos humanos que provocaron la muerte de siete personas y dejaron más de 500 lesionados, como consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo armado y ordenado por el entonces responsable de ese cuerpo, Enrique Galindo, para disolver un bloqueo carretero en protesta por la Reforma Educativa.

Los policías federales entraron en Nochixtlán en domingo, día de plaza, y el repiqueteo de las campanas alertó de la incursión. El padre de René, como muchas otras personas que no participaban en la movilización de los maestros, vio amenazada su comunidad y salieron a defenderla. La policía arremetió sin discriminación, y dispararon sus armas de alto calibre. Una bala impactó en la pierna del padre de René, que fue rescatado por su hijo y sus dos hermanos. Los federales los embistieron y jalaron por las calles a René, para coronar estrellándole sus escudos en la pierna, rompiéndosela.

El padre de René era cabeza de familia y se ganaba la vida realizando varios oficios en Nochixtlán. Pero tras el disparo nunca volvió a quedar bien. El trabajo que requería de la fuerza de sus piernas y brazos, se vio mermado por sus incapacidades físicas y la familia entró en una crisis profunda. La economía familiar se descompuso, y la crisis económica se volvió profunda. René y sus hermanos sintieron esa presión y contra el deseo de sus padres llegaron a la Ciudad de México hace no mucho tiempo, para trabajar y enviar el dinero de regreso a Oaxaca.

De los tres, René, el mayor, era quien más golpes recibió de los federales. Le aplicaron el Protocolo de Estambul y en prácticamente todas las pruebas salió positivo. Lo habían torturado. Fue uno de los sobrevivientes de Nochixtlán que fue incorporado al Registro Nacional de Víctimas, pero nunca recibió, como sus hermanos, ningún apoyo de contención, que es un apoyo emocional al cual tenían derecho. En ese contexto se mudó con sus hermanos a la Ciudad de México y encontraron un cuarto en dónde vivir en la colonia Arenal, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El sábado pasado, al mediodía, encontraron a René, colgado en su cuarto. El hijo mayor de la familia agredida en Nochixtlán, se había suicidado. No dejó ninguna nota que explicara su muerte. El domingo fue trasladado a su tierra oaxaqueña, donde recibió sepelio. El suicidio de René no fue un caso aislado. Al menos tres intentos de suicidio se han registrado desde la masacre de Nochixtlán entre los sobrevivientes. No hay estudios aún sobre las razones por las que han llegado al extremo de quitarse la vida algunos de quienes fueron reprimidos hace ya casi tres años, pero ni ellos ni nadie de los agredidos por la Policía Federal, sin que la investigación de los hechos les hubiera hecho justicia legal, han visto resultados.

La investigación sobre lo que sucedió en Nochixtlán está detenida. “¿Qué sucedió el domingo 19 de junio donde murieron cuando menos 11 civiles y a policías federales les cortaron dedos a machetazos y terminaron con pies heridos por las bombas caseras que les explotaron?”, se preguntó en este espacio en octubre de 2017. “Nadie tiene una explicación clara de la cadena de sucesos, y lo que estaba informando el Gobierno federal en voz del entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, no tenía sentido. Decía que la Policía Federal había recuperado la vialidad en Nochixtlán ‘sin ningún tipo de incidente’, en una reconstrucción de hechos que insultaba la inteligencia de los mexicanos”.

En aquél entonces, Galindo refutó en privado que era falso lo escrito y que habían actuado correctamente. Quince meses después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó la hipótesis, descalificando a Galindo y al gobierno federal. Pero no hubo mucho más. Las autoridades federales interrogaron a unos dos mil policías y a más de 600 funcionarios. De las más de 50 víctimas en Nochixtlán, sólo se entrevistó a 30.

El abuso y la impunidad han acompañado lo que sucedió aquél domingo. Un policía que mató a un joven de 18 años fue detenido y menos de 48 horas después fue liberado, sin que haya una sola orden de aprehensión por ese crimen. Un anciano en Huitzo, a unos 40 kilómetros de Nochixtlán, que no tuvo nada que ver con los bloqueos ni estuvo en la refriega, fue detenido por policías federales que, además, le deshicieron los testículos a patadas. Tampoco se castigó a los responsables de este abuso.

La documentación que hay sobre lo que sucedió en Nochixtlán es abundante. Hay informes del Cisen que muestran el nivel de infiltración del movimiento magisterial y de las mesas de tomas de decisiones, que habrían permitido, con un trabajo de inteligencia, evitar la masacre que cometieron los federales. Existen los oficios en los hospitales que narran cómo los federales pidieron que no se atendiera ni a civiles ni a maestros en las clínicas. Existen videos donde se muestra el uso y abuso de fuerza policial que fueron incoporados a la denuncia de las víctimas de Nochixtlán, que no ha tenido seguimiento. Las peticiones para que fueran ingterrogados Galindo y el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, jamás fueron atendidas.

Nochixtlán es un caso de represión que dejó abierto el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Por tanto, es una oportunidd para el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer justicia para aquellos que ha prometido defender.
05 Marzo 2019 03:50:00
El dilema de Iris
Iris nació en 1998 y ha crecido y envejecido enormemente en todos estos años. Pese a ser muy importante en la vida cotidiana de todos los mexicanos, casi nadie sabe de lo que se trata. Es la Red Nacional de Radiocomunicación de Misión Crítica (RNR), cuyo estrambótico nombre esconde su relevancia, que es la comunicación de las fuerzas de seguridad pública en el país. Hace 10 días, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió un acuerdo donde junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana van a implementar la estrategia “que garantice en el corto, mediano y largo plazo la operación y vigencia” de esa red. Para ello, estableció como criterio dos puntos clave que han generado una polémica sorda y lejos del escrutinio público:

1) La libre competencia en la provisión de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y transferencia de conocimiento.

2) Actualización completa al Protocolo IP.

3) Integración confiable entre las redes de seguridad Tetra, Tetrapol y P25, así como del sistema satelital MEXSAT MORELOS III y las redes de banda ancha vigentes en el territorio nacional a través de interoperabilidad de al menos voz y señalización, en los tres órdenes de Gobierno.

En castellano, esto quiere decir que es urgente la modernización de la RNR y trasladarla a la plataforma digital para que sea compatible con la llamada Red Compartida, el proyecto de telecomunicaciones, en palabras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “más grande en la historia de México”, y que es el primero a gran escala en el mundo a través de dispositivos móviles. El acuerdo plantea que sin importar el proveedor de los dispositivos, tienen que ser interoperables y, sobre todo, pueden entrar como proveedores todas las empresas que obtengan las licitaciones. O sea, libre mercado absoluto para las telecomunicaciones de seguridad pública, continuidad de lo que inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Desde su creación, la RNR brinda servicios de banda angosta a 200 mil policías y elementos de Protección Civil, con 110 mil dispositivos móviles y una cobertura en el 50% del país, de acuerdo con los datos que surgieron del primer encuentro entre el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y la Conago, en diciembre pasado, donde se habló de la urgente necesidad de actualización de esa Red. No era un tema nuevo. Desde agosto de 2017 se planteó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y se pidió un diagnóstico al Instituto Politécnico Nacional, que lo entregó en noviembre del año pasado. El acuerdo tomado hace unos días, soslayó las conclusiones del amplio diagnóstico del Politécnico y de acuerdo con los expertos, presenta recomendaciones opuestas a sus conclusiones. Por ejemplo:

1) Que se actualizara la red de Tetrapol, que la aporta la empresa europea Airbus, a la tecnología IP, por ser la opción técnica y económicamente más rentable. De acuerdo con las estimaciones presentadas por Airbus, la actualización de la red costaría 3 mil 200 millones de pesos, mientras que crear una nueva red, como la que pide el acuerdo, elevaría el costo a 15 mil millones de pesos.

2) El Politécnico recomendó la integración gradual de redes alternas de tecnología diferente desarrollando la interoperabilidad, preservando la seguridad de las comunicaciones, que es un planteamiento estratégico que los expertos no vieron reflejado en el acuerdo.

3) Se abre el camino a la fragmentación de la RNR al permitirle a cada entidad a optar por diferentes tecnologías, que experimentó sus problemas en el pasado, cuando las policías estatales tenían equipos Matra o Motorola que no eran compatibles entre sí. Con la creación de la Guardia Nacional y la prominencia del Ejército en el equipamiento y capacitación, no está claro cómo se van a conciliar las plataformas, al utilizar la Secretaría de la Defensa Nacional un sistema Harris.

Pese al primer gran avance en materia de telecomunicaciones con la Red Compartida, México se ha ido quedando rezagado. El director corporativo de Innovación de Airbus, Antonio Fernández, expuso en mayo del año pasado en el marco de Expo Seguridad, que hasta esa fecha solo seis de las 32 entidades habían logrado el 100% de actualización de sus plataformas al protocolo IP, con 15 utilizando una tecnología mixta y 11 operando en banda angosta.

Otro de los competidores, Vicente Roqueñí, director de Desarrollo de Negocios y Ventas de Motorola, declaró a la prensa el año pasado, que la tecnología Tetrapol se había quedado obsoleta, por lo que algunos estados como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Yucatán, así como las secretarías de la Defensa y la Marina, estaban utilizando la llamada P25, que fabricaban ellos, al igual que Harris y las empresas chinas Huawei y Tat, que han enfrentado embates de Estados Unidos por cuestionamientos sobre seguridad nacional, aunque han tenido el apoyo de la Unión Europea.

El dilema de Iris se cruza por la lucha entre corporaciones multinacionales por participar en la RNR y por las necesidades para integrar una red de comunicación policial a nivel nacional.
04 Marzo 2019 03:11:00
La cena en El Paraguas
En el barrio de Salamanca en Madrid se encuentra el restaurante de moda El Paraguas, de excelente comida asturiana. Hace dos martes llegó un comensal mexicano que nadie conocía, aunque una de las personas en su mesa, Baltazar Garzón, un rock star de la justicia global, no pasaba desapercibido. El encuentro fue sugerente, en estos tiempos donde su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, habla un día sí y el otro también de lo corrupto que fue el gobierno que lo precedió y del “tiradero” que le dejaron.

¿De qué hablaron? De acuerdo con uno de los presentes, fue un encuentro casual. Garzón participaba en el Congreso Mundial Jurídico y esa noche cenaba con varios de los asistentes. Otro asistente en el Congreso fue Juan Collado, que estaba con Peña Nieto. Nada trascendental salió de esa plática, dijo uno de los presentes. El expresidente había estado en Madrid de paseo con una modelo hace poco más de tres semanas. Unos siete días después regresó y lo único que se conoce de esa nueva visita fue el encuentro con Garzón.

Garzón llevó en la Audiencia Nacional española varios casos controversiales de violación a los derechos humanos durante la dictadura franquista. Su fama, sin embargo, detonó cuando logró una orden de arresto contra el general chileno Augusto Pinochet por la muerte de súbditos españoles y crímenes de lesa humanidad durante su dictadura. Este tipo de delitos es lo que abogados en México y Estados Unidos buscan imputarle a Peña Nieto y llevarlo a juicio por el crimen de los normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Desde que era presidente Peña Nieto, un grupo de abogados trabajó la eventual defensa cuando acabara el sexenio. Una de las conclusiones a las que llegaron era que no habría forma que una acusación por la desaparición de los normalistas lo alcanzara legalmente, y concluyeron que la línea de responsabilidad llegaría máximo a Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal en ese momento.

La idea de que pudiera juzgarse a Peña Nieto por delitos de lesa humanidad está en la mente de los abogados, aunque López Obrador, pese a acusar diariamente de corrupto a su gobierno, se ha comprometido con no perseguirlo. Eso no significa que metería las manos por él en otros casos, como el de Ayotzinapa, por el que varios miembros de su equipo sí quieren juzgarlo. Esto no es algo que haya estado ausente de la discusión pública en México. En agosto de 2016, se publicó en este espacio “¿Terminará Peña en La Haya?”, donde se apuntó:

“Michael Mörth, uno de los arquitectos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente que prácticamente suplantó al Poder Judicial en ese país, declaró en una entrevista con la agencia rusa Novosti que al concebirla, ‘siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay estado de derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras’. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aceptó la propuesta para que una comisión enjuicie a quienes estén involucrados en actos de corrupción, pero en México es un tema del que no habla el Gobierno.

“En el mundo, no sólo es una conversación recurrente, sino hay acciones encaminadas a llevar a Peña Nieto, antes o después de que termine su administración, a una corte internacional para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos. El consenso se está construyendo con organismos internacionales y varias cancillerías.

“Quien frasea con precisión lo que se piensa del gobierno de Peña Nieto en el mundo es José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, quien a propósito del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Tanhuato, declaró: ‘Desafortunadamente, las atrocidades cometidas por los agentes del Estado, inicialmente negadas por funcionarios del Gobierno, que terminan en impunidad, se han convertido en un patrón. La evidencia de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas continúan apilándose’”.

Varios de los más cercanos colaboradores de Peña Nieto le han insistido que se vaya del país, pero él ha respondido reiteradamente que no lo hará, y que se quedará a vivir en Ixtapan de la Sal, donde tiene su vieja casa de fin de semana en el campo de golf. Peña Nieto tiene plena confianza de que López Obrador no va a proceder en su contra, que es lo que también piensan algunas de las personas que estuvieron cerca de él en el final del sexenio. 

López Obrador ha dicho que no lo hará, pero las expectativas creadas por él en el combate a la corrupción le van a ir cerrando espacios de maniobra y le hará más costoso no proceder contra representantes del gobierno anterior. Peña Nieto, jurídicamente hablando, no es una pieza fácil para llevar a juicio, pero como manjar sobre una mesa que puede llegar a necesitar distractores, el expresidente es un platillo delicioso.
01 Marzo 2019 04:18:00
La caída del helicóptero
El Gobierno ya estableció, de manera preliminar, lo que aún no resuelven los peritos internacionales. El helicóptero en el cual perdieron la vida el 24 de diciembre pasado la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, su esposo, el senador Moreno Valle, un asistente y los dos pilotos, no fue consecuencia de un atentado o un incidente exterior a la nave, ni por condiciones climatológicas adversas, o por un error humano. Su caída fue por una falla en el helicóptero. O al menos, esto es lo que deja de manifiesto el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, al dar a conocer este jueves la grabación entre el piloto Roberto Coppe, y la torre de control del aeropuerto Hermanos Serdán. Su explicación, sin embargo, genera más dudas que certidumbres, que se añaden a las suspicacias de haber intentado reservar por el resto del sexenio el contenido de las grabaciones.

Vayamos por partes:

1.- La grabación comienza a las 14 horas con 34 minutos y 17 segundos, y el último contacto es a las 14 horas con 35 minutos y 40 segundos. “Treinta veintisiete sin tráfico”, reportó Coppe. “Te llamamos cruzando la estación el Bravo Oscar Noviembre”. Estas palabras pertenecen al alfabeto fonético de la Organización de Aviación Civil Internacional, la HYPERLINK “https://www.icao.int/about-icao/pages/es/default_es.aspx”OACI, que corresponden a la matrícula XABON del helicóptero siniestrado. La clave XA identifica a las aeronaves que se utilizan con fines comerciales. La XB corresponde a aeronaves particulares sin fines de lucro, y las XC a gobiernos.

Coppe reportó a las 14 horas con 35 minutos y 20 segundos, que estaba a seis millas del aeropuerto (10.8 kilómetros). Había salido de la casa del empresario José Chedraui, que no tiene permiso para operaciones de ese tipo, pero que por su ubicación es utilizado de manera regular por políticos.

El piloto, que se formó en Mexicana de Aviación y de ahí saltó a manejar helicópteros, tenía mucha experiencia y era cercano a Moreno Valle. Tenía todos sus permisos en regla, como también estaba el helicóptero, de manufactura italiana, que recién había estado en mantenimiento.

2.- El total de tiempo en el que mantuvo la comunicación Coppe con la torre de control fue de un minuto y 23 segundos. Los expertos señalan que no hay nada inusual porque los helicópteros mantienen poca comunicación con los controladores aéreos. Durante ese tiempo, la grabación no muestra ningunas alteraciones del piloto con el helicóptero, un AgustaWestland AW109SP que utilizaba el senador Moreno Valle, quien ese día viajaba con su esposa a la Ciudad de México para comer con sus padres en su casa de las Lomas de Chapultepec. Tenían programado regresar para la cena navideña con la madre de la gobernadora Alonso.

El helicóptero es una de las naves más reconocidas en el mundo. “Los operadores, los pilotos y los mecánicos generalmente dicen que les gusta la velocidad, el poder y el comportamiento de los varios modelos A109”, escribieron en 2008 los críticos de la publicación estadunidense especializada HYPERLINK “https://www.rotorandwing.com/2008/05/01/operators-report-fast-beautiful-flier/”Rotor&Wing International. “Elogian la calidad en el manejo de la nave y sus controles, así como la confiabilidad de sus motores y el apoyo de sus fabricantes”. El helicóptero es usado por una treintena de gobiernos y particulares en más de una decena de países.

El mismo tipo de helicóptero siniestrado en Puebla tuvo dos accidentes mortales previos, en 2012, donde murió Juan Armando Hinojosa García, íntimo amigo del expresidente Enrique Peña Nieto, quien realizó un viaje de Metepec a la Ciudad de México en una noche de malas condiciones climatológicas, donde lo urgieron a no utilizarlo, y en 2016, donde tres militares murieron en una nave de la Fuerza Aérea Mexicana, por razones que no se revelaron.

Morán dijo ayer que no habían hablado nada sobre el siniestro porque “no había nueva información”. Al contrario. Dio mucha información nueva y generó más dudas. Como botones de muestra:

Pese a saber que el helicóptero no había despegado del aeropuerto Hermanos Serdán, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, escondió el sitio original de despegue.
Morán no mencionó nada sobre las condiciones climatológicas, que de acuerdo con la Asociación de Pilotos, eran

“óptimas”.

Morán dijo que la investigación de este tipo de siniestros, “dependiendo del tipo de accidente, puede tardar entre seis y hasta más tardar dos años”. El dictamen de los peritos canadienses y estadunidenses no está concluido, y sin embargo, el subsecretario adelantó resultados sin aclarar en qué sustentaba sus afirmaciones.

La investigación en tierra de las autoridades federales, que comenzó con horas de retraso por la tardanza en comenzar a cerrar la zona y recoger evidencia –una pieza, reveló Morán, nunca fue encontrada–, incluye declaraciones ministeriales de testigos en la zona del accidente, donde hay una coincidencia en muchos de ellos que señalan que el helicóptero cayó en llamas.

Entre la última comunicación entre el piloto y la torre de control, y la primera llamada de los controladores aéreos que ya no obtienen respuesta de Coppe, pasaron cuatro minutos con 29 segundos, que no se sabe qué sucedió, pero que Morán adelantó que fue accidente.

El 24 de enero su jefe, el secretario Javier Jiménez Espriú, dijo que la caída del helicóptero había sido “inusual”, al haber chocado en tierra en posición invertida y en un ángulo de 60º. Dijo en ese entonces que todas las posibilidades estaban planteadas, pero no enumerarían las hipótesis para evitar especulación. Morán dio ayer la versión oficial de la SCT. ¿Por qué lo hizo? No se sabe, pero sembró más dudas y sospechas sobre lo que sucedió aquél mediodía de Navidad.
28 Febrero 2019 03:58:00
México, país de ilegales
Hace casi 25 años, Larry Summers, un connotado profesor y alto funcionario en el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos, decía que el principal problema que tenía México para un desarrollo pleno era su debilidad del estado de derecho. Sin respeto por la ley, argumentaba quien fue secretario del Tesoro, las inversiones no iban a llegar a este país pese al potencial que tenía. Las inversiones son el motor del crecimiento de una nación y todos los regímenes, neoliberales o nacionalistas, keynesianos o abocados al libre mercado, capitalistas, socialistas o comunistas, las cuidan. Si el entorno sociopolítico es desfavorable, el dinero nunca llega.

López Obrador recibió un país con grandes deficiencias en cuanto al respeto de las leyes. Pero las políticas de Gobierno que ha planteado frenaron las inversiones ante la incertidumbre de cómo impactará la economía, y la descomposición social, sindical y la creciente protesta de grupos de interés, van a generar en el corto plazo frenos adicionales que limiten las posibilidades del desarrollo prometido. López Obrador se encuentra atrapado en la contradicción de ser Jefe de Estado y comportarse aún como si estuviera en campaña por la Presidencia.

Desde hace unos 20 años, como reacción a la crítica internacional que sintetizaba Summers, México ha construido una arquitectura institucional llena de normativas y leyes, pero con un Talón de Aquiles del tamaño del sol: su incumplimiento. El gran diseño legal carece de contenido, y como es nuestra cultura, todo ha sido sibilino. No estamos bien y la tendencia medible, cuando menos hasta el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, era que íbamos para atrás. La última prueba de ello está en el informe anual del World Justice Proyect, una organización independiente en Washington que trabaja para fortalecer el estado de derecho en el mundo, que hoy se da a conocer.

Por segundo año consecutivo, México está en la parte baja de respeto a la ley. El índice de 126 países que se divulga hoy lo coloca en el lugar 99, que es una caída de dos posiciones con respecto a la tabla del año pasado, que se amplió con la inclusión de 13 nuevos países en el ranking. Es decir, si se hubiera mantenido el mismo número de naciones estudiadas, México estaría peor de lo que se muestra hoy. No estamos solos en este deterioro, que está asociado con el repunte del autoritarismo en el mundo. Según el índice del WJP, de los ocho factores que se miden, el de “Límites al Poder Gubernamental” fue el de mayor caída, donde más del 50% de las naciones experimentaron retrocesos.

De acuerdo con la tabla de puntajes, las áreas de mayor preocupación en México son corrupción, seguridad y justicia penal, donde se encuentra casi en el sótano del ranking. En los dos primeros factores se ubica en el lugar 117 de 126 países, y en el tercero, ocupa el 115. Sólo en el factor de gobierno abierto México está evaluado moderadamente bien en las tres categorías, global, regional y por nivel de ingreso. A nivel regional, ocupa el lugar 29 de 30 en corrupción, y el último sitio cuando se mide por nivel de ingreso. Es decir, para la escala de su economía, es el país más corrupto de todos. En el factor de orden y seguridad, México es el penúltimo lugar en el ranking regional y el último por nivel de ingreso, que es algo vergonzoso.

Los datos corresponden al gobierno de Peña Nieto, y sólo hasta la siguiente medición anual, se revisará al de López Obrador. Hasta este momento, las evaluaciones sobre México lo han colocado de manera regular en el fondo de los rankings en los temas de corrupción, efectividad del sistema judicial, derechos humanos y debido proceso. Las calificaciones del nuevo gobierno en estos campos son variopinto. López Obrador ha sido muy enfático en trabajar por los derechos humanos y los responsables de ello han estado muy comprometidos con ese tema desde hace varios años, por lo que se podría esperar una mejora en los próximos índices.

En los otros temas, López Obrador y su gobierno dejan mucho que desear. El debido proceso ha sido escandalosamente violado en los últimos días, cuando al hablar de conflictos de interés han establecido casi en forma mecánica actos de corrupción sin establecer líneas causales, y aún si encontraran violaciones a la ley en las investigaciones en curso, señalaron por nombre y apellido a presuntos responsables de los presuntos ilícitos, con lo cual violaron el eventual derecho a un juicio justo.

La corrupción es el tema de batalla de López Obrador, pero no ha avanzado más allá de la retórica. Inclusive ha declarado que él no actuará en contra de funcionarios de Peña Nieto porque no quiere invertir tiempo, que considera como una pérdida, en aspectos que no tienen que ver con su proyecto de nación. La declaración es política, pero legalmente es una aberración.

López Obrador tendría que ser más cuidadoso cuando se encuentre en el campo de lo jurídico, y cuidar la percepción de que es permisivo con violadores de la ley, alegando que no va a criminalizar la protesta social. Esa retórica puede darle réditos en México, pero no pasa las pruebas de ácido en el mundo. Hablar de corrupción sin combatirla a fondo, tampoco. Sustentar todo en lo moral y los principios es éticamente fundamental, pero insuficiente para fortalecer el estado de derecho. Aunque es Presidente con amplio mandato y respaldo popular, no tiene carta blanca para burlar las leyes. Esto no debe olvidarlo: es la línea con la que lo clasificarán como un autócrata o un demócrata.
27 Febrero 2019 03:57:00
Pago por ver
El lunes, las portadas de los periódicos hacían la crónica del calvario económico: “Pemex limita consumo de gas en centro del país” (El Financiero), “Producción de Pemex a su menor nivel en 30 años” (El Economista); “Banca de desarrollo se encuentra paralizada” (El Universal). El martes continuaron: “Extenderá el PIB su debilidad al inicio de 2019” (El Financiero); “Mexicanos sacaron mas de 5.27 mil millones de dólares del país en 2018” (El Universal). Es la instantánea de un presagio que tuvo, por cierto, un preámbulo en la edición de ayer de The Wall Street Journal: “El presidente Andrés Manuel López Obrador está atacando a los órganos reguladores independientes, estableciendo un curso de colisión con las instituciones que han servido como un contrapeso del Ejecutivo durante las décadas que el país se volvió una democracia plena”.

El escenario económico está mal y pinta para peor. Pero además, se está contaminado con la política. Las respuestas del Presidente son siempre las mismas. Si todo se ve mal es porque todo lo dejaron mal. El crecimiento es malo porque la economía es un desastre. Las dependencias se vaciaron de funcionarios porque comenzó la limpia contra la corrupción. Descalifica a las calificadoras y los contrapesos son corruptos. El modelo neoliberal fue impuesto para robar y saquear el país. López Obrador es dueño de la narrativa del polpotismo de terciopelo.

Quienes se oponen a su proyecto es porque no entienden el cambio. El cambio irá por encima de todo, y si esto significa que empobrecerá al país, textualmente ha dicho que será mejor que México sea una nación llena de pobres. Parece un contrasentido querer mejorar el nivel de vida de los pobres y luchar por una sociedad igualitaria, al mismo tiempo de estar dispuesto a sacrificarlos y crear más pobres a cambio de llevar hasta el final su proyecto de nación. Pero es retórico.

López Obrador está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto y que le dará la vuelta a la economía y al destino del país. Es tan grande la confianza que tiene en él mismo, que cuando el Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja su expectativa de crecimiento, dijo que estaba mal y no sólo crecería este año al 2%, sino hasta más. Los expertos, dice, están equivocados porque no entienden la magnitud de su cuarta transformación.

Los números lo contradicen por ahora: la desaceleración de la economía en el cuarto trimestre del año pasado tuvo como antecedente la petición al presidente Enrique Peña Nieto que ya no gastara en nada y cancelara las compras, como las de gasolina y medicinas. La contracción se explica también en algunas acciones, como la consulta contra el nuevo aeropuerto en Texcoco, donde un millón de personas encabezadas por él, cancelaron la posibilidad de que la economía tuviera un impacto de 6% al PIB, el doble de lo que aporta Pemex. Ese tipo de decisión, particularmente esa, congeló las inversiones.

Enrique Quintana publicó en El Financiero que la inversión extranjera directa se contrajo 12% con respecto a 2017. Y cuando se revisen los números a finales de año, ese porcentaje probablemente sea mayor. Inversionistas mexicanos y extranjeros suspendieron todas sus inversiones nuevas hasta ver qué sucede con la política económica de López Obrador y cómo resuelven las agencias la calificación de la deuda de Pemex y la soberana de México. La crisis económica no se ha visto porque todavía hay incertidumbre sobre el futuro inmediato de México y no se han ido las inversiones. Existen aproximadamente 200 mil millones de dólares en México que en estos momentos, al no existir un diagnóstico objetivo de que López Obrador lleva al país al desastre, están esperando lo que suceda en los próximos meses. Si bajan la calificación de Pemex, esos 200 mil millones se irán, todos juntos, todos rápido, lo que provocará un colapso.

¿Es un destino manifiesto? De ninguna manera. Es un escenario en el cual, aunque muchos especialistas piensan que será el que se materialice, hay inversionistas que están esperando y pagando por ver. Pero el Presidente debe tener cuidado con lo que hace y lo que hagan en Morena. Por ejemplo, la iniciativa en el Congreso –aparentemente congelada– para limitar la inversión extranjera al 49% y otorgarle a la Secretaría de Economía el derecho a vetar a los inversionistas bajo una categoría de buenos y malos, es un despropósito. Cancelar las subastas energéticas es otro y provocará un desabasto de energía eléctrica si no hacen los ajustes durante la primavera. Invertir en proyectos económicamente inviables, como el aeropuerto en Santa Lucía y el Tren Maya, tendrán un costo que obligará a posponer o nunca hacer otros proyectos de infraestructura necesarios en el resto del país.

El presidente López Obrador tendrá suficiente capital político para seguir atribuyendo todos los males al viejo régimen y acusar indistintamente de corrupción. Puede abrir juicios políticos contra expresidentes –que serán un circo espectacular– y ajustar cuentas con sus enemigos históricos, los empresarios. Podrá culpar a los medios y satanizarlos, o modificar cuantas leyes quiera para que todo el país se alinee verticalmente a sus deseos. Pero todo ello no modificará la realidad económica.

Si no hace las cosas bien, el impacto negativo arrollará a su gobierno. Podrá tener respaldo político pero generará inestabilidad que, quizás, detone repudio. Lo puede evitar por supuesto, si el manejo económico es inteligente y responsable. Si así lo hace, podrá cumplir su sueño, ser el mejor presidente que ha tenido México. Si no es así, irá directo al infierno político de la nación.
26 Febrero 2019 04:02:00
Peligros para el Presidente
El próximo sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Hermosillo, Sonora. Como ha sido hasta ahora, viajará con un equipo de seguridad no mayor de 20 personas y se apoyará en las policías locales, más los grupos de voluntarios que se sumarán a la protección del Presidente. Igualmente, carecerá de información de inteligencia –que es parte de las tareas no vistas del desaparecido Estado Mayor Presidencial–, donde se establecían los riesgos que podría enfrentar el jefe del Ejecutivo para tomar la decisión final si iba o no al lugar previsto.

López Obrador no toma en cuenta esas consideraciones, y las únicas ocasiones en las que ha optado por no ir a una ciudad o comunidad, es porque espera reclamos políticos que no quiere enfrentar. El Presidente dice que “el que nada debe nada teme”, y que “quien no hace daño, no es atacado”. Pero lo que sucede en Sonora debería de preocuparlo sobremanera.

De acuerdo con los últimos datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), enero de este año fue el más violento en la historia de México, con un incremento significativo en las cifras de homicidio doloso. Sonora fue el tercer estado que registró el mayor aumento, con 58.3% de homicidios dolosos más que en el mismo periodo en enero de 2018, superado sólo por Quintana Roo y Jalisco.

La violencia en Sonora ha ido en aumento progresivo desde hace más de un año, derivado del choque entre los cárteles Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y el del Pacífico, que encabeza Ismael “El Mayo” Zambada, que durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Brooklyn, quedó claro que es el jefe máximo del narcotráfico, a través del brazo armado de los hijos de “El Chapo”, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, “Los Salazar”.

Una fractura aparente en “Los Salazar”, propició que un viejo enemigo de “El Chapo” Guzmán en Sonora, inyectara más violencia a la confrontación entre los cárteles. Se trata de Fausto Isidro Meza Flores, apodado “El Chapo Isidro”, que fue aliado del Pacífico pero rompió para vincularse con los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva, que desde que se escindieron del cártel del Pacífico, hace casi una década, se asociaron con Los Zetas.

La descomposición en las organizaciones criminales es el contexto de la violencia en esa región que va a visitar López Obrador, y que tiene como preámbulo la aparición de mantas en la vía pública de la capital sonorense, con el mismo mensaje: “COMIENZA LA LIMPIEZA EN EL PAÍS/ VENIMOS CON TODO EL APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL/ REGRESA LA VIEJA ESCUELA/ BIENVENIDOS AL DIALOGO TODOS LOS CARTELEROS/ O SE ALINEAN O LOS ALINEAMOS. ATTE MAYO ZAMBADA”.

Las mantas fueron secundadas por una hoja volante que se comenzó a distribuir en las casas de Hermosillo el viernes pasado, que decía, entre otras cosas, lo siguiente: “LLEGÓ LA HORA DE LA LIMPIEZA SOCIAL. Llegó el momento de iniciar una nueva limpieza para todos los malparidos, tiradores de droga, focoqueros, mariguaneros y demás consumidores de otras drogas, ladrones callejeros, patinadores de carros, motos, prostitutas, violadores y fanfarrones. LOS TENEMOS EN LA MIRA. Todos aquellos que nos encontremos después de las 10:00 de la noche, no respondemos si caen inocentes. Compartan más tiempo con su familia jóvenes. No los queremos ver en la calle robando, drogándose, con el mofle modificado o fanfarroneando. A TODOS LOS CIUDADANOS HAGAN ALGO PRODUCTIVO. JUICIO Y MUERTE LLEGARÁ A LA HORA DE NUESTRA CACERÍA INICIAL”.

El presidente quedará atrapado en ese ciclo de violencia expresado en los mensajes. Altos funcionarios de su Gabinete de Seguridad desestimaron estos mensajes, pero no parece haber un análisis detrás de su contenido para saber, por ejemplo, qué organización o qué miembros de qué cártel los están colocando, que le permitan determinar el grado de riesgo que implica, o descartarlo como tal. La respuesta de los funcionarios es empírica, sin datos de inteligencia que justifiquen soslayarlo. Nada puede tomarse de manera automática, pero tampoco, puede descartarse mecánicamente en la tierra de los cárteles.

Los mensajes entre delincuentes siempre arrojan información. En este caso, en vísperas del viaje de López Obrador, lo que se debería estar procesando en la Ciudad de México es con qué finalidad se están afirmando algunas cosas, como la manta donde se habla del “apoyo del Gobierno federal” porque “regresa la vieja escuela”, que sugiere el retorno al status quo que se vivió con algunos políticos priistas, donde había acuerdos tácitos con los cárteles de dejarles hacer sus negocios a cambio de la pacificación nacional y dinero para sus bolsillos.

Esas mantas aparecieron después de que el Presidente proclamara desde Palacio Nacional el final de la guerra contra los cárteles y antes de que ofreciera a familiares de “El Chapo” gestionar visas “humanitarias” ante el Gobierno de Estados Unidos para ver su pariente, e instruir a la Cancillería para que estudiara repatriarlo. La sinapsis que está apareciendo entre las acciones del Presidente y el cártel del Pacífico no son positivas para la imagen de López Obrador, como tampoco ser laxo y descuidado con lo que está sucediendo en Sonora. Cuidado con las cosas que no son.

El contexto de violencia y los mensajes de cercanía con Zambada y Guzmán, no lo ayudan en sus esfuerzos por garantizar seguridad. Quizás él no lo vea, pero hay gobiernos, expertos y narcotraficantes que sí observan lo que hace y deja de hacer.
25 Febrero 2019 03:38:00
Una negociación a morir
La forma como se procesó la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional en el Senado dibujó la dinámica de un Estado. El Presidente manda una reforma controversial, que enmiendan en el Congreso, por lo que pide que se corrija en el Senado para mantener su propuesta de militarizar la seguridad pública, y que después de que exige que o le dan atribuciones a los militares para dirigir las tareas policiacas o denunciará las razones ocultas de los legisladores. Los senadores rechazan sus amagos y aprueban una ley contraria a sus deseos. Pero el presidente no denuncia nada, sino que felicita al Senado por el gran trabajo que hicieron. Todos se congratulan. Todos satisfechos. Todos cedieron algo para ganar mucho. Así funciona una democracia. Pero fue engañoso.

Las negociaciones de 20 días con los senadores fueron políticamente violentas, con enfrentamientos en la Junta de Coordinación Política, donde su presidente, el morenista Ricardo Monreal, quiso forzar a la oposición para satisfacer el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador: Guardia Nacional con mando militar, sujeta al fuero militar, y atemporal en su tarea en seguridad pública. Desde un principio, la oposición dijo que no, y hubo momentos de confrontación total, como cuando los gobernadores del PAN boicotearon una reunión con el gabinete de seguridad el 15 de febrero, para evitar que presiones.

Ese desaire fue una señal clara del clima que se vivía. Los gobernadores del PRI fueron más sumisos al Gobierno, y presionaron a sus senadores para que aprobaran la ley en los términos como planteaba Monreal, pero no tuvieron eco. Las conversaciones en el Senado, mientras tanto, se volvían más intensas. Hubo un momento, dijeron participantes en la mesa de las negociaciones, que el conflicto llegó al punto de explosión, cuando Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, gritó que él se dejaba las pláticas en la sesión del 18 de febrero. Monreal lo acusó de ser él quien estaba promoviendo la oposición a la reforma y que había manipulado al resto de los coordinadores en el Senado, lo que motivó una intervención de Miguel Ángel Mancera, del PRD, reclamándole con sarcasmo que les diera el beneficio de una oposición real.

Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue uno de los factores que contribuyó a que no reventara la mesa de negociaciones que se había instalado en Bucareli, no sólo por su conocimiento sobre los procesos parlamentarios, sino por su mano suave y conciliadora. En las reuniones estaba el emisario de López Obrador, Julio Scherer, coordinador jurídico de la Presidencia, y participaba el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quien se encargó de hablar con los militares para explicarles las posibilidades reales que tenía el proyecto original donde ellos tendrían el mando, y buscar su apoyo.

El Presidente no quería que las cosas salieran como él no deseaba, por lo que jugó rudo con amagos. Al coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, López Obrador lo amenazó en una conferencia de prensa, al decir que iba a informar sobre corrupción en el área de seguridad y en las compras de alimentos para reclusorios y penales, su responsabilidad en el sexenio pasado como secretario de Gobernación. A la panista Xóchitl Gálvez, le reciclaron en la prensa imputaciones de malversación de fondos cuando era delegada en la Miguel Hidalgo.

A Mancera le echó en cara la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que había maquillado las cifras de incidencia delictiva. Ningún senador de la oposición se amilanó y se mantuvo firme. Los enviados del Presidente buscaron entonces persuadir a senadores en lo individual y fueron hablando con ellos por separado para tratar de alcanzar el número de votos que necesitaban para aprobarla, pero descuidaron al Partido Verde, que decidió sumarse a la oposición.

El problema que tenían para el miércoles eran los militares. Insistían en el fuero militar para que sirviera como un incentivo para mantener la disciplina, y estaban totalmente en desacuerdo que prevaleciera el fuero civil. Durazo fue quien más trabajo hizo con ellos, quienes al final se comportaron institucionalmente, pero la molestia persistió. Un análisis al que se tuvo acceso, elaborado por un militar de rango, decía: “La reforma constitucional resultante en mi opinión es muy mala, ya que de las 250 páginas, el 80% es la versión estenográfica de lo que dijeron en los foros, que fueron una serie de denostaciones, dogmas y supuestas reflexiones de cómo y por qué las Fuerzas Armadas son violadoras de los derechos humanos.

“El hecho de que le hayan quitado a la Secretaría de la Defensa Nacional toda injerencia en el manejo y operación de la Guardia Nacional y sólo sea responsable de que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de la Fuerza Armada permanente, se puede traducir en que los resultados positivos de su acción se atribuyan a la Secretaría de Seguridad y los negativos, por corrupción, infiltración o excesos del personal, se castiguen a la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Los militares quedaron insatisfechos con la reforma constitucional, lo mismo que el Presidente. Pero contrario a lo que muchos pensaron –incluido quien esto escribe–, el consenso interno y externo que tuvo la oposición para oponerse al proyecto de López Obrador les dio la fuerza para no doblarse y mandar una señal al Gobierno: pese a ser una fuerza minoritaria, hay momentos donde si se mantienen unidos pueden frenar la colonización de la Cuarta Transformación.Una negociación a morir
22 Febrero 2019 03:36:00
Kriptonita para los militares (y II)
Durante la LXIII Legislatura, la coordinadora de la bancada de Morena, Rocío Nahle, le habló a Andrés Manuel López Obrador, que andaba en precampaña electoral. Le acababa de hablar el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y la había invitado a platicar sobre la Ley de Seguridad Interior que deseaba fuera aprobada en el Congreso. López Obrador le respondió en forma instantánea que declinara la invitación y que, además, votara todo en contra de los militares. No les darían ningún apoyo, pero después, adelantando su convicción de que llegaría a la Presidencia, les darían todo. López Obrador así lo hizo.

Les dio todo, pero a su modo. En su primer encuentro con el entonces secretario de la Defensa en los meses de la transición, el general Cienfuegos le presentó los nombres de los dos militares que a su juicio consideraba eran los más capacitados para encabezar la Secretaría durante su gobierno, el subsecretario, el general Roble Arturo Granados, y el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Alejandro Saavedra. En vísperas de tomar posesión, lo primero que le dijo López Obrador en su último encuentro fue que su sustituto sería una persona que le encantaría, y que además, hablaba muy bien de él.

Se trataba del general Luis Cresencio Sandoval, quien era el penúltimo promovido entre 23, de los generales de tres estrellas. El Presidente escogió a quien pensaba un general con experiencia de campo, con menos compromisos internos, que ha sido una de las variables fijas en la selección del gabinete de López Obrador. Lo que le dijo a Nahle meses antes, lo cumplió. Con un incremento de 11% en el presupuesto, la Secretaría de la Defensa fue de las pocas dependencias que tuvieron un aumento, y quiere que se hagan cargo de la Guardia Nacional, lo que, se puede argumentar, será una transformación hacia el empequeñecimiento del Ejército para convertirlo en una policía militarizada. En los altos mandos militares discrepan de esta hipótesis y sostienen que la Guardia Nacional no será sustituto del Ejército sino una fuerza más, con similar despliegue territorial.

Su desaparición, sin embargo, es una idea que rebota hace tiempo en la cabeza del Presidente. Durante la campaña dijo que no había necesidad de tener un Ejército ni una doctrina de seguridad nacional, porque México no tenía enemigos externos ni estaba en guerra. El papel de los militares estaba adentro, en la seguridad pública. Parece una contradicción lo que ha hecho López Obrador por militares, pero como se adelantó en el texto anterior, la Guardia Nacional es más una trampa que un beneficio.

En la creación de la Guardia Nacional en el Senado, hay una división con respecto al fuero. Los mandos civiles serán regidos por procesos civiles, y los militares por la Justicia Militar. Esto es un contrasentido, según explicaron militares de alto rango, ya que aunque toda su estructura, capacitación y doctrina será militar, el elemento central del funcionamiento castrense, la disciplina, se funda en el fuero. La dualidad de ellos traerá problemas con los civiles, presentará distorsiones en las líneas de mando, y habrá disfuncionalidad en sus tareas. Tal asimetría tendrá consecuencias en las operaciones de campo y eventualmente en los resultados.

El fuero era lo que más buscaban en el Ejército, no la temporalidad porque están convencidos de que sus funciones en seguridad pública trascenderán el sexenio de López Obrador, ni el mando militar, porque seguirán operando como lo hicieron en los últimos dos gobiernos, donde las decisiones macro –estrategias y teatros de operaciones– las tomaban los civiles, y la operación de campo los militares. Este elemento vital para los militares, que nunca estuvo bajo la atención de la opinión pública, puede ser definir el éxito o el fracaso en sus tareas futuras.

La Guardia Nacional apunta a un desvanecimiento en la fuerza del Ejército como la institución que protege la seguridad nacional, y el fortalecimiento de una policía militarizada. Dentro de la Secretaría de la Defensa consideran que el proceso que se viviría con la Guardia sería precisamente el gradual retiro del Ejército de las tareas de seguridad pública para regresar a sus cuarteles. Es cierto ese proceso, pero tiende más hacia su desaparición que al retorno a los cuarteles.

La hipótesis se irá probando cada año con los presupuestos. Un rubro para ver es el equipamiento. El Ejército no puede equipar a la Guardia Nacional porque las armas son de uso reglamentario y bajo los acuerdos internacionales, no pueden ser utilizados para seguridad pública, Nuevas armas y equipo –como cámaras de videograbación para los operativos– serán adquiridas para el nuevo cuerpo policial. Se verá si se mantienen simétricos los presupuestos o si se empieza a disminuir el del Ejército por la Guardia Nacional.

Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional se descarta por completo la desaparición de las Fuerzas Armadas, pero el discurso de López Obrador sobre el futuro del Ejército ante la ausencia de amenaza externa, no debe olvidarse. El Presidente es muy consistente entre lo que dice y lo que hace. El que tenga en la mente desaparecerlas y dejar el país únicamente con una policía militarizada, no hay que soslayarlo. Costa Rica, que abolió su Ejército en 1948 y creó una policía civil, reorientó su presupuesto en política social.

Costa Rica es un espejo pertinente, porque López Obrador necesita recursos para financiar su proyecto de nación por los pobres y no le guarda aprecio a los militares, como muchos en su equipo, desde 1968. La Guardia Nacional se convierte de esta forma en el puente para cumplir un viejo objetivo multifactorial.
21 Febrero 2019 03:36:00
La trampa de la Guardia Nacional (I)
La Guardia Nacional es una trampa para el Ejército, y no se ha dado cuenta de ello. Los gobiernos, los políticos y los ciudadanos reconocen que en el tema de la lucha contra la delincuencia son necesarios para enfrentar a los criminales y alcanzar la seguridad en el país, aunque no se han puesto de acuerdo si la Guardia Nacional sea comandada por un militar, por un civil o por una combinación ecléctica de ambos. Los generales quieren todo y han escuchado el canto de la sirena del presidente Andrés Manuel López Obrador que está invirtiendo un gran capital político para que así suceda, sin darse cuenta del camino por el cual los inducen y conducen.

La Guardia Nacional es el símbolo de la estrategia de seguridad pública del nuevo gobierno, que así la ha presentado al país. Si no hay Guardia Nacional, ha dicho el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, los militares regresarán a los cuarteles. Es retórica política, porque en realidad, no responde a una estrategia de seguridad en términos reales. Ese nuevo cuerpo no tiene presupuesto asignado. Tampoco le van a dar mayores facultades para poder operar de una forma integral y extensiva. El discurso de que o son los militares a cargo de tareas policiales o es la nada, no se sostiene con ese tipo de apoyos que supondría un modelo que se defiende con tanto ahínco.

De hecho, poco ha cambiado en el último cuarto de siglo, cuando comenzó el involucramiento de los militares de manera regular en la seguridad pública. El presidente Ernesto Zedillo creó la Policía Federal apoyada con el Tercer Batallón de Infantería, que nunca dejó de ser militar y que para sus operaciones se requería permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el de Vicente Fox, el procurador general Rafael Macedo de la Concha era un general en activo cuyo jefe inmediato era el secretario de la Defensa, el general Clemente Vega. En el de Felipe Calderón, el despliegue militar en el país se amplió a 47 mil efectivos, que continuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El cambio que ahora pretende el presidente López Obrador y que se consumirá, es que eleva la militarización de la seguridad pública a rango constitucional.

La oposición política y los organismos de derechos humanos han rechazado este proceso de militarización, pero los militares han visto en ello el blindaje legal por el que cabildearon los secretarios de la Defensa Clemente Vega, Guillermo Galván, Salvador Cienfuegos y Luis Cresencio Sandoval para evitar las lagunas legales que los tienen en la frontera con la ilegalidad. El Ejército ve hoy una oportunidad adicional para ampliar sus recursos y extenderse a empresas colaterales.

En gobiernos anteriores tenían inyección de recursos, como recibieron de Calderón presupuesto para las Bases de Operaciones Mixtas, y durante el de Peña Nieto los gobernadores les pagaban servicios como si fueran Policía Bancaria Industrial. También les financiaban cuarteles y bases con tal de que permanecieran en sus estados enfrentando criminales. En la administración de López Obrador, los negocios serán asignados directamente, pero mantendrán la misma arquitectura de los sexenios previos en sus posibilidades para atacar la inseguridad. Es decir, más allá de cómo resulte el mando, no habrá diferencia con el pasado en las facultades de combate a los delincuentes, ni en cuanto a aspectos operativos. El gran cambio con el nuevo gobierno, es el político.

En esto radica la trampa de la Guardia Nacional. Hasta antes de la ley que creará ese nuevo cuerpo policial militarizado, la responsabilidad por resultados y las violaciones a los derechos humanos recaían en el poder civil. Incluso el Presidente, en su defensa de los militares-policías, ha reiterado que el fracaso de la estrategia no se debió al Ejército, sino a los políticos que la diseñaron. No eran malos los soldados sino los políticos. La condena no debía ser para la Sedena, sino para la Presidencia y el gabinete de seguridad. Las palabras son música para los oídos de los militares, pero en el largo plazo serán veneno.

El consenso para que los militares encabecen la lucha contra la delincuencia significa que el poder civil está transfiriendo la responsabilidad al Ejército. La reacción de los gobernadores es clara: sí a los militares pero, ¿dónde están sus planes para mejorar sus policías, con mejores salarios y recursos para su capacitación y equipamiento? La postura del Presidente y su secretario de Seguridad Ciudadana es igualmente diáfana: si los soldados no están en ese combate, no habrá serenidad en el país. Entonces, quienes rendirán cuentas por los resultados, serán los generales en la Secretaría de la Defensa Nacional, no los civiles en Palacio Nacional o Constituyentes.

Mejor imposible. Los militares pasarán a la primera fila del aparador de la seguridad, y si las cosas no salen bien o violan los derechos humanos, el Gobierno ya no será su cobertura política ni el que responda por ellos. Sólo ellos serán responsables del éxito o del fracaso de la lucha contra la delincuencia.
20 Febrero 2019 03:54:00
Desentrañando al Presidente
El debate sobre la militarización, que está en el corazón de la creación de la Guardia Nacional, volvió a crear un cisma político en Morena. Para que pudiera aprobarse ese nuevo cuerpo, los senadores de Morena tuvieron que aceptar el mando civil y un límite para que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de seguridad pública, como lo hicieron los diputados de Morena para pasarla semanas antes. Pero como protestó con los diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a inconformarse con sus legisladores, exigiendo implícitamente que corrigieran la iniciativa antes de votarse el jueves. “Con todo respeto a los legisladores, no acepto como titular del Ejecutivo la simulación”, dijo durante su comparecencia matutina en Palacio Nacional.

Para el Presidente, de aprobarse una ley en los términos como se está pactando, donde todas las partes ceden algo para darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas –que es lo que llevan años pidiendo–, es como reeditar a la Policía Federal, que según López Obrador, no ha funcionado. Las razones que expuso para esa afirmación no mencionaron aspectos como los resultados de la Policía Federal en su lucha contra los delincuentes, sino la temática que baña su gobierno, la honestidad. Por eso subrayó la corrupción en compras de equipos y en suministro de alimentos, que afirma, le heredaron. Si se viera sólo en ese plano, probablemente no se entendería lo que dijo el Presidente, o se podría alegar que está desviando la discusión de fondo.

Sin embargo, no es así. Como describió la semana pasada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hay que desentrañar lo que dice López Obrador. Una vez más, es cierto, el Presidente confunde personas con instituciones, pero no por ello deja de ser altamente relevante lo que esbozó. Las razones que empleó para fustigar a la Policía Federal se refieren a la época de opacidad que vivió ese cuerpo durante los dos primeros tercios del Gobierrno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el comisionado de seguridad era Manuel Mondragón –su asesor en la materia y quien realizó el primer plan que le presentó Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad–, quien dependía del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Mondragón recibió una capacidad de fuerza de 36 mil 940 policías federales, todos con control de confianza, y rápidamente comenzó su desmantelamiento. Apagó Plataforma México, la mayor base de datos de inteligencia criminal de América Latina, corrió a los expertos en telemática –que manejaban los drones y decodificaban su información–, y desmanteló las operaciones de largo aliento que se llevaban a cabo contra los cárteles –recuperadas por la Marina–. Cuando entregó cuentas el gobierno de Peña Nieto al de López Obrador, le dieron una capacidad de fuerza prácticamente idéntica, con mayores gastos de operación, sin controles de confianza, y con una inteligencia mermada.

El colapso del sistema policial no es atribuible exclusivamente a Mondragón, sino a lo que hizo la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Osorio Chong, que absorbió todo lo que era la Secretaría de Seguridad Pública y escondió el destino de los recursos. La persona que por sus acciones y decisiones, está detrás de las imputaciones de López Obrador, es Frida Martínez Zamora, muy cercana a uno de los hermanos del actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado, y que había sido directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador. Al iniciar el sexenio peñista, el secretario de Gobernación la nombró jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del CISEN, de donde la trasladó a la Policía Federal, como secretaria general. Desde ese cargo manejo un creciente presupuesto donde hay fuertes sumas de dinero que se desconocen porque fueron manejados dentro del rubro de seguridad nacional, por lo que no tenían que rendir cuentas a nadie.

Bajo su administración en la Policía Federal se canceló el pago de equipos y sensores de vigilancia en el penal de El Altiplano, aprovechado por Joaquín “El Chapo” Guzmán para fugarse en 2015, se dejaron de proporcionar uniformes a los federales, a quienes también los abandonaron muchas veces al no pagar su hospedaje cuando estaban de comisión, obligándolos a dormir a la intemperie. El problema de los contratos de alimentos se ubica sobre todo en el campo de las cárceles, que el gobierno de López Obrador está arrastrando porque actualmente no han podido pagar la alimentación en los penales.

Las explicaciones de López Obrador del porqué quiere acabar con la Policía Federal y desea una Guardia Nacional manejada y controlada por militares tiene nombre y apellido, aunque el Presidente no los haya mencionado. La percepción que tiene de aquellos años cuando la Policía Federal estaba bajo el mando superior de Osorio Chong, es de una gran corrupción. Pero como ya se planteó, el Presidente confunde personas con instituciones. No va a cambiar, ni modificará su postura de querer entregar a los militares la seguridad pública del país. Tampoco se sabe aún cómo quedará finalmente la ley que crea la Guardia Nacional.

Pero López Obrador abrió sutilmente una vena de lucha contra la corrupción en la Policía Federal. Hasta ahora no ha sido claro en este tema en esa área, pese a que en diversas ocasiones ha deslizado la punta de lo que conoce. No puede seguir en el campo de las ambigüedades, acusaciones incompletas, o de las  simulaciones, como él mismo dice. Qué sucedió con los recursos para la seguridad pública durante el gobierno de Peña Nieto, es un túnel que necesita luz. El Presidente haría bien en alumbrarlo.
19 Febrero 2019 03:59:00
La mentira de la Guardia Nacional
El parlamento abierto es una práctica democrática que en México sirve para la propaganda y la justificación política para que los legisladores de Morena acaten las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de violación al equilibrio de poderes, por citar un ejemplo actual, está generando demandas y controversias constitucionales contra el presidente Donald Trump por querer construir un muro en la frontera con México dándole la vuelta a demócratas y republicanos que no le quisieron dar presupuesto suficiente para ello. En Washington, los legisladores son independientes del Ejecutivo, pero en México, los senadores de Morena son un brazo de López Obrador y actúan sin prurito, vergüenza o decoro. La creación de la Guardia Nacional es el ejemplo vivo de las falacias e indignidad que se viven en estos tiempos de regresión democrática.

Durante las sesiones públicas para escuchar el abanico de voces sobre la creación de la Guardia Nacional, todos los partidos y gobernadores de oposición, así como los expertos, argumentaron en contra del control militar en la seguridad pública. Hay consenso para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales mientras se reconstruye a las policías, pero bajo el criterio que tendrían que estar subordinados a un mando civil. El proyecto del dictamen de 250 páginas que está circulando desde el domingo es una burla, con una redacción que ni siquiera pretende ser sofisticada o ambigua que permita diferentes interpretaciones jurídicas.


El artículo Quinto Transitorio, por ejemplo, establece que en tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de cinco años, la Guardia Nacional será adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional para efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad, además de la elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública. No viene en el proyecto del dictamen, pero sí en el organigrama que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una de sus comparecencias públicas, que en el centro del modelo aparece el mando militar sobre la autoridad civil.

El dictamen hace maromas: “El carácter civil de la Guardia Nacional viene determinado por su dependencia de la secretaría del ramo de la Seguridad Ciudadana, así como por su dirección civil”. Es falso, como se aprecia en el Quinto Transitorio previamente citado, donde se establece que el nuevo cuerpo paramilitar responderá a Lomas de Sotelo, no a Constituyentes. Las contradicciones van acompañadas de galimatías a lo largo de la ley de marras. “Si el régimen propio de las fuerzas militares regulares no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles, el régimen especial de las policías con un diseño de disciplina militar como el pretendido, sí logra esa conciliación”, señala. “Consideramos que ello reduce significativamente el riesgo para los derechos humanos que puede implicar la incursión de tropas regulares de defensa nacional en tareas de seguridad pública”.

Considerar es una reflexión que en ninguna parte del texto del dictamen está sustentada. ¿Qué hace pensar al Presidente y a Morena que por ser un nuevo gobierno cambiará la doctrina, entrenamiento y visión de las Fuerzas Armadas? El texto es tramposo. Cuando se refieren a “tropas regulares”, parecería que fueron sólo estas las que se utilizaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ciertamente emplearon cuerpos de élite para operaciones quirúrgicas, pero sobre todo Policía Militar, que es lo que se volverá a emplear.

De hecho, la Guardia Nacional, sin tener ese nombre y con los uniformes actuales, está operando de facto con tres brigadas de infantería de la Policía Militar desde el inicio del sexenio. La Primera Brigada está seis municipios mexiquenses: Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Metepec, Naucalpan y Tehuacán. La Segunda en otros siete municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango. Y la Tercera en otros seis: Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla y Zinacatepec. En total hay mil 235 soldados desplegados en la entidad, que sin ser la más violenta, su cercanía con la Ciudad de México, donde se concentran los poderes económico y político, y los medios de comunicación nacionales, hace que su impacto se multiplique.

Falta por desplegar a militares en el resto de las 265 regiones de alta incidencia delictiva, como fuerzas de tarea de reacción rápida para combatir la delincuencia del fueron común. O sea, nada preventivo, ni nada que se enfoque al combate de los cárteles de la droga. El proyecto del dictamen sólo habla de seguridad pública y delitos del fueron común, que representan alrededor del 92% del total de los delitos, pero a diferencia de anteriores gobiernos, los cárteles de las droga tendrán una vacación sexenal.

Ni los perseguirán físicamente, ni hay nada previsto para erradicar sus plantíos de drogas, ni canales de distribución y comercialización, ni sus ingresos y finanzas. La regresión es a los años previos a 1985, cuando el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, forzó al presidente Miguel de la Madrid a pedir resultados a su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad.

El avasallamiento de López Obrador con sus altos índices de popularidad y la abyección de los legisladores de Morena, apuntan a la aprobación de la Guardia Nacional como la desea el Presidente, al mando de militares. Este modelo forma parte de un viejo proyecto de López Obrador, no necesariamente como el cuerpo policial que se está planteando, sino para co-optar a las Fuerzas Armadas, de cuyo propósito se hablará en un próximo texto.
18 Febrero 2019 04:00:00
El mundo bizarro de Andrés Manuel
La palabra bizarro tiene dos acepciones. Una que proviene de su origen francés, usada también en inglés, que se refiere a una persona extraña, peculiar o extravagante. Otra en español, donde suele confundirse el término, que es positivo y quiere decir valiente. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, los dos sentidos de la palabra se ajustan perfectamente. Tiene un enorme valor para enfrentar todo y a todos todo el tiempo para alcanzar el cambio prometido en la campaña. Al mismo tiempo, utiliza sus enormes recursos políticos para forzarlos sin importarle que el país que dirige no está aislado del mundo y que algunas de las decisiones que están tomando podrán afectar a su gobierno, su proyecto y al país de una manera inimaginable. Este sábado se dio el último paso al territorio de los problemas.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados distribuyó el proyecto de dictamen de 84 páginas donde cambia el esquema de gobierno corporativo de Pemex. Hace casi un mes lo había anticipado la exsíndica de Texcoco, Karla Yuritzi Almazán, miembro de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero no hubo muchas voces que expresaran su preocupación. Este sábado se concretó su iniciativa en donde se descabeza el Gobierno corporativo de Pemex y se le otorgan facultades plenas al titular de Pemex, que para efectos reales y prácticos es el presidente López Obrador, para hacer lo que plazca con la empresa productiva del Estado mexicano sin rendirle cuentas a nadie.

El proyecto señala: “La presente iniciativa pretende establecer un marco jurídico que garantice y permita al director general dirigir, ejecutar, administrar y operar Petróleos Mexicanos y las diversas empresas que la componen, de manera integral para ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación”. En la actualidad, agrega el proyecto, la ley “diluye la responsabilidad en las líneas de actuación y porque un gobierno corporativo implica un órgano que ordena y vigila, pero no opera”. Por lo tanto, los consejeros independientes dejarán de ser realmente independientes y serán funcionarios públicos que le den “certeza” a la buena marcha de Pemex, y se sacuden a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que el titular pueda contratar lo que desee sin un órgano regulador.

Lo que pretende el Presidente es regresar el esquema que había venido construyendo Pemex en los últimos años para adecuarlo a las reglas del mundo, y retroceder más de tres lustros, cuando la arquitectura de las empresas cambió tras los escándalos corporativos en Estados Unidos entra 2000 y 2002. Corporaciones como Enron Corporation, la empresa petrolera y energía de Houston con fuertes vínculos con el gobierno de George W. Bush, Tyco International y WorldCom, encabezaron una serie de escándalos de malas prácticas que rompieron la confianza de los inversionistas en las contabilidades que les presentaban al declararse en bancarrota, pese a la solidez financiera de algunas de ellas. Esa crisis originó demandas urgentes para reestablecer los estándares regulatorios que habían sido desmantelados siete años antes, lo que les había facilitado actuar fraudulentamente.

Con el fin de establecer nuevos estándares contables, el senador Paul Sarbanes y el diputado Michael Oxley prepararon una iniciativa de ley que restablecía un marco regulatorio al que incorporaban una administración corporativa y un consejo de administración corporativo, a fin de que nunca más las empresas públicas se manejaran sin pesos ni contrapesos, o sin rendir cuentas a nadie. Esta ley es lo que se conoce como el Acta Sarbanes-Oxley, que fue aprobada en 2002 para proteger a los inversionistas de posibles actividades contables fraudulentas por parte de las empresas.

Esa Acta creó un sistema de reglas, prácticas y procesos que se le llama gobierno corporativo, que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Como explica Deloitte, una empresa multinacional con operaciones en México, “establece las relaciones entre la junta directiva y el consejo de administración, los accionistas y el resto de partes interesadas, y estipula las reglas oír las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para generar valor”. La aplicación de un código de buen gobierno, agrega, es la garantía para el crecimiento sostenible, restablece la confianza de los inversionistas y aumenta el acceso al crédito.

El proyecto que distribuyó la diputada Almazán el sábado, camina en sentido contrario. Opacidad contra transparencia, sin contrapesos ni mecanismos de rendición de cuentas, con manejo unipersonal de Pemex para tomar decisiones verticales. El gobierno corporativo desaparece por completo y la empresa se manejará de acuerdo a los intereses del presidente en turno a través del titular en turno. De concretarse en Ley la iniciativa de Morena, chocará con el Acta Sarbanes-Oxley que busca proteger a los invervionistas con lo que se abre la posibilidad de que en el futuro, todo lo que quiera hacerf Pemex en el mundo sea revisado por la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos.

No se puede decir que de aprobarse la ley se le cerrará el crédito a Pemex en el mundo y se parará la inversión extranjera en la empresa, pero sí se puede argumentar que la colocación de bonos para financiamientos, la búsqueda de líneas de crédito o de inversionistas, será cada vez más difícil de conseguir. Es cierto que el presidente López Obrador ya dijo que Pemex no emitirá bonos de deuda ni se endeudará, y que se revisarán los contratos con inversionistas extranjeros porque no le gustan los resultados. También ha dicho que no quiere tratos petroleros con el mundo sino mirar solamente hacia adentro. Eso también es un proyecto de nación. Inexistente, por cierto, hasta en Corea del Norte.
15 Febrero 2019 03:45:00
Un consejo para las mañaneras 
Salir todas las mañanas a sostener sobre sus hombros el peso del Gobierno mexicano, controlar el mensaje, manejar los ciclos informativos e imponer la agenda pública del día, no debe ser nada fácil para Andrés Manuel López Obrador, quien en una combinación de comparecencia pública a través de un town hall con medios y una conferencia de prensa matutina que suele extenderse por más de 70 minutos, desarrolla un tema que quiere enfatizar ese día y entra a la dimensión desconocida.

El primer momento está controlado, con un mensaje que acompaña con un Power Point y ocasionalmente con miembros del gabinete. El segundo es impredecible, con una miscelánea de preguntas que responden a intereses informativos y políticos diversos, en ocasiones convertido en una especie de corte de los milagros, donde algunos periodistas son utilizados como gestores, o activistas colados plantan su manifiesto. López Obrador batea todo lo que le mandan –por utilizar una metáfora de su deporte favorito–, y a veces abanica strike.

El ritmo es agotador, y aunque mantiene el control de la agenda informativa todos los días, rara vez los temas de relevancia que subsisten en la opinión pública son los que originalmente llevó para plantarlos. La orientación de la agenda, más bien, la ponen los medios. López Obrador responde todo, pero usualmente deja más dudas que certezas. Es natural. Si en el segundo momento se mete a una selva donde aunque hay corderos abundan los lobos, y sin más herramientas que su moral, la utilidad práctica que de ella emane se agota rápidamente cuando lo que se buscan son datos, no sermones. Si el ejercicio empieza a hacer agua, como en los últimos días, el Presidente empieza a exasperarse y se le empieza a notar. Lo peor que podría pasar es que las cámaras de televisión lo vieran descomponerse, enojarse, gritar o dar manotazos.

Algo urgente tiene que hacer con las mañaneras. El ideal para un Presidente, cancelar las comparecencias diarias y hacerlas periódicas, está fuera de discusión; López Obrador no lo hará, cuando menos por ahora. El formato tampoco cambiará, porque considera que sí le funciona para llenar el espacio público, lo que es cierto, pero al mismo tiempo, engañoso: si ocupa el espacio, pero comete errores o se tropieza, los errores se magnifican. Por tanto, el Presidente tiene que reducir sus márgenes de error que, por lo demás, no necesita imaginar la fórmula ni que alguien invente un modelo. Lo que requiere es que su equipo le ayude a mantener el esquema vigente mediante apoyos concretos.

Para hacerlo puede recurrir a viejos recursos. Uno muy útil para el formato que utiliza es que el equipo de prensa hable con los periodistas antes de que comience la conferencia, para averiguar cuáles son los temas que tienen en la mente, sus mayores intereses o incluso comentarios sobre alguna información publicada que les haya causado sorpresa. Cuando terminen de realizar el sondeo pueden identificar los principales temas y quiénes los traen en la cabeza, a fin de que preparen tarjetas específicas con las respuestas y los datos que pueda utilizar el Presidente en caso de que se la pregunten. Importante saber quiénes son los más proclives a preguntarle sobre ese tema, para que así el presidente los identifique y si el tema es uno que quiera resaltar, le concede la palabra, responda lo que quiere y además, inyectar su propio spin.

A López Obrador no le gusta mucho compartir el escenario y sí, en cambio, mostrarse como un actor dominante en toda su extensión. Aún así, debería tener detrás de las mamparas un equipo que esté preparando tarjetas con información que le puedan suministrar inmediatamente después de que le hagan una pregunta comprometedora, como cuando una corresponsal de Bloomberg le pidió el jueves estimaciones sobre la deuda de Pemex y él no supo qué contestar y se tambaleó. El Presidente puede y debe tener la mejor información de todo, pero no necesariamente saber de todo. El equipo del Presidente que le ayuda con la información, también le sirve para verificar que lo que le está informando su equipo es cierto. No basta que diga que lo que él dice en el Salón de la Tesorería está confirmado; tiene que demostrarse que así es.

Este sistema presidencial de verificación le evitaría meterse en problemas por culpa de otros. El caso de los sospechosos de siempre del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, es un ejemplo. Bartlett presentó una lista de destructores de la empresa, hablando de conflictos de interés y corrupción, en donde incluyó nombres de personas que nunca trabajaron en el sector eléctrico o jamás tuvieron relación con nada vinculado a la CFE. Pero al estar parado López Obrador junto a él, lanzando acusaciones a partir de su mensaje, el presidente quedó vulnerable y tuvo que pagar el costo de estar mal informado por la información incorrecta que usó Bartlett, que no fue corroborada por el equipo presidencial.

Mucho ayudaría a López Obrador que tuviera ese respaldo y, sobre todo, que aceptara que lo necesita. Es difícil contradecir al Presidente porque es de ideas muy fijas, pero en juego está toda la acción del Gobierno. Sólo en la conferencia del jueves habló de seis grandes temas divididos en 20 subtemas, reflejando la  enorme atomización informativa. Su equipo tiene que acotar el desorden que el mismo Presidente impone, con tiempos indefinidos para la comparecencia-conferencia, y preguntas múltiples de la misma persona. Todo está improvisado pero tendría que anteponer lo que dice un experto, Raúl Quintanilla: “Cuando mejor sale lo improvisado, es cuando está planeado”.
14 Febrero 2019 03:35:00
‘Se va a acabar la luz’
Desde hace muchos años, Manuel Bartlett tiene profundos diferendos con quien veía primero como sus enemigos y luego como traidores de la patria. Nunca asimiló que Carlos Salinas le arrebatara la candidatura presidencial, y vio a dos de sus cercanos, José Córdoba y Luis Téllez, como las primeras cabezas a cortar. “Se dedicaron a vender el país”, dijo hace mucho tiempo en una conversación abierta. Y en agosto de 2013, le dijo a Proceso: “Pasaron de ser cómplices en el Gobierno para la apertura energética, a socios de las grandes empresas. Hoy pretenden traicionar a la patria abriendo en su totalidad todo el sector (energético) a la iniciativa privada, en especial a las grandes trasnacionales”. Un sexenio después, en el magnífico escenario de Palacio Nacional, cerró un primer ciclo.

Bartlett apareció el lunes junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador paras hacer la denuncia contra quienes, alegaron contribuyeron a la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad que hoy encabeza. El discurso de López Obrador era una calca de lo que siempre sostuvo Bartlett. Las acusaciones, igual. Las insinuaciones, idénticas. Las ideas de Bartlett están bien fijas en la cabeza del Presidente. Se podría decir que años de manipulación le dieron resultados tangibles. O casi. Poco después del evento, Bartlett vio al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en su despacho de Palacio Nacional. Le llevó todos los proyectos que presentó en la conferencia mañanera, pero recibió un “no hay dinero” como respuesta. Pues pida prestado, insistió. Imposible. Se va a acabar la luz, replicó. Es su problema, respondió Urzúa, porque el mío es que México no se endeude. Ahí comenzó el segundo ciclo, el de la realidad.

Bartlett debió haber visto los síntomas de lo que le sucede a la CFE, como una de las muchas dependencias que no tienen dinero para hacer todo lo que quiere y planea el presidente López Obrador, por lo menos bajo el esquema ideológico del director de la paraestatal. En algún lugar del siglo pasado se quedó anclado su pensamiento, pues durante la conferencia de prensa, en la explicación del porqué querían relanzar la CFE y meter controles a lo que se había hecho en el pasado, tocó muy bien la música pero al no saber la partitura, probablemente no tenía idea de que estaba bien, pero por las razones contrarias.

En toda su exposición habló de conflictos de interés de funcionarios en los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, pero por razones inexplicables dejó fuera de su retórica a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los contratos que dijo revisarían, que es parte toral de su exploración sobre los presuntos malos manejos del pasado, tendría que haberlos referido a los firmados en 2016, 2017 y 2018, después de acordar las dos grandes agencias de estándares contables en Estados Unidos y Europa una definición común de cuáles debían ser ubicados solamente en el campo financiero y cuáles debían ser incorporados en los balances. Ese nuevo marco de contratos colocó a los conocidos como take or pay, donde el comprador queda obligado a pagar por el producto adquirido, ya sea que lo consuma o no por cualquier razón, como deuda pública.

Bartlett tendría que haber estado enterado de ello, así como también quienes firmaron los contratos de las licitaciones de un gasoducto y las tres primeras subastas eléctricas, que estaban fuera de los estándares internacionales. Tocó el tema de manera incorrecta cuando dijo que EInova había dejado de entregar energía en 2017 mientras la CFE continuó pagando. La empresa respondió en un comunicado que la razón del corte de suministro fueron sabotajes al gasoducto, por lo cual presentó denuncias ante las autoridades judiciales. En el contexto internacional, la empresa no es responsable de lo que sucedió, sino el Gobierno. Si se le inserta en los estándares contables acordados en 2016, ese tipo de contrato debió haber sido incorporado como deuda pública.

Las declaraciones de Bartlett avaladas por el Presidente provocaron una caída en la acción de EInova, que abrió en 75 dólares, se cayó a 70 tras las declaraciones y cerró en 72. Sus afirmaciones ligeras y poco informadas, produjeron un descalabro de una empresa mexicana cuya matriz en Estados Unidos, tiene grandes relaciones históricas con la Casa Blanca. Si quiere encontrar responsables, mejor que busque en la CFE durante la administración peñista, en lugar de saldar viejas deudas políticas con sus adversarios, colocando al presidente López Obrador en una situación vulnerable.

El contexto político-ideológico de la presentación de Bartlett es disonante con la realidad del sector eléctrico hoy en día. Urzúa le dio el primer manotazo para regresarlo a la realidad. Ya lo debería haber entendido. La Secretaría de Hacienda no consideró a la CFE dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y no le va a dar dinero. Bartlett podrá revolcarse en la ira y cabildear con el presidente para que le den dinero. El director de la empresa haría bien en revisar el artículo 20 transitorio de la Reforma Económica, que establece que las empresas productivas del Estado son autónomas a lo que decida su Consejo de Administración, salvo en materia de endeudamiento, donde Hacienda tiene todas las atribuciones y responsabilidades.

Urzúa es el dique de Bartlett y su sueños monopólicos a partir de deuda pública. Pero ante todo, el director de la CFE debe entender que el sector no es lo que conoció en los 80, que el mundo ya cambió, y que por el camino que va, en efecto, se va a quedar el país sin luz.
13 Febrero 2019 03:55:00
El Presidente se enojó
El presidente Andrés Manuel López Obrador está enojado. Lo hizo explícito en su comparecencia pública en Palacio Nacional, al realizar el alegato en contra del pasado más profundo, vehemente y desafiante que ha hecho en su naciente Administración.


López Obrador fustigó a gobiernos y exfuncionarios, a quienes acusó de corrupción, escalando sus imputaciones a órganos autónomos y organizaciones no gubernamentales. El mensaje es que todo el pasado apesta y hay que erradicarlo.

Hay verdades en sus razonamientos, pero su belicosidad generalizada preocupa e intriga. ¿Qué tanto esa retórica es pura y qué tanto es distractor? El dilema no podrá resolverse en el corto plazo, pero la ruptura con todo el pasado comenzó.

López Obrador se presentó en Palacio Nacional ante la expectativa de con qué iba a salir y contra quién se iba a ir. Pese a ello, sorprendió con su narrativa del presente y el futuro que representa él, como símbolo de honestidad, y todo lo que no es él ni responde a él, como íconos de lo oscuro y la corrupción. Reaccionó así a las réplicas que le hicieron exfuncionarios y empresas a las que acusó de corrupción y conflicto
de interés.


Esta comparecencia marca un antes y un después, al haber cambiado López Obrador la rutina de presentar un programa o una idea de lo que quiere hacer su Gobierno. En su intervención mañanera, atacó todos los frentes en 360 grados. Como botones de muestra:


1) “Muchas de estas cosas de abusos, de falta de moralidad, se presentaron por la mescolanza entre poder público y poder privado, o sea no había frontera, no había separación, el Gobierno estaba convertido en un comité al servicio de los hombres de negocios, mujeres y hombres de negocios, más hombres que mujeres, entonces ya hay esta separación que es sana para todos”.


López Obrador volvió a condenar esa puerta giratoria, donde hay circulación recurrente entre el Gobierno y el sector privado y viceversa, tomando como medida a Estados Unidos para enfatizar lo que considera corrupción en México. Su analogía fue incorrecta, y esa puerta giratoria es una práctica normal en el mundo, que apunta precisamente lo contrario, la honestidad del servidor público que tiene que seguir trabajando para vivir. Lo que es extraño es cuando un servidor público no tiene que trabajar al dejar el cargo, o vivir sin ingresos registrados. Pero no está del todo mal lo que sostiene el Presidente. Lo que necesita es apuntar quirúrgicamente.


2) “Hubo mucha simulación, se crearon diversos organismos supuestamente autónomos, independientes, toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno, para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares y en todos esos organismos la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de intereses creados y nos vendieron la idea de que esto era la independencia, la autonomía, la llamada sociedad civil, que eran gente decente porque los del Gobierno eran unos corruptos”.

Su ataque busca regresar a principios de los 90, cuando empezó el cambio del diseño institucional del Gobierno y se crearon órganos constitucionales autónomos que sirvieran de contrapeso a los poderes del Estado. Así surgió la autonomía del Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en aquella década, y en la siguiente logró su autonomía el Inegi y se fortaleció lo que hoy es el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

En la segunda década de este siglo nacieron la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Descalificar con generalizaciones no lleva a ningún lado salvo a la polarización. No son las instituciones, sino las personas. Si lo enfoca de esa manera, encontrará a través de lo que descubra, el apoyo de los incrédulos de sus intenciones.

3) “No le hace que se enojen, que no estén a gusto, pero tenemos que acabar con el cáncer de la corrupción y con la simulación, con el hecho de que las leyes se respetan en la forma pero se violan en el fondo, que se está hablando de derecho cuando es un estado de chueco”.

Toda la narrativa concluye en esto, que justifica su denuncia permanente de corrupción. Si no le gustan las leyes al Presidente, dice que se violan porque no se aplican. Cuando las que existen no le benefician, las cambia. El conflicto de interés no existe en su entorno, sino en el de los otros.

El determinismo que emplea produce confusión y confrontación. Es tan fuerte y tan expansiva su crítica a todos por todo, que queda la duda si no es un distractor para el problema económico que se le avecina.

En las páginas de El Financiero, su director editorial y uno de los mejores analistas económicos del país, Enrique Quintana, ha ido detallando esta semana la desaceleración económica a partir de los indicadores.

“El Gobierno federal debe preparar muy pronto una nueva narrativa para explicar un conjunto de datos que van a ser muy desfavorables”, anticipó Quintana. ¿Es acaso esa nueva narrativa lanzarse contra todo el pasado y responsabilizarlo de todo?

Sólo López Obrador sabe el fondo de sus motivaciones. De cualquier forma, cualquier camino, en estos momentos que necesita cohesión, es de muy alto riesgo. Si hay delitos que perseguir que actúe; si no existen, que no estigmatice. La desunión nacional que tanto promueve no lleva a ningún lado, y puede acabar con él mismo, incluso, tarde o temprano.
12 Febrero 2019 03:59:00
La escopeta del Presidente
Como todas las mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador disparó ayer con su escopeta habitual. Ahora tocó al sector energético, donde se le fue encima a empresas mexicanas e internacionales, y señaló a exfuncionarios federales de haber contribuido a la “destrucción masiva” de la Comisión Federal de Electricidad. Había anticipado el viernes que hoy revelaría casos de corrupción en la CFE, lo que no sucedió. Lo que sí pasó, en voz de su director Manuel Bartlett, fueron viejos señalamientos sobre exfuncionarios que trabajan para empresas de generación eléctrica internacionales, o les dan consultorías.

Lo que explicaron, cuando menos hasta ahora, no acreditaba siquiera conflicto de interés. Se lo hizo ver inmediatamente el expresidente Felipe Calderón, cuando le recordó una vez más que la ley establece plazos durante los cuales no puede trabajar un exfuncionario en un campo que fue de su especialidad. Las críticas al Presidente y a Bartlett siguieron durante el día, por la imprecisión o falsedad de varias imputaciones. Eso ya lo debía haber sabido con seguridad, pero lo importante para él no es la realidad, sino la percepción. El viernes pasado planteó abrir la cloaca en la CFE, que se redujo a una acusación sin pruebas por parte de Bartlett, de que “la influencia de exfuncionarios en empresas privadas deriva en que la capacidad de la CFE se haya reducido a ser una empresa que genera apenas el 50% de la energía del país”.

Echar la culpa al pasado es la justificación que ha utilizado para buscar el apoyo consensuado para sus políticas de Gobierno y colocar los ladrillos para, si no la abrogación de la reforma energética, sí su congelamiento. En su conferencia de prensa, el Presidente mantuvo el mismo patrón que ha seguido desde el arranque de su Gobierno: empaquetar sus acciones en el discurso de que los anteriores gobiernos eran corruptos y saquearon al país. El discurso tiene la técnica de Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda nazi, de repetir una idea hasta que termine incubándose en la mente como una realidad.

“Es un asunto de semiótica”, dice un agudo observador político. “Todo lo que maneja el Presidente son símbolos”. La semiótica, en su definición clásica, es la ciencia que estudia los sistemas de signos que permiten la comunicación entre los individuos. Grandes imágenes que ha logrado sembrar en el imaginario colectivo son las de los “fifís”, para identificar todo aquellos que se opone a los deseos de las mayorías, o “conservadores”, que utiliza para referirse a sus críticos o a los disidentes. López Obrador juega todo el tiempo con la palabra corrupción, pero siempre la asocia con los privilegios. “Los mexicanos responden a los privilegios, que les molestan mucho, no a la corrupción”, agregó el observador.

La forma como presentan verosimilitudes vestidas con verdades es muy eficiente. Por ejemplo, nadie reparó que Bartlett fue miembro de uno de los gobiernos que ahora fustiga (Carlos Salinas) y gobernador priista de Puebla durante otro (Ernesto Zedillo). Tampoco en que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, trabajó muy de cerca con el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, mencionado por el vocero presidencial como otro de los exfuncionarios clave en la “destrucción” de la CFE, ni que trabajó como el hombre fuerte de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

El método utilizado por el Presidente es siempre el mismo. Si modifica la entrega de recursos a estancias infantiles, es porque hubo actos de corrupción de panistas. Si las cosas en Pemex no están saliendo bien, tiene que ver con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Si hay exigencia de transparencia a su Gobierno, la descalificación corre a través de la mentira que antes no se exigía nada y ahora sí acosan a su Gabinete. Si la economía tropieza es porque le dejaron un país en bancarrota.

Si le está costando trabajo que su Gobierno funcione es porque los están saboteando los “conservadores”. Dentro de su propio equipo, cuando hay observaciones sobre algún funcionario y su inexperiencia, responde que “prefiero la larga curva de aprendizaje al bandidaje”. A cada síntoma que pueda causarle daño a su Gobierno, siempre recurre a la misma receta, voltear por el espejo retrovisor para mostrar la podredumbre del pasado.

Los símbolos que permanentemente emplea López Obrador le han permitido ir aumentando su aprobación como Presidente, en niveles muy superiores incluso al total de quienes votaron por él. Se podría argumentar que el discurso que tiene es penetrante y efectivo porque cumple funciones terapéuticas, que ni en la clase política ni en los medios alcanzamos a comprender en toda su cabalidad. La indignación nacional contra la corrupción y los privilegios, registrada en las urnas desde las elecciones intermedias en 2015, es la fortaleza que va acumulando cada día con esos mensajes, y le permite pelearse todos los días con agentes económicos, actores políticos o medios y sociedad civil, sin mella alguna.

El Presidente sale todos los días a la palestra del Salón de la Tesorería en Palacio Nacional para disparar con una escopeta para todos lados. Siempre pega en el centro, porque sus objetivos cotidianos le responden de manera convencional y no contrarrestan los ataques. ¿Cuánto más lo podrá hacer? Por la forma como se le responde y confrontan sus dichos, el combustible que tiene López Obrador es bastante. El desafío, como apuntó el agudo observador, es encontrar un símbolo que se enfrenta a los suyos. Es decir, la batalla de las imágenes por las mentes, herramienta indispensable en estos tiempos de la cuarta transformación.
11 Febrero 2019 03:31:00
Problemas de éxito
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un problema de éxito. Severo y probablemente grave para su gobierno y el país, pero invisible para él y para sus miles de seguidores que crecen cada mes. El problema es el éxito alcanzado en el consenso para gobernar. La última encuesta publicada por El Financiero el lunes pasado, mostró que el apoyo al Presidente subió 10 puntos porcentuales en tres semanas, y lo colocó con una espectacular aprobación de 8.6 mexicanos de cada 10. Con ese respaldo, como sugieren sus leales, ¿qué importa lo que digan sus críticos? O peor aún, ¿quién dice que no está haciendo lo que el pueblo quiere?

El pueblo aplaudió que vendiera el avión presidencial, por el que, aún estacionado en una bodega que cuesta un millón de pesos al mes, se seguirán pagando más de 8 mil millones de pesos anuales por el arrendamiento. Y apoyó el manejo político con los maestros de Michoacán que provocó pérdidas superiores a los 15 mil millones de pesos. Con el voto de 700 mil personas canceló el aeropuerto en Texcoco, y generó deudas por más de 6 mil millones de dólares –que seguirá subiendo-, el quiebre de la confianza de los inversionistas, la elevación de las tasas a largo plazo a 28% y una pérdida de siete meses de utilidades en las Afores. No importó. Más vítores.

Ocultó el desabasto de combustible y el despido de los expertos de logística de Pemex con la cruzada contra el huachicol, que dice permitió ahorros de más de 5 mil millones de pesos, aunque a costa de pérdidas por más de 30 mil millones y una contribución importante a la desaceleración de la economía.

La ovación sigue de pie. Se pueden seguir enumerando costos que no había hace dos meses y que están golpeando a los mexicanos –aunque sus efectos aún no sientan con rigor-, con un Presidente que es la antítesis del Rey Midas. Pero a la mayoría de los mismos mexicanos, le es irrelevante. López Obrador está haciendo aquello por lo que votaron por él.

Esto es lo que debe hacer un gobernante por sus gobernados. Pero si bien esta es una verdad absoluta, un gobernante tiene que relativizar sus acciones. ¿Qué tanto una promesa de campaña puede ser contraproducente para sus propios electores si la lleva a cabo? A López Obrador le gusta un extracto de las últimas líneas que pronunció el presidente Abraham Lincoln en noviembre de 1893 en Gettysburg, sitio de una de las batallas más sangrientas y decisivas de la Guerra Civil, y considerado el discurso político más importante en la historia de Estados Unidos: “Esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y el Gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no desaparecerá de la Tierra”.

El pueblo manda, pero el Presidente guía. El norte de Estados Unidos no estaba muy de acuerdo con el discurso del presidente Lincoln, porque en Gettysburg hizo un homenaje a todos “los hombres bravos, vivos y muertos, que pelearon aquí” por una causa que los estadunidenses debían luchar para que no fuera en vano. Lincoln se levantó entre todos para gobernar para todos y colocó el cemento que impidió la ruptura de esa nación. El poder, aquí, debe ser secular. El Gobierno del pueblo, en un sistema representativo como es México, entrega el mandato al presidente para que tome decisiones colectivas en nombre suyo, no para que le regrese al pueblo las decisiones a mano alzada, y emprenda algunas quizás impopulares o, incluso, contrarias a lo que prometió.

En el caso de López Obrador, sólo la participación de los militares en la lucha contra la inseguridad, es ejemplo de cómo sí puede tomar decisiones por las cuales no votaron por él. Pero esa decisión, como todas las de índole económica y política que ha tomado, generan creciente apoyo acrítico en una población mayoritaria que cree todo en él. Ese respaldo acota a quienes en su entorno le quieren hacer ver lo fallido de algunas de las decisiones que ha tomado o lo invita a estudiar alternativas. ¿Por qué no hacer las cosas como las desea cuando a la gente le gustan y lo apoyan?

El apoyo creciente de su aprobación tiene muy nerviosos a los mercados, al empoderarlo aún más por el consenso en torno suyo. Varios inversionistas reprocharon a su equipo hacendario en enero en Nueva York, que no los entendieran. La consultora Euroasia envió un reporte a sus clientes tras la publicación de la encuesta en El Financiero, advirtiendo que ese apoyo fortalecía la ruta por la que corre el presidente López Obrador. Lo que están viendo no les gusta.

El viernes pasado, el Financial Times, el periódico financiero más influyente del mundo, publicó una encuesta de Credit Suisse elaborada por Buendía&Laredo, donde inversionistas mexicanos y extranjeros decían que la economía se encontraba en una situación peor de como estaba hace un año (75%), y que las decisiones políticas y económicas de López Obrador habían generado incertidumbre (51%).

“La luna de miel de López Obrador puede ser más larga que cualquiera de sus predecesores, pero inevitablemente, al final de este año, declinará”, anticipó Euroasia, “en parte al deterioro natural, pero el crecimiento más bajo y la creciente polarización empezará a lastimarlo. Mantendrá el control del sistema político y probablemente el apoyo de una gran parte del electorado. (Entonces) redoblará sus esfuerzos para incrementar el poder de la Presidencia y la intervención del Estado para manejar las dificultades”.

El éxito lo tiene, pero los presagios son malos. Si antes escuchaba poco, es la lectura entre líneas, ahora menos.
08 Febrero 2019 03:54:00
El inefable ‘Napito’
Los problemas legales para Napoleón Gómez Urrutia se están incrementando. El miércoles, una pequeña manifestación en el Ángel de la Independencia precedió a una acusación formal de fraude en contra de más de 2 mil mineros de Cananea ante la Fiscalía General, y una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador para que interceda y fuerce al líder minero, apodado Napito, a que aclare qué hizo con esos recursos. La acusación es secuela de un viejo proceso por no haberlos indemnizado con los 55 millones de dólares de la venta de las acciones de la minera Mexicana Cananea. Pero lo más probable es que esta nueva denuncia corra la suerte de las anteriores: será congelada y sobreseída, mientras “Napito” acumula poder bajo la protección presidencial.

“Napito” es el líder sindical más empoderado de la Cuarta Transformación, que están construyendo un renovado polo de poder en el cambio de régimen propuesto por el presidente López Obrador, que podría convertirse en un problema para su proyecto de nación. Pero no es el único. En poco más de dos meses de Gobierno, los sindicatos que apostaron por López Obrador están canjeando rápidamente sus respaldos. En Michoacán y en el territorio CNTE, la disidencia magisterial está respaldándose en el Gobierno para cobrar los adeudos que durante meses les fueron negando. En Tamaulipas se enfrentaron a las maquiladoras y encontraron en sus contratos colectivos la manera de incrementar sustancialmente, dentro de la ley, sus ingresos.

Gómez Urrutia, sin embargo, se maneja en estadio diferente. Acusado por el fraude de 55 millones de dólares en perjuicio de 10 mil mineros en 2005, se fugó de México y adquirió la ciudadanía canadiense en agosto de 2013, arropado por los sindicatos minero de Canadá y de la industria del acero de Estados Unidos. No pudo negociar con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto su regreso a México, pero encontró la puerta del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para su retorno triunfante. “Napito” fue colocado en la lista plurinominal de senadores, luego que el líder laborista del Reino Unido, James Corbyn, se lo recomendara a López Obrador. Con ese apoyo, el Tribunal Electoral desestimó que el líder minero tuviera la nacionalidad canadiense, y contra las disposiciones legales, aprovechando un hueco en la Ley, aprobó su candidatura.

Desde la parte final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ya había resuelto la parte penal de la demanda, al exonerarlo la PGR del fraude a los mineros, quienes no se quedaron quietos. Este miércoles lo volvieron a demandar. De acuerdo con Eje Central, presentaron cuatro documentos que la firma de “Napito”, que se constituye como representante de los miembros del sindicato minero, cuando “no estaba facultado jurídicamente” para representar a quienes ya no eran mineros sindicalizados sino en retiro, según los quejosos. Miembros de la Comisión de Reclamantes han buscado audiencia con López Obrador desde que era presidente electo para que interceda en el esclarecimiento del destino de los recursos que “por justicia” deben recibir los trabajadores, sin éxito hasta ahora.

No se ve tampoco que vayan a fructificar sus recursos legales. Gómez Urrutia ha ido aprovechando las contradicciones y conflictos que viven los sindicatos y el descrédito de muchos de sus líderes para ir tejiendo alianzas que, como lo aprecian quienes observan los movimientos en ese sector, emerja como el gran líder de todos los sindicatos, como se apreció en la huelga de maquiladoras en Matamoros, donde el sector empresarial lo acusó de estar detrás de los sindicatos que se fueron a paro para presionar por aumento de salarios, prestaciones y bonos extraordinarios. “Napito” ha negado esas imputaciones, pese a que varios de quienes encabezaron el movimiento fueron vinculados a él.

La turbulencia en los sindicatos ha abierto los espacios, alimentada por la permisividad del Gobierno que no ha sido intermediario sino verdugo. El caso del dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps es un ejemplo. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le exigió que renunciara, a lo que Romero Deschamps se negó a hacerlo en los términos de capitulación como se le pidió. El resultado fue una operación de pinzas.

Por un lado, la asociación Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, revivió una denuncia penal en la Fiscalía General, que presentó por los mismos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, en 2017. Por el otro, se empezó a circular en redes sociales nombres de posibles sustitutos e insinuaciones de investigaciones, lo que puso muy nervioso al dirigente petrolero al llevarlo a un terreno donde afloran los errores, como pedir un amparo buscador, como definen a aquellos recursos legales para saber si hay procesos en contra de uno, que alimentó la percepción de que delinquió.

El cambio de cabezas en los sindicatos, parte de la política de relevo general de López Obrador, es lo que ha aprovechado Gómez Urrutia. Tiene como alfil a Pedro Haces, quien fue colocado como senador sustituto de Germán Martínez, y tomó su lugar en el Senado al pedir licencia para dirigir el Seguro Social. “Los días de la CTM están contados”, dijo ayer al relevar a Martínez. “Se acabó la era de los cacicazgos. Nunca más la imposición y el dedazo en los sindicatos”. Lo primero que hizo en esa cámara, fue forjar la relación con quien representa lo contrario, “Napito”.

La fortaleza de Gómez Urrutia se incrementa cada vez más. La denuncia presentada en su contra es la continuación de procesos legales que lo han perseguido por cuatro sexenios, sin que lo alcancen. Ahora, con López Obrador en la Presidencia, menos. “Napito” va corriendo a ser el Fidel Velázquez de la Cuarta Transformación.
07 Febrero 2019 03:46:00
La guerrilla frente a Andrés
El domingo se conmemoró el 47 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, que fundó y dirigió la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Guerrero, cuyos dirigentes han sido sometidos por décadas a vigilancia, persecución y represión por parte de fuerzas federales. En el acto en la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, su viejo compañero de lucha, Arturo Miranda Ramírez, dirigente actual de la ACNR, hizo una propuesta provocadora al presidente Andrés Manuel López Obrador: crear milicias populares –grupos paramilitares– para defender su proyecto de gobierno porque no cuenta con el Ejército, el poder económico sigue en manos de la oligarquía y en su gabinete, subrayó, hay personas que incluso defienden esa clase.

De aceptarse la propuesta –lo que se antoja remoto–, empataría con el imaginario colectivo que López Obrador quiere seguir el camino de Fidel Castro y Hugo Chávez, mediante la instauración de un Estado subordinado a él y controlado a través de un aparato policial represor. La ACNR tuvo un origen guerrillero que apostaba por la lucha armada para generar cambio. Hoy se le puede ubicar como parte del frente de masas, con conexiones guerrilleras pero sin ser parte orgánica de ella, para que mediante acciones coordinadas se logren objetivos políticos. Al apoyar al Presidente y proponerle tácticas paramilitares, Miranda Ramírez mostró que en Guerrero no hay un enfrentamiento contra López Obrador, a diferencia de otros grupos radicales que rompieron con el Presidente y optan por un cambio fuera de los cauces legales.

Uno es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que recientemente confrontó a López Obrador y estableció su territorio para impedir la construcción del Tren Maya. El EZLN, sin embargo, es una guerrilla que ha utilizado más la pluma que las armas, y desarrollado un sistema de organización social que ha construido ante la complacencia de gobiernos sucesivos, un Estado dentro del Estado en Chiapas, con decenas de comunidades donde los zapatistas son gobierno. El otro es el Ejército Popular Revolucionario, que había guardado un silencio casi total frente a López Obrador –aunque emitió un comunicado crítico al iniciar su gobierno–, y que confrontó al Presidente en el último número de El Insurgente, el órgano de comunicación guerrillero, donde la descalificación de López Obrador, se podría decir, es brutal.

El editorial del periódico cambió de pluma. La actual es menos propagandística, ideológicamente más sólida y marcadamente militarista. No hay concesión a López Obrador, ni reconocimiento de nada. Para el EPR, el Presidente es parte del mismo Estado burgués, que pese a su discurso contra el neoliberalismo de los gobiernos tecnócratas sigue siendo un gobierno capitalista. López Obrador, dijo el EPR con una marcada influencia marxista, no cuestionó las leyes con las que funciona el modo de producción, ni alteró sustancialmente la base económica, ni la superestructura social de la formación socioeconómica. Por tanto, aclaró, el régimen de producción de intercambio y de distribución de carácter capitalista, permanecen intactos.

No cree en que sea un gobierno del pueblo para el pueblo, como ha dicho López Obrador retomando la frase más trascendente de Abraham Lincoln, y de su política de bienestar sostiene que “son paliativos que aparte de otorgar un falso carácter popular a la política de Gobierno, fortalece a la base económica de la política del régimen neoliberal”. Si se analiza el discurso de López Obrador bajo líneas historicistas, se puede argumentar que el EPR tiene mucha razón en esa crítica. El Estado de Bienestar, ideado por el economista inglés John Maynard Keynes, fue definido por el historiador Eric Hobsbawn, como la “edad de oro” del capitalismo, por el desarrollo económico de todos los grupos sociales.

El editorial del EPR diseccionó el proyecto de Nación 2018-2024 que presentó hace más de un año, y minimizó sus propuestas. Ni siquiera le da el nivel de “gobierno” al de López Obrador, sino se refiere a él como una “junta administrativa”, donde lo que busca es sustituir a las élites con sus élites, y mantener un capitalismo a su medida. López Obrador no es un neoliberal ante sus ojos, pero sí un “liberal moderado” que ha propuesto –esta es una de sus más grandes críticas–, una Guardia Nacional que justifica a partir de premisas falsas, como la estigmatización de la pobreza como factor único de la inseguridad, que en realidad pretende dos objetivos: sujetar a la sociedad a su propio imperio, y distorsionar la realidad para “cuadrarla” a su propio gobierno.

El planteamiento del EPR, sin los calificativos despectivos que hizo el EZLN sobre López Obrador, no lo ubica, ni por asomo, como una alternativa positiva para el cambio social por el que han estado luchando, sino como una figura, quizás más peligrosa que los presidentes emanados de la tecnocracia, con un discurso popular y populista totalmente contrario a los objetivos que pretende –empoderar y mejor la vida de los más pobres–, y que le permitiría apuntalar lo que llaman la “dictadura del capitalismo”.

Los señalamientos guerrilleros podrán ser discutidos y debatidos política, ideológica y militarmente, pero lo que dejan ampliamente sentado es que aquellos que lucharon contra regímenes del PRI y del PAN no lo ven como un aliado, sino como un enemigo más peligroso al estar construyendo un régimen autócrata que, según el EPR y sus movimientos sociales, quiere instituir un Estado que sólo responda a sus intereses y desarrollar una estrategia de contrainsurgencia para concretarlos. La propuesta de Miranda Ramírez, en este contexto, confirma la advertencia del EPR y la ruptura de la extrema izquierda, en donde López Obrador quería afianzarse. Las guerrillas han vuelto a la arena pública más radicales que en años previos.
06 Febrero 2019 03:54:00
La moral del Presidente
La moral es un conjunto de normas y costumbres que rigen el comportamiento del individuo. Esas normas y costumbres están empaquetadas en las sociedades en función de diversos factores, como identidad nacional, territorio, idioma, cultura, historia y religión. Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, se puede argumentar, comparten esos parámetros, incluidas sus creencias religiosas al mismo Dios. Sin embargo, parecería que es todo lo contrario, pues lo que es correcto en un caso para el Presidente, es incorrecto cuando se refiere al expresidente, lo que no es corrupción sobre uno, lo es cuando se refiere al otro.

La vara que mide los conflictos de interés y la honestidad difieren en tanto a quién o a quiénes se le aplican. El discurso moral en la política se convierte de esta forma en algo elástico, manipulable, una arma que golpea la fama pública o que inocula de cualquier sospecha.

La moral del presidente López Obrador es un chicle que empieza a ser peligroso. Este lunes acusó a Calderón en su conferencia de prensa matutina de cosas como corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés, por el hecho de haber sido consejero de una empresa de energía que fue proveedora de la Comisión Federal de Electricidad.

La consultoría fue real, y se dio cuatro años después de haber dejado la Presidencia; es decir, superó por tres años el impedimento legal de no poder trabajar en nada que pudiera significar un conflicto de interés durante el primer año tras dejar el cargo público.

Minutos antes, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de un conflicto de interés al haber nominado para la Suprema Corte de Justicia a tres mujeres con vinculaciones directas y profundas con él o con Morena, el partido en el poder, López Obrador dijo que no había ningún impedimento legal en ello.

No se refirió en ningún momento al conflicto de interés al ser, dos de ellas, al menos, esposas de dos personas muy cercanas a él, Loretta Ortiz, esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, que trabajó con él en el gobierno de la Ciudad de México y en campañas presidenciales, y Yasmín Esquivel, esposa del empresario constructor y viejo consejero de López Obrador desde que hizo obras públicas en la capital federal, José María Riobóo.

Riobóo es el autor intelectual del asesinato de la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco y promotor de construirlo en la Base Militar Aérea en Santa Lucía. Su oposición tajante contra la obra en Texcoco tiene como antecedente que perdió la licitación para construir las pistas del nuevo aeropuerto, que marcó su cambio de querer ser parte de aquel proyecto de infraestructura, a evitar que se concretara.

Riobóo logró su objetivo, y logró que López Obrador nombrara a Sergio Samaniego, con quien trabajó largo tiempo como el responsable de la obra en Santa Lucía. Samaniego, además, trabajó con Esquivel en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Cuidad de México.

Entonces, si Calderón tardó cuatro años en servir 24 meses como consejero de una empresa extranjera dedicada al negocio de la energía, incurrió en tráfico de influencias, corrupción y conflicto de interés. Si nomina López Obrador a Esquivel para la Suprema Corte, los conflictos de interés no existen, ni tampoco el tráfico de influencias y eventualmente, se abre la puerta a la corrupción.

Se puede argumentar que en el caso de Esquivel, se aplica correctamente la existencia de cuando menos el conflicto de interés, similar al que incurrió el expresidente Enrique Peña Nieto al permitir que la empresa Higa, de su amigo el constructor Juan Armando Hinojosa, sirviera de intermediario en la operación inmobiliaria de la casa blanca, propiedad de su exesposa Angélica Rivera. Peña Nieto nunca aceptó que en aquel caso hubo un conflicto de interés. López Obrador ni siquiera se detiene a pensar en ello.

Peña Nieto se quedó corto frente al nivel que está alcanzando López Obrador en cuando a conflicto de intereses. Higa no participaba en licitaciones federales –no así en el estado de México cuando Peña Nieto era gobernador–, ni recibió contratos después de ello. En cambio, un empleado de Esquivel es el jefe de obra de Santa Lucía, que sustituyó al proyecto que descarriló Riobóo por motivos personales. En el caso de Calderón, ni siquiera aplica alguna de las acusaciones de López Obrador.

El Presidente no mencionó el lunes, sino hasta el martes, que hubo un precedente, el de Ernesto Zedillo, también dentro de los plazos contemplados por la ley, consejero de una empresa de ferrocarriles que tenía intereses en México.

Su subjetividad original había incurrido en un conflicto de interés por sí mismo, pues como presidente, Zedillo facilitó que por encima de la ley, porque no tenía la residencia, el tabasqueño contendiera por la gubernatura de la Ciudad de México.

López Obrador le ofreció una disculpa a Calderón por acusarlo de corrupto, pero insistió que si no había sido ilegal lo que hizo, sí era inmoral. El Presidente está midiendo los conflictos de interés y el tráfico de influencias en función de sus creencias, y metiéndose en una contradicción.

La puede resolver sin embargo, si le ordena a Morena que rechace su terna para la Suprema Corte, que cae en un conflicto de interés descarnado y descarado. Si el Presidente es serio, no sólo debe barrer la escalera de arriba hacia abajo, como dice que erradicará la corrupción, sino comenzar en su casa.

El discurso no le alcanza para ser una persona íntegra. Su comportamiento y decisiones es lo que lo definirá. Sus propios conflictos de interés son ilegítimos, no ilegales, pero si no los ataja, el camino estará allanado para que entre la corrupción que tanto dice odiar.
05 Febrero 2019 03:51:00
Dos veces ya renunció
El estilo hiperpresidencialista de Andrés Manuel López Obrador le ayuda a controlar el mensaje pero causa tensiones y fatigas dentro y fuera de su Gobierno. Son varios de sus colaboradores más cercanos que expresan en privado el desgaste de estar de madrugada, todos los días en Palacio Nacional, ajustando con el Presidente lo que tienen programado anunciar. Sus conferencias de prensa matutinas las ha convertido también en la comparecencia pública de sus funcionarios, mostrando la mayoría de las veces sus limitaciones, carencias o agotamiento. También los coloca en ridículo, haciendo ver a miembros de su gabinete como personas mal informadas o como floreros.

Ayer precisamente se dio uno de esos momentos, donde López Obrador descalificó a su secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien dijo que iban a utilizar el método del fracking en la producción de petróleo. Eso no se hará, aseguró, dejándola una vez más en ridículo. La secretaria de Energía es a quien más ha enmendado las cosas en público, pero no tendrá consecuencias futuras. Nahle tiene una fuerte coraza frente a cualquier descolón o situación embarazosa. Será secretaria hasta que el Presidente lo decida. No era nadie antes de conocerlo; no sería nada sin él.

No es el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una de las colaboradoras del Presidente que más ha resentido su estilo de gobernar y la forma como utiliza canales de comunicación y acción sin apegarse a las líneas de mando. La secretaria es a quien probablemente más han golpeado las desmañanadas, al tener que estar siempre en Palacio Nacional como parte del gabinete de seguridad que sesiona diariamente, que ha llevado a que en más de una ocasión haya estado al punto del colapso por agotamiento físico. La colocación de sillas en el templete de las conferencias se origina en lo duro que estaba pasándola de pie durante más de una hora, pese a que en ocasiones salía del escenario para que pudiera descansar fuera del ojo público.

Poca gente se daba cuenta de sus ausencias porque, casi siempre, es irrelevante si está o no está acompañando al Presidente. La conferencia del lunes, donde el Presidente dio a conocer el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, fue el último ejemplo. Sánchez Cordero estuvo presente en la conferencia, pero prácticamente fue de ornato. Por decisión de López Obrador, quien hizo la exposición y respondió preguntas de periodistas y activistas fue el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Sin decir palabra alguna, Sánchez Cordero, cabeza del sector de Gobernación, estaba desempoderada.

Su relación profesional con López Obrador ha sido complicada, no por el trato personal con él, sino por el profesional. Durante la transición, López Obrador dejó de responderle sus mensajes telefónicos porque decía a sus cercanos que no terminaba de concretar lo que le pedía, y en el diseño del nuevo Gobierno, se inclinó por Alfonso Durazo, que desmanteló Gobernación para sumar las tareas de inteligencia y protección civil a la Secretaría de Seguridad Pública. El presidente dice que esa Gobernación se encarga de la relación con los poderes, pero en la práctica, también ha sido desplazada.

La operación política para la elección del presidente de la Corte así como el relevo de la presidenta en el Tribunal Electoral, que están en su ámbito, la hizo Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia. En la relación política la oposición, tampoco la han avasallado. Por ejemplo, el compromiso de que la gubernatura de Puebla, tras la muerte de la gobernador Martha Érika Alonso el 24 de diciembre, sería para los panistas, ha sido dinamitado por la presidenta de Morena, Yeidkol Polevsky y el ex candidato al gobierno poblano, Miguel Barbosa, que ignoraron el acuerdo político de Sánchez Cordero con el PAN, y están operando en sentido contrario para que la victoria en la elección que se programará, la gane Barbosa.

Sánchez Cordero se dio cuenta hace tiempo del papel que está jugando y en dos ocasiones, según funcionarios federales, le ha presentado su renuncia al Presidente. No se conocen los detalles que le planteó la secretaria a López Obrador, pero los funcionarios dijeron que su molestia está en el campo de lo profesional y la ausencia de poder real como responsable de la Gobernación. El Presidente rechazó en ambas ocasiones la renuncia. Es natural. Una renuncia a dos meses de iniciado el gobierno mostraría rupturas y crisis interna, lastimando también el estilo personal de gobernar de López Obrador.

Las renuncias están siendo un síntoma del crujir del modelo hiperpresidencialista, pero López Obrador no va a cambiar. El argumento en Palacio Nacional es que si como jefe de Gobierno en la Ciudad de México fue un éxito esa forma de gobernar, porqué no lo sería ahora. Esa dialéctica llevó al presidente Enrique Peña Nieto al barranco. Toluca no era México; la capital federal, tampoco. Valdría la pena no caer en silogismos.

Nota:

Lauren Sambrotto, jefa de la Unidad de Relación con Medios de Barclays, envió una clarificación por la columna “Lo que nos costó el road show”, publicada el 31 de enero, donde se mencionó que Barclays había organizado los encuentros con inversionistas en Nueva York para la Secretaría de Hacienda y Pemex, tras lo cual envió un reporte a sus clientes criticando las políticas financieras y energéticas del Gobierno. La señorita Sambrotto, si bien reconoció el papel de Barclays en la organización del encuentro, precisó que es factualmente incorrecto establecer una relación entre su oficina de consultoría y de investigación, que por requerimientos internacionales y locales, operan por separado y en forma independientes.
04 Febrero 2019 04:10:00
Las deudas de ‘Napito’
Si por denuncias fuera, Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero, y Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, hicieron lo mismo, crear empresas fantasma para desviar recursos que no les pertenecían y lavar dinero, utilizando a la misma persona como administrador, Javier Nava Solís, que está acusado de delitos de delincuencia organizada y presunto desvío de 223 millones de pesos como testaferro del veracruzano. Sus destinos, sin embargo, han sido diferentes. Aunque los dos evadieron la justicia cuando fueron denunciados, Duarte fue extraditado de Guatemala para ingresar a una cárcel, mientras Gómez Urrutia dejó su santuario en Canadá para regresar a rendir protesta como senador.

Gómez Urrutia, llamado “Napito”, se escapó a Vancouver y fue protegido por los sindicatos metal metalúrgicos de Canadá y Estados Unidos, y más adelante por el líder laborista inglés, Jeremy Corbyn –quien se lo recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador-. Hace casi 15 años fue acusado de fraude por la Cooperativa Veta de Plata, que representaba a 10 mil mineros de Cananea, por haber violado un fideicomiso creado durante el proceso de privatización de las minas en 1989, donde se acordó que al concluir el pago de la venta del 5% de un total de 55 millones de dólares, sería entregado al sindicato que, a su vez, se había comprometido a entregar la parte correspondiente a los trabajadores.

El caso contra Gómez Urrutia se fue desvaneciendo en la medida que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, colapsado por completo desde el proceso electoral que condujo a la victoria de López Obrador en las elecciones presidenciales, y la defensa del líder minero fue ganando, finalmente, en los tribunales que antes habían sido más difíciles de roer. Aún así, no todo quedó en el olvido. Una investigación de Eje Central revela que hubo una nueva denuncia de los mineros de Cananea, que se espera que esta semana sea ratificada ante la Fiscalía General. De acuerdo con Sergio Vázquez Villarreal, miembro de la Comisión Especial de reclamantes del 5% de los 55 millones de dólares, ofrecerán pruebas que demostrarán actuaciones irregulares como su representante sindical.

De acuerdo con lo proporcionado a Eje Central, a partir de la creación de empresas fantasma, se realizaron triangulaciones de recursos a través de más de 10 personas y la consumación de las operaciones de lavado de dinero a lo largo de nueve años, presuntamente permitido por Gómez Urrutia, dispersar una parte de los 55 millones de dólares que desde 2005 debieron recibir trabajadores por la privatización de la mina Mexicana de Cananea.

“Expedientes, registros públicos de la propiedad y denuncias que actualmente son investigadas por las autoridades federales, y a las que Eje Central tuvo acceso, muestran el entramado con el que al menos desde 2005 y hasta 2014, Gómez Urrutia presuntamente desvió una gran parte de los 3.2 millones de dólares que en 2005 dispersó de la cuenta 10964526 de Scotiabank Inverlat, a nombre del sindicato minero, a través de diversas transferencias, según constataron indagatorias e información de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional de Valores”, señala la publicación.

La operación que prendió alertas es inusual, pero aparentemente lícita, según consta en las actas, donde el sindicato minero, bajo la representación de Gómez Urrutia “adquirió dos predios de más de 10 mil metros cuadrados en una zona exclusiva del Condominio Horizontal denominado El Santuario, ubicado en la calle Santander, al norte del Fraccionamientos Bosques de San Ángel, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. La vendedora fue María del Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia, supuesta corredora de arte de Monterrey, quien recibió por parte del sindicato un millón 825 mil dólares, equivalentes a poco más de 19 millones 292 mil pesos en ese entonces, provenientes del Fideicomiso 9645-2”, que debía haber benficiado a los mineros.

La compraventa de esos bienes fue una operación en regla, dice Eje Central, aunque el nombre de María del Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia aparece desde 2005 en las investigaciones contra Gómez Urrutia, como presunta prestanombres del líder minero, que permitieron a Gómez Urrutia y a Héctor Félix Estrella, entonces tesorero del sindicato, presuntamente desviar alrededor de 3.2 millones de dólares a cuentas bancarias a nombre de esta empresaria regiomontana, casada con el empresario inmobiliario, Alberto de la Garza Evia.

La plusvalía en la zona donde etaba el condominio horizontal se disparó en 700%. Seis días después de que Páez Martínez recibió el dinero por los predios, de acuerdo con la investigación, el sindicato reconoció, de manera inexplicable, porque no existe documento que lo especifique, una deuda por 26 millones de pesos con una empresa en ese momento de muy reciente creación, Inmobiliaria Vajaco. Esta inmobiliaria había sido instaurada para cubrir a los compradores originales del predio, Eugenio Albo Moreno y Eugenio Albo Urías, notarios y empresarios guanajuatenses sobre quienes pesan decenas de denuncias penales por fraudes inmobiliarios en al menos ocho estados del país, vendieron todas sus acciones, relacionados con el ex presidente Vicente Fox.

El administrador de inmobiliaria era Nava Soria, y la operación que motivó sospechas adicionales fue que la venta de los Albo a la inmobiliaria fue por un millón de pesos a dos personas de bajo perfil, que no habían tenido operaciones visibles y que están siendo investigadas por las autoridades por el aparente sin sentido mercantil. Lo que quieren los mineros, aclaró dijo Vázquez Villarreal, es que se aclare con qué dinero ha creado Gómez Urrutia varias empresas, señaladas como “fantasma”, en sociedad con dos de sus hijos, y saber si sigue siendo dinero de ellos.
01 Febrero 2019 03:59:00
Bienvenidos los narcos
El mismo día que concluyó el juicio en Nueva York contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, informó que el cártel de Santa Rosa de Lima era responsable de los bloqueos para sabotear los operativos contra el robo de combustible en Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que ese 30 de enero de 2018, a menos de dos meses de iniciar la Cuarta Transformación, acabó la guerra contra el narcotráfico. “Oficialmente, no hay guerra, nosotros queremos paz”, subrayó. Y dijo:

“No se han detenido a capos porque no es nuestra función principal. La función principal del Gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios. Lo que me importa es bajar el número de homicidios, el número de robos, que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular”.

La declaración, por el hecho mismo de serla, fue insólita, pero no para extrañarse de nada. Desde que se comprometió a dar amnistía a los narcotraficantes antes de iniciar su campaña presidencial, esbozó lo que haría al llegar a la Presidencia. Su objetivo era reducir los índices de criminalidad y restablecer la seguridad y confianza entre los ciudadanos, pero a su manera. No aceptó la estrategia del presidente Felipe Calderón –utilizada en Colombia, Italia y Estados Unidos– de combatir intensamente a toda la estructura criminal, que provocaba como externalidad una alta cuota de muertes en un principio, y que después de varios tropiezos adoptó el expresidente Enrique Peña Nieto. Tampoco tenía tiempo para estrategias de largo plazo. Lo suyo sería administrar el narcotráfico: no se mete con ellos a cambio que los cárteles guarden las armas y pacifiquen el país.

Administrar el narcotráfico en lugar de combatirlo, no es una estrategia que el Presidente va a admitir explícitamente que está haciendo. Lo que hará es lo que hicieron muchos gobiernos priistas en el siglo pasado, permitir que los cárteles de la droga hagan su negocio –producción, distribución, trasiego y comercialización– a cambio que no se peleen entre ellos ni confronten a las fuerzas de seguridad. En el pasado, como era la circulación de las élites en el viejo régimen, uno o dos cárteles eran atacados por el gobierno en turno, y al siguiente eran otros los perseguidos. De esa forma, todos sabían que, como en el sistema político, era una rueda de la fortuna donde los beneficiados hoy, serían afectados mañana.

Calderón modificó el status quo. Confrontó a todos los cárteles al mismo tiempo, con los cuales se modificó el incentivo para no pelear contra el adversario, sino pactar territorios e impuestos criminales para el derecho de paso, con lo cual no obligaban al Estado a actuar con fuerza. El cambio fundamental fue que los cárteles tuvieron que pelear entre ellos para sobrevivir, que fue el detonante de la violencia. Bajo esa estrategia la delincuencia se atomizó y se mudó de delitos federales a delitos del fuero común. Por ejemplo, los matones del cártel de Tijuana, al quedarse sin dinero para sus nóminas por los golpes federales, se mudaron al secuestro exprés, que se incrementó en 200 por ciento. Los Zetas, que se habían quedado sin droga, entraron primero a la piratería, y después a vender protección y contrabando humano. Los hermanos Beltrán Leyva comenzaron a subcontratar asesinos en el Valle de México, y de su desmantelamiento surgieron Guerreros Unidos y Los Rojos, y de ellos, una mayor atomización de bandas criminales, como sucedió también con el cártel de Juárez.

Esta es la parte de la película que ve a medias el presidente López Obrador. Quiere una Guardia Nacional con disciplina, adoctrinamiento y mando militar para enfrentar a las pandillas criminales que no alcanzan a ser consideradas cárteles –al no controlar todo el sistema de producción del narco–, pero que están metidas en el narcomenudeo, asesinatos, secuestros, robos y extorsiones, por mencionar delitos más comunes del fuero común, sin enfrentar a los cárteles, cuyos delitos contra la salud y lavado de dinero son federales. El eslabón débil de esa estrategia es desconocer en la práctica operativa, los vasos comunicantes de la droga entre los criminales.

Por ejemplo, las bandas que ven a la Ciudad de México como botín, tienen alianzas o dependen de mercancía de los cárteles de la droga que, a la vez, les suministran respaldo de fuego. Si el Presidente cree que desmantelando la Unión Tepito, que es la que controla la vida a espaldas de Palacio Nacional y cobra protección a sus habitantes, de-

saparecerá el crimen, está equivocado. Siempre habrá quien remplace a sus líderes para que la cadena productiva criminal que sale de Culiacán o Matamoros, no merme sus utilidades ni afecte su generación de cuadros. Durante todo el sexenio, debe saber, tendrá como vecinos a criminales.

Para que la administración del narcotráfico funcione como en el pasado, este país tendría que dejar de consumir drogas, lo cual es imposible. Desde 1996 México se convirtió en consumidor de drogas, y es un camino sin retorno. Pero López Obrador ya formalizó su decisión: perdón para los capos de la droga y garantías de que no los perseguirá. Entonces, si reducen la violencia, volverán los tiempos de antaño donde el narcotráfico convivía entusiastamente con el Poder. Los Mayos, los Menchos, los Caro Quintero, los Zetas y todos los demás que controlan el crimen organizado podrán estar tranquilos. Sólo tienen que restablecer sus viejos pactos y quitar el dedo del gatillo.
31 Enero 2019 03:59:00
Lo que nos costó el road show
Vaya que resultó costoso el road show que hizo el director corporativo de Pemex, Alberto Velázquez, a Nueva York, hace casi mes y medio. Su presentación fue tan desastrosa, que después de dos horas de explicaciones chabacanas que provocaron cuestionamientos de inversionistas que le dijeron que desconocía la empresa, el costo de la deuda de la paraestatal se elevó 139 millones de dólares. El problema no era de él, dijeron los inversionistas, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber designado a un incompetente.

En México no pasó nada en ese momento. López Obrador dijo que les había ido muy bien, y que habían generado confianza y certidumbre. No era cierto. Fitch Ratings redujo la calificación de la deuda de Pemex este martes a nivel casi de bonos especulativos, y lo colocó en el umbral del abismo financiero. Pero el Presidente optó por una fuga hacia delante. En su conferencia de prensa del miércoles, el Presidente estalló contra Fitch y contra las calificadoras en general, a las que acusó tácitamente de haber sido cómplices de la crisis de Pemex. Su postura fue ideológica, no técnica.

El road show mexicano fue contraproducente para los objetivos que buscaba, tranquilizar a los mercados. Para organizarlo la Secretaría de Hacienda contrató a Barclays, el banco de inversión, un apoyo que es normal cuando un gobierno necesita hablar con inversionistas. Lo que fue inusual es lo que sucedió después. Las presentaciones dejaron tanto que desear, revelaron personas que estuvieron presentes, que Barclays tuvo que hacer un control de daños para evitar afectación en su prestigio. La principal fue sacrificar a quien lo contrató, el Gobierno de México. No muchas horas después de que se fuera la delegación mexicana, Barclays envió un informe de 33 páginas a sus clientes donde la prospectiva era terrible desde el título, “Pemex, un crudo despertar”. 

El documento muestra los análisis negativos de Barclays y recuerda que Pemex tuvo una gestión “extremadamente desfavorable” en 2018. Altamente revelador fue que mencionaran que los mercados comenzaron a tomar posiciones de cautela en México en la medida en que se iba afianzando la candidatura de López Obrador –las amenazas de cancelación de la reforma energética eran el contexto–, cuya incertidumbre pareció disiparse con una mejora en el valor de los activos de riesgo de corto plazo durante la jornada electoral y el siguiente mes. Sin embargo, describe Barclays, la consulta para cancelar el aeropuerto en Texcoco, tuvo como consecuencia una “feroz” venta de bonos de Pemex, que marcó el fin de aquella burbuja de entusiasmo.

Esa reacción de los mercados fue menospreciada por López Obrador y su equipo, que no imaginaron –o entraron en negación– el impacto que tendría en el mundo. En las reuniones que organizó Barclays al nuevo Gobierno mexicano, los inversionistas criticaron a Velázquez y al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, porque, dijeron, no entendían los mercados ni conocían bien Pemex. A los dos les dijeron que los números que les habían presentado no cuadraban con sus propias estimaciones, por lo que pensaban que la inversión prevista en Pemex y la recuperación calculada, eran insuficientes. No les hizo caso López Obrador y en las explicaciones de la baja de calificación de Fitch, esas fueron dos de las variables más importantes para su decisión.

Barclays anticipó en su reporte que Fitch reduciría dos grados la calificación de Pemex, ante el deterioro en los fundamentales de la macroeconomía, que refuta la Secretaría de Hacienda, al sostener que el presupuesto está construido de manera sólida. Pero la creencia en los mercados, como se lo dijeron a Urzúa en Nueva York, es que no veían que el lenguaje que utilizaba Hacienda fuera el mismo que tiene el resto del Gobierno y el Congreso. Cuando difundieron el reporte, aún no se daba la crisis del abasto ni mostraba el Gobierno sus enormes limitaciones y habilidades para resolver un problema de logística.

No ha ayudado tampoco la forma como el presidente López Obrador y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, fueron vehementes en negar que se habían reducido las importaciones de hidrocarburos, y se pelearon con el periódico The Wall Street Journal porque publicó los informes de los expertos en Estados Unidos que así lo señalaban. López Obrador se llegó a mofar del Journal, aunque dos semanas después, con datos de Pemex, el Gobierno tuvo que reconocer que el periódico neoyorquino tenía razón. La sorna contra el Gobierno mexicano se dejó sentir en Manhattan.

Las decisiones de López Obrador, siendo muy generoso, han sido equivocadas y contraproducentes en materia energética. La instrucción para que Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, pidieran a sus contrapartes durante la transición que suspendieran las compras de combustible para ir reduciendo la dependencia de Estados Unidos, provocó parte del desabasto al no tener un plan para compensar esas pérdidas. Los montos de inversión en refinerías tampoco gustaron a los mercados y generaron dudas sobre el rigor fiscal presupuestal. 

La baja de calificación de Fitch es una fuerte llamada de atención a México. Pero López Obrador no lo ve así. En su conferencia de prensa llamó “hipócritas” a las calificadoras porque permitieron el “saqueo”, avalaron la reforma energética y “nunca dijeron nada de por qué no se incrementó la inversión en Pemex”. Los datos que usó, sin embargo, están mal. La inversión que llegó como parte de la reforma energética asciende a 185 mil millones de pesos hasta ahora. Pero eso no es lo más grave. Pelearse con las calificadoras es confrontar a los mercados, una lucha que nadie, en cuando menos 30 años, ha ganado.
30 Enero 2019 03:57:00
Corrupción y odio
La legitimidad del presidente Andrés Manuel López Obrador está en niveles que soportan, hasta ahora, cualquier cosa. El país presenta focos rojos de todo tipo, en seguridad, economía e insatisfacción social, pero él está sin mancha. Todos los días se para frente a la nación y recuerda, sin importar el tema, que el pasado estuvo infectado por la corrupción, y que todos los males que se arrastran se debe a los ladrones que saquearon las arcas nacionales para su beneficio y el perjuicio de las mayorías. Cada mañana, López Obrador machaca a la sociedad, a su manera, lo que fue la corrupción de anteriores gobiernos. Y la sociedad beligerante responde con virulencia, tomando al de Enrique Peña Nieto como referencia. La furia contra esa administración se corresponde con el respaldo al Presidente, pero a ninguna parte, en el fondo, le falta razón.

La corrupción durante el sexenio del presidente Peña Nieto fue notoria. Están los casos de gobernadores sometidos a proceso por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento.

Los ejemplos de impunidad, conflictos de interés, saqueos y abusos cometidos en esa administración que tocó a la casa presidencial y a secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales, a familiares y a sus amigos, en un capitalismo clientelar ante la complacencia y debilidad de Peña Nieto, solapando a cercanos o impotente ante la presión de sus queridos. De corrupción nunca quiso oír nada, la negaba, y aquellos en su entorno menos infectados, tampoco pudieron vencer los obstáculos del cerco presidencial.

El desprestigio de ese gobierno contaminó todo lo que sucedió en el pasado. Es cierto que López Obrador se ha encargado de empaquetarlo para que sea la narrativa del cambio, pero el éxito de la estrategia se asienta invariablemente sobre el enjambre que se tejió durante la administración de Peña Nieto.

La profundización de la percepción sobre la corrupción lo refleja el último índice de Transparencia Internacional, donde México perdió tres lugares en el ranking mundial, convirtiéndose en el país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –el Club de los Ricos–, y empatado con Rusia en el sótano, del G-20, que agrupa a las economías más fuertes del mundo. El Índice debiera provocar una vergüenza colectiva y una exigencia para que quienes incurrieron en actos de corrupción, paguen por sus delitos.

La corrupción no es un fenómeno con espacios acotados. El impacto que tiene la corrupción en las sociedades ya rebasó la putrefacción en las instituciones y ha avanzado a su debilitamiento y a la distorsión de los sistemas de organización social.

“La corrupción aleja a la democracia y produce un ciclo vicioso, donde merma las instituciones democráticas y a su vez, las hace más débiles y menos capaces para controlarla”, dice Patricia Moreira, subdirectora de Transparencia Internacional. “Con tantas instituciones democráticas en peligro alrededor del mundo, frecuentemente por parte de líderes con tendencias populistas o autoritarias, necesitamos hacer más para fortalecer los pesos y contrapesos y proteger los derechos ciudadanos”.

Se viven momentos difíciles en todo el mundo y hay líderes, como López Obrador, que o no alcanza a medir el peso e impacto de sus palabras, o es una estrategia deliberada para seguir incendiando a las masas, de sí ya enardecidas, y terminar de voltearlas para ir más allá de la consolidación de su poder. En su conferencia de prensa matutina el martes, dijo que las élites mexicanas son corruptas, pero el pueblo es bueno.

¿Cómo define élites? ¿Qué abarca ese grupo que estereotipa? Para sus seguidores, élites es igual a todo que no está incondicionalmente con él. El Presidente avanza en la polarización del discurso sin dar pasos concretos para solucionar el problema que dice querer desterrar. Habla mucho y acusa más, pero no pasa de la retórica. Cuando se le pregunta si va a hacer algo, dice que no, que borrón y cuenta nueva, porque no va a perder el tiempo en perseguir delincuentes pues agotaría su sexenio en ello. Pero en su lógica de perdón sin olvido, sigue avivando el fuego en la pradera y generando odios. Eso tiene que cambiar, y lo puede hacer.

La cruzada contra el huachicoleo, como dijo Eduardo Bohórquez, quien encabeza el capítulo mexicano de Transparencia Internacional, es un buen comienzo. Lo que está haciendo, agregó, es atacar la red de corrupción existente en el robo de combustible, perfilando el segundo paso, que es la red política. Falta, abundó, lo que nunca ha habido, que es el regreso de lo robado al erario.

Esta es una de las recomendaciones que hace Transparencia a México para corregir el rumbo seguido por el gobierno de Peña Nieto. También se necesitan enmendar las acciones preventivas que puedan medirse y orientar la política anticorrupción, con sanciones y recuperación de activos, y no cejar el esfuerzo en esa dirección.

La legitimidad de López Obrador se asienta sobre su retórica invariable contra la corrupción, pero el discurso lo ha utilizado con un propósito político estratégico, no para limpiar la casa de arriba hacia abajo, como garantizó en campaña. El Presidente tiene la oportunidad de cumplir lo que ofreció, hasta el fondo como prometió, y no esconder detrás de esa narrativa un cambio de organización social que parece ser lo que está haciendo.

Usar la corrupción clientelarmente para un objetivo político, es tan pernicioso como usarla para enriquecimiento. Cambiar de régimen demoliendo las estructuras corruptas pero manteniendo un modelo democrático, sí. Desmantelarlas bajo la máscara de la corrupción para instalar una autocracia, no. Que dé ejemplo de honestidad, atacando la corrupción y eliminando la impunidad, con menos alegorías y sin evasivas.
29 Enero 2019 03:59:00
Los maestros michoacanos, en primero y 10
El encabezado principal en la primera plana de El Financiero de este lunes, no dejaba duda del impacto económico que está teniendo el bloqueo de ferrocarriles en Michoacán: mil millones de pesos de pérdida diaria. Si se cumplieron dos semanas de sabotaje de maestros al aparato productivo en protesta porque les deben salarios y aguinaldos, ya suman 14 mil millones de pesos las pérdidas, 14 veces más de su demanda original y casi 30% de las nuevas demandas que están haciendo al gobierno federal. Lamentablemente, el costo sigue creciendo.

Lourdes Aranda, vicepresidenta de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Ferromex, la empresa más afectada, dijo que han dejado de circular 300 trenes que tienen dos millones de toneladas en mercancías en 800 mil contenedores que no se han entregado. La tarde del lunes, anticipó en una entrevista en Foro TV, ello produciría una quiebra técnica en la industria acerera. Ya ocasionó que se interrumpiera la exportación de automóviles porque la línea de entrega de autopartes, se rompió, que decenas de trenes con combustible varados en ambos lados de la frontera norte, afecta a 150 mil automóviles en el centro del país, y que toneladas de cemento no han podido ser embarcadas en Chihuahua y Nuevo León.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que 200 millones de los mil que originalmente exigían los maestros michoacanos por concepto de salarios de 2017 y 2018, además de aguinaldos, fueron entregados el viernes, y que en el curso del lunes se les darían los 800 millones restantes. López Obrador confió que con este pago se resolvería la situación que está estrangulado la actividad económica en la parte centro y noroeste del país. Los maestros de la Coordinadora Nacional, que es disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hicieron lo que siempre hacen, escalar el conflicto para sacar mejores dividendos. Ya no exigen mil, sino cinco mil, además de plazas que, de acuerdo con la prensa, le concedió la Secretaría de Hacienda el viernes pasado. Cinco mil nuevas plazas para ellos, con una carga al erario anual de 780 millones de pesos.

La disidencia magisterial es inmanejable, y el Gobierno debe tomar la experiencia de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, donde para poder llegar al final del sexenio sin procesos de desestabilización continua, tuvieron que abrir la cartera y desembolsar millones de pesos, y miles de plazas, para apaciguar la protesta social. Los aliados electorales de López Obrador no comparten su proyecto de nación y, como lo está demostrando la sección michoacana de la Coordinadora, la más chica en número pero la más ideológica, sí puede complicarle el arranque de Gobierno con sus viejas estrategias. Bien le haría al Presidente recordar lo que son los maestros disidentes y lo que le van a hacer. En enero de 2015, en una crítica al gobierno de Peña Nieto por la forma como había escogido a la disidencia magisterial como su aliada en la Reforma Educativa, sin comprender que serían quienes la detonarían, se escribió en este espacio:

“En el gobierno de Peña Nieto deberían haber aprendido que la CNTE es insaciable. Para utilizar una metáfora del futbol americano, siempre juegan al primero y diez. Es decir, en las negociaciones con la disidencia magisterial no hay avances de una yarda, ni retrocesos. Siempre que tienen el balón, los maestros avanzan diez yardas para tener no cuatro oportunidades más para volver a tener esa posición de campo –como sucede en el juego– sino para recorrer en automático la distancia y exigir otras diez yardas. Ellos nunca pierden. Quienes pierden son el Gobierno y los mexicanos”.

Sus estrategias son siempre las mismas, cierran aeropuertos y carreteras, realizan plantones y estrangulan el comercio. Utilizan la presión social para forzar canonjías. En esta ocasión elevaron el costo. En enero de 2015, el texto apuntó: “A la disidencia magisterial le ha dado mucho el Gobierno peñista, pero está en la lógica del primero y diez… La paz social que buscó el gobierno de Peña Nieto mediante la entrega de una parte de poder a los maestros opositores al régimen, es una quimera”.

La Coordinadora le tomó la medida al gobierno de Peña Nieto de una manera fácil, aprovechando el desconocimiento o inocencia de su equipo. “La CNTE tiene controlado al Gobierno”, se escribió en aquella ocasión. “Su estrategia histórica de negociación ha sido negociación-presión, negociación-confrontación y confrontación-receso. No hay nada oculto en sus tácticas. Para alcanzar el objetivo trazado presionan con plantones y movilizaciones. En la segunda etapa, para elevar los costos, enfrentan a la autoridad y chocan físicamente con las policías. Una vez que ya lograron extraer de sus interlocutores lo que buscaban, anuncian un receso, que es cuando bajo el pretexto de consultar a sus bases en sus estados de origen, regresan a sus casas”.

El presidente López Obrador dijo en su conferencia que los mil millones son un préstamo, eufemismo que nunca se le ocurrió al gobierno anterior para justificar entrega de recursos fuera del presupuesto. También les dijo que debían entender que los tiempos han cambiado, y que no utilizaría la fuerza de la policía, sino de la opinión pública, para obligarlos a cambiar su posición. Buena suerte. Hasta ahora, la historia de la disidencia magisterial no ha sido regida por la presión de la opinión pública, sino por sus intereses. Pero también, es cierto, nunca habían enfrentado a un Presidente con la legitimidad de López Obrador. Las escaramuzas con la disidencia de maestros apenas comienza. Los primeros puntos, son para ellos.
28 Enero 2019 03:59:00
Venezuela: fracasó la mediación
La búsqueda de una tercera vía para encontrar una salida negociada a la crisis venezolana ha fracasado, y el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que encontrar un equilibrio entre su postura principista y una toma de posición clara entre dos polos, el presidente Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó, porque se está quedando aislado.

López Obrador ha ido modificando su posición en los últimos días, pero la imposibilidad de saber si el corrimiento hacia una postura que si bien neutral, está más en el contexto de lo que piensan la mayoría de los gobiernos del mundo de Maduro, obedece a que el Presidente no entiende los matices de la política exterior, por lo que es incierto si ello fue acompañado de instrucciones precisas a la cancillería mexicana para que prepare un control de daños a lo que parece estar cerca: la caída de Maduro.

El Gobierno del presidente López Obrador y del uruguayo de Tabaré Vázquez no encontraron la llave de la puerta para contrarrestar la embestida del presidente Donald Trump. No habrá intermediación de esas dos naciones, aunque el presidente Nicolás Maduro la haya aceptado al entender que era de lo último que podría asirse. El más importante del que se afianzó México, creado por los europeos al señalar –como los mexicanos- que recopilarían y analizarían la información antes de tomar una decisión, se selló el fin de semana cuando Alemania, España, Francia y el Reino Unido dieron un ultimátum a Maduro de ocho días para que anuncie nuevas elecciones. De otra forma, advirtieron, reconocerán al diputado Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Guaidó rechazó la intermediación de México y Uruguay. El viernes respondió a los dos gobiernos: “La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso diálogo.

Debe tener muy claro el mundo y este régimen que para el falso diálogo, aquí nadie se presta”. Dicho de otra forma, Guaidó le dijo a López Obrador y a Vázquez que el diálogo propuesto era un engaño.

La postura europea de este fin de semana, sin ser la extrema de Estado Unidos, se acercó a la del Grupo de Lima del 4 de enero, firmada por todos menos México, donde dijo que no reconocería el nuevo mandato “ilegítimo” de Maduro, resultado de elecciones que no tuvieron los estándares mínimos democráticos, pidiéndole respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y que le transfiriera de forma provisional el Poder Ejecutivo, hasta que se realizan nuevas elecciones presidenciales. En ese momento, México argumentó sus principios constitucionales de no intervención y dijo que buscaría una mediación.

Vistos los resultados, ni el Gobierno de López Obrador ni el de Vázquez pesan en el concierto internacional, ni son tomados en cuenta como interlocutores.

El alineamiento internacional en contra de Maduro los avasalló, sin saberse en México si la posición mexicana fue precedida de consultas informales previas para saber qué espacio y tiempo tendría para ello, o fue una nueva ocurrencia del Gobierno para salir al paso.

Lo que es evidente es que las cancillerías del mundo llevaban una velocidad que no contempló o rebasó a la mexicana.

El tema de Venezuela estaba en la agenda de pláticas que esta semana tendrá en México el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con López Obrador, quien busca tener una muy buena relación con él, y se estimaba figuraría también en una visita que tiene programada el secretario de Estado, Mike Pompeo, a la Ciudad de México. La intermediación quedó en el pasado. Hay en todo caso, matices para tomar en cuenta.

La postura del Gobierno de López Obrador del jueves tuvo un ajuste el viernes, cuando el Presidente dijo que la intermediación mexicana sólo se haría si ambas partes la aceptaban.

Es decir, sólo si Maduro y Guaidó estaban de acuerdo. Para efectos de argumentación, dado que no hubo rectificación a lo declarado el viernes, el Gobierno mexicano reconoce a Guaidó como un actor legal y legítimo, equiparado en peso político a Maduro.

De esta forma, el Gobierno de López Obrador se acercó a la postura del gobierno de Peña Nieto de reconocer a la Asamblea Nacional, que es el único de los cinco poderes reconocidos por la Constitución venezolana, que no se sumó a la parodia de la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por Maduro en agosto de 2017, y que el 13 de noviembre pasado declaró inconstitucional que asumiera un nuevo mandato presidencial, pidiendo paralelamente nuevas elecciones presidenciales.

Sobre esa base, Guaidó invocó el 15 de enero pasado el artículo 233 de la Constitución que establece el procedimiento para cesar el titular del Ejecutivo y considera que el presidente de la Asamblea Nacional o el vicepresidente, podrían actuar como sucesores. Delcy Rodríguez, marioneta de Maduro, es la vicepresidenta.

La postura europea frenó los intentos golpistas de Estados Unidos, pero en el fondo, el restablecimiento de la vida democrática en Venezuela, coincide plenamente. El Gobierno de López Obrador, emanado de una elección democrática, no puede ir en contra de ello e hizo bien en rechazar de entrada sumarse al proyecto de Trump. Al fracasar su tercera vía, los europeo le volvieron a mostrar el camino. Maduro es inviable y López Obrador lo debe entender.

Tuvo el fin de semana para encontrar una posición acorde con los principios que defiende, pero debe entender que su iniciativa fracasó y no puede permitir que su neutralidad sin diplomacia eficaz, lo coloque ante los ojos de todo, respaldando a un régimen autoritario.
25 Enero 2019 04:00:00
Venezuela: un golpe para todos
El paisaje latinoamericano sigue escribiendo historia. Nuevamente es Venezuela, donde a las realidades objetivas de los últimos años, como la regresión democrática, el autoritarismo, la falta de libertades, la violación de derechos humanos y la cada día más increíble crisis económica, se le ha sumado la versión posmoderna de los golpes de Estado. La CIA ya no tuvo que desarrollar guerras sicológicas, inventar luchadores por la libertad ó invadir abiertamente a una nación, sino inaugurar una modalidad que no se sabe si es más arrogante que las otras, pero sí más cínica:

Un diputado, Juan Guaidó, se autoproclama presidente y minutos después, el presidente Donald Trump lo reconoce como el líder interino de Venezuela, desconociendo al presidente Nicolás Maduro, reelecto de manera fraudulenta. Tras Estados Unidos, una decena de países americanos respaldan a Guaidó, junto con la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. La maquinaria trata de crear las condiciones para que las Fuerzas Armadas rompan con Maduro y lo derroquen. Si no es así, advierte Trump, todas las opciones están abiertas. ¿Invasión? ¿Asesinato del Presidente? Todas, hay que precisar, salvo que Maduro no deje el poder.

Es cierto que las credenciales de Maduro son impresentables, pero no apoyar a Guaidó tampoco significa respaldar el régimen del Presidente venezolano. Eso hizo México el miércoles y la turba cibernética se le fue encima al presidente Andrés Manuel López Obrador. La prensa en México también expresó mucha más crítica que apoyo, sin importar la ruptura trasnacional del orden constitucional -Venezuela amaneció el jueves con dos presidentes- promovida por Estados Unidos. Cierto, como han señalado quienes desean, como muchos -incluido quien esto escribe-, que Maduro debe dejar el poder, ¿cómo se puede romper el orden constitucional cuando Maduro lo rompió? La línea es muy fina y se cruza. La defensa de López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard es de ortodoxia constitucionalista, pero políticamente, busca una tercera vía en donde desde la neutralidad, se encuentre una salida pacífica a los diferendos en otras naciones.

En las conversaciones que sostuvieron el miércoles López Obrador y Ebrard, no hubo duda sobre mantener la postura que expresó el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, durante su estreno como representante en el Grupo de Lima el 4 de enero en la capital peruana, de excluirse de la petición a Maduro que no asumiera su segundo mandato, y la disposición a abrir el diálogo con todas las partes, pero sin acciones que lo obstruyan. La preocupación en la Cancillería mexicana se daba ante la posibilidad de que quedara aislado en el concierto internacional. Uruguay, con cuya contraparte Ebrard sostuvo pláticas por teléfono, se mantuvo neutral, lo mismo que España y Portugal, con lo que abrieron espacios políticos a los mexicanos, particularmente frente a sus socios comerciales norteamericanos, que apoyaron a Guaidó. La Unión Europea, que ha sido crítica de Maduro, no tuvo una posición de conjunto, y como los mexicanos, buscaron el mayor número de información posible antes de escalar su posicionamiento.

La presión en México contra el Gobierno es intensa. Liberales y conservadores unieron voces en la condena a Maduro y el respaldo a Guaidó, sumándose, por razones ideológicas o tácticas, a los avales del interino, según describió el periódico carioca O Globo, Trump y el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Las consultas entre cancillerías se profundizaron el jueves, y en la OEA, el embajador Jorge Lomónaco, hizo una propuesta estratégica: saber el estatus jurídico de Guaidó y de sus apoyos internacionales. La creatividad para ganar tiempo y problematizar lo que sucedió el jueves en la institución panamericana, es lo que ahora se necesita, recuperando lo que alguna vez fue la diplomacia mexicana.

El presidente José López Portillo, por ejemplo, rompió relaciones con Nicaragua pero no con El Salvador, pese a tener dos gobiernos autoritarios y violadores de los derechos humanos. López Portillo anunció la ruptura de manera inesperada cuando en una visita de Estado, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, le hizo un relato de lo que estaba sucediendo en Nicaragua. “Me ha dicho usted algo que sabíamos y no queríamos creer”, dijo López Portillo, “el dramático, el repugnante ataque a los derechos humanos, el horrendo genocidio que se está cometiendo contra el pueblo nicaragüense”. En el caso de El Salvador, las instrucciones fueron mantener abierta la Embajada y recibir al mayor número de asilados políticos, manteniendo comunicación con la oposición y la guerrilla.

La historia ayuda, y la Cancillería mexicana tiene experiencia en manejos de crisis y hasta dónde resiste y es útil la neutralidad. Si es cierto que los tiempos políticos no son los tiempos sociales, respaldar a Maduro o a Guaidó es anularse y cancela la posibilidad de agotar todas las instancias, como en los 80. La próxima semana llega a México el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y Venezuela estará en la agenda. En espera de confirmación, está la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo en esos días.

La política de neutralidad no es pasiva, sino activa. No es estridente, sino discreta. No perdamos la perspectiva. ¿Nos gustaría que el Presidente de Estados Unidos impusiera un títere para obligar al derrocamiento de un presidente en México? Habrá quien diga que sí, y que prefieren que un poder extranjero resuelva lo que internamente fueron incapaces de hacer. Es indigno. Hay quien dice no, que las luchas se dan adentro, y que si bien las condiciones internacionales contribuyen a los cambios, es el trabajo interno lo que construye la autodeterminación de los pueblos y la libertad. En eso estamos, pese a la radicalización nacional.
24 Enero 2019 04:10:00
¿Estamos en guerra?
El formato de una conferencia de prensa donde diariamente habla con su tono monótono y largas pausas, acompañadas de su discurso descontextualizado y con medias abstracciones, impidió dar total dimensión a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el martes pasado. El Gobierno, como lo describió, está en guerra contra el crimen organizado. Lo dejó ver al revelar que el lunes hubo sabotajes a la mayoría de los ductos de Pemex, que lograron ser neutralizados por la rápida acción de los trabajadores de Pemex. ¿Qué significa esto?

En primer lugar, si existió un ataque a todos los ductos en el país, plantear que hubo una acción coordinada de los cárteles mexicanos que están involucrados en el robo de combustible, es más que una conjetura. Es cierto que pudo haberse tratado de una coincidencia, pero dada la escala del ataque que se sufrió, en el contexto en el que suman días de sabotajes salteados en el centro del país, la hipótesis de una embestida concertada habría que revisarla. En segundo lugar, si los trabajadores de Pemex actuaron rápidamente para neutralizar los sabotajes, significa que se encuentran en estado de alerta máxima, pues de otra forma no podrían haber reaccionado con la prontitud suficiente para impedir el sabotaje. Los trabajadores de Pemex no están actuando solos; cuentan con el respaldo y la protección permanente del Ejército y la Policía Federal.

La falta de información tras lo que dice el Presidente no permite tener en cierto nada, salvo trazar las líneas generales de lo que está sucediendo en este país, donde la cruzada contra el huachicol, que afecta un negocio que el año pasado generó 7 millones de dólares por hora –seis veces más que el intercambio comercial fronterizo entre México y Estados Unidos–, ha generado reacciones. Pero precisamente en este punto es donde se necesitan clarificaciones porque hay contradicciones entre lo que dice el Presidente y la dialéctica de los cárteles de la droga, que tienen en el huachicol un redituable negocio alterno.

En primer lugar, la alianza que sugiere la afirmación del ataque en un solo día a “la mayoría” de los ductos de Pemex. Esto revelaría que los enemigos a muerte, que están librando batallas en varias plazas del país, los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, los que más intereses tienen en ese delito, negociaron una tregua para enfrentar la cruzada antihuachicolera lanzada por López Obrador. No hay ningún indicio, sin embargo, de que esto pueda ser cierto que revelaría una mente más política que criminal. En todo caso, esto lleva al segundo punto, que es el estado de alerta en todas las instalaciones estratégicas de Pemex.

Describir someramente la alerta nacional para proteger ductos e instalaciones estratégicas de ellos, es un contrasentido. Por definición, el mejor ecosistema en el que se desenvuelven los cárteles es el estable, sin violencia, para que puedan realizar su negocio sin alteraciones ni afectaciones. Ningún cártel “calienta” su propia plaza, porque sería suicida para sus operaciones. Si los sabotajes fueron a “la mayoría” de los ductos, ¿porqué los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación pudieron haber decidido ir en contra de sus propios intereses?

Las utilidades son las que definen a los cárteles, no sus estrategias políticas para retar un Gobierno. Entre menos enfrenten a la autoridad, mejor. Para eso las corrompen o amenazan, y cuando no lo logran, su prioridad es no desatar la furia del Estado contra ellos, porque entienden que es algo que no pueden resistir. Las organizaciones criminales que se dedican al robo de combustible, dentro de la lógica del negocio ilícito, mantienen los flujos de hidrocarburos para poder succionarlo de los ductos y venderlo, por lo que no es creíble que en un cambio por completo de filosofía delictiva, sean los responsables de dañar su propia fuente de ingresos multimillonarios por un arrebato contra el Gobierno.

López Obrador dijo en su conferencia del martes que “los grupos que tienen el negocio y que no dejan de hacerlo nos sacaron de operación la mayoría de los ductos, nos los pincharon, provocaron fugas, en algunos casos peligrosas, nos sacaron de operación cuatro veces el Salamanca-Guadalajara y el Tuxpan-Azcapotzalco que ya habíamos logrado estabilizar”. Una vez más: ¿los dos cárteles actuaron concertadamente para lastimar a un Gobierno, pero sobre todo, para afectar sus actividades delictivas? No tiene mucho sentido.

Los cárteles no realizan sabotajes a las fuentes de sus ingresos. Quienes hacen sabotajes en ductos, como lo hizo en 2007 en tres estados fue el Ejército Popular Revolucionario, no son los grupos armados. El sabotaje busca afectar el aparato productivo o los bienes de producción, que es propio de movimientos políticos, no de organizaciones criminales que quieren lo contrario. El Presidente no piensa lo mismo. Es la delincuencia organizada, resistiendo la cruzada contra el huachicol la que presiona y amenaza, afirmó. Sin embargo, no hay información concreta de ningún jefe criminal, que esté siendo investigado por el robo de combustible. Las investigaciones son contra exfuncionarios, políticos y empresarios. ¿Por qué reaccionarían los capos de las mafias si no se sienten perseguidos? Ni siquiera en el discurso presidencial ha habido referencias directas a ellos.

La guerra contra el crimen organizado lanzada por el presidente López Obrador es muy opaca en este momento y necesita clarificaciones. El punto de partida es el desdoblamiento de lo que dijo el martes en Palacio Nacional. Necesitamos saberlo para entender el tipo de guerra que enfrentaremos los mexicanos, si es frontal contra las bandas criminales, o si es aquella indispensable para construir consenso para
gobernar.

23 Enero 2019 03:59:00
La trampa del discurso
En ningún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador ha modificado su discurso: el robo de combustible es consecuencia de la corrupción que ha generado pobreza. López Obrador establece una línea clara, que legalmente es inexistente, entre las comunidades que compran o roban combustible, que parafraseándolo serían la sociedad buena, víctima por la marginación en la que han vivido, frente a gobiernos corruptos del pasado que crearon sistemas de saqueo de hidrocarburos en donde mete en una misma bolsa a empresarios y miembros de la delincuencia organizada, que sería la sociedad mala.

La dicotomía del discurso permea en su voz, sin que se le vean las contradicciones. Pero su propia palabra está construyendo una trampa: si casi un centenar de muertos y sabotajes sostenidos del crimen organizado tienen su origen en la corrupción de gobiernos anteriores, ¿por qué quiere dejar el pasado en el olvido y no como prólogo del cambio de régimen? El deseo político de López Obrador se está agotando en lo prolífico de su retórica y propaganda.

Enfrenta, como quedó de manifiesto en su conferencia matutina del martes, un desafío pocas veces visto. Los criminales, en reacción a su cruzada contra el huachicoleo, están saboteando sistemáticamente los ductos de Pemex. La osadía criminal tendrá condiciones abiertas para confrontar al Estado –porque eso está haciendo– únicamente si encuentra espacios de mezquindad entre los mexicanos y regateo al llamado presidencial de enfrentarlos sin ceder. Si en el pasado quienes hoy se resisten a ser sometidos por los criminales tomaron partido por los criminales porque se acomodaba a su lucha política, sería una irresponsabilidad imperdonable seguir la misma estrategia. Nunca será momento para cobrar ese tipo de facturas, porque los criminales son eso, delincuentes.

Pero hay otros grupos, blanco preferido de López Obrador para explicar sus acciones, que son anteriores gobiernos a los que sin matices y mucha generalización, los que, asegura reiteradamente, convivieron, actuaron y convivieron con la delincuencia organizada, creando un ecosistema negro que ha dañado a la nación. El discurso sin acción concreta, se le va a agotar rápido a López Obrador. Utilizar la corrupción de sus predecesores en el poder como la fuente de todos los males, tiene un límite retórico. Si quiere salvar a la sociedad buena de que rinda cuentas ante la ley por cometer delitos, tiene que empezar a actuar contra la sociedad mala.

La semana pasada anunció el Gobierno el inicio de investigaciones contra políticos y exfuncionarios presuntamente vinculados con las redes criminales del huachicol. Pero en el discurso, López Obrador ha ido más alto. Ha señalado directamente a directivos de Pemex en diferentes administraciones, y funcionarios en los gabinetes de Hacienda y Seguridad. No ha dado nombres, pero los objetivos de sus acusaciones han ido directamente contra ellos. Tres expresidentes han sido implicados en sus palabras, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. El Presidente debe dejarse de simulaciones y si tiene evidencia, como uno supone que la tiene quien hace imputaciones tan serias, debe actuar en su contra, y que aporte elementos para que la Fiscalía General abra carpetas de investigación. En ese paquete debe incluir a los exdirectores y subdirectores de Pemex, a quienes también ha señalado como cómplices del delito federal.

Es importante que López Obrador se aleje del discurso propagandística y comience a actuar en aspectos concretos. Acusaciones orales y estigmatización no son suficientes ante el ataque del crimen organizado en contra del Estado mexicano. El Presidente necesita de acciones que respalden su afirmación de que irá con todo y contra todos los que resulten responsables del saqueo petrolero, sin amedrentarse ni ceder. Que sea la judicialización de esos casos la que determine los grados de responsabilidad de los gobiernos anteriores y quienes los encabezaban. Pero debe apurarse porque la tragedia en Tlahuelilpan empezó a costarle en imagen pública.

Una encuesta dada a conocer el martes por el Gabinete de Comunicación Estratégica, muestra que si bien López Obrador mantiene un altísimo nivel de opiniones positivas (88.7%), la mayoría de la gente a nivel nacional (54.6%) considera que fueron los pobladores de la zona quienes se acercaron al ducto para recoger combustible, por lo que en la misma proporción los considera responsables de la explosión. El Presidente ha eximido a los pobladores de la zona como los responsables, y acusado a la corrupción de anteriores gobiernos la responsabilidad total de la tragedia. En la encuesta, sólo 1.8% a nivel nacional considera que expresidentes y gobiernos anteriores son los responsables de la explosión y, ante la oferta de López Obrador de apoyar económicamente a los familiares de las víctimas, 7.5 de cada 10 mexicanos está en contra.

La reacción en las redes sociales, siempre muy proclives a López Obrador, fue peor. De acuerdo con el análisis de GLAC, una consultoría de seguridad y tecnología que publica regularmente sus mediciones en El Financiero, entre el 18 y el 21 de enero registró 375 mil 8 menciones, donde el 98.83% se expresó en contra de la actuación de López Obrador, destacándose entre los argumentos la falta de capacidad para atender ese tipo de emergencias. Este pulso, volátil como todo lo que navega por las redes sociales, refleja en diferentes proporciones lo que midió la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica.

Ambas revelan agotamiento en el discurso de López Obrador de que todo es culpa de la corrupción, y establece los matices que el Presidente no utiliza. Para evitar que esta caída coyuntural pueda convertirse en tendencia, López Obrador tiene que dar resultados concretos. Ahora es cuando si tiene evidencias de corrupción de expresidentes, exsecretarios de Estado, exfuncionarios, debe denunciarlos en la Fiscalía General. De otra forma tendrá que encontrar nuevos enemigos porque los actuales se le están desvaneciendo entre las manos de la opinión pública.
22 Enero 2019 03:55:00
Sí falló la estrategia
Ya no hay partes de guerra del combate contra el huachicol. El desabasto resultó más importante en la vida cotidiana de los mexicanos que la cruzada contra los delincuentes, y requirió que el Gobierno reorientara su estrategia –no su discurso– para resolver el suministro. El desbasto ya provocó una tragedia cercana a los 100 muertos, y esta, más la urgencia por evitar mayor escasez de gasolina, provocó una compra apresurada de pipas y el reclutamiento militar de conductores dentro de una variación del Plan DN-III, diseñado para apoyar a la población en situación de desastres, para distribuir hidrocarburos. De hechos insólitos se construye la Cuarta Transformación.

No sabemos ya qué es más importante que lo anterior, por la velocidad con la que cambian los temas y el énfasis de la conversación. Lo que sí se puede hacer es una primera evaluación sobre la estrategia de la guerra contra los huachicoleros, emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de diciembre. Lo último que supimos sobre los logros de esa cruzada son del 8 de enero, cuando se informó que se había frenado el robo de hidrocarburos, y se habían ahorrado 2 mil 500 millones de pesos. Ya no hay más datos duros porque el torbellino de las consecuencias de un plan diseñado en tres semanas, son enormes.

Lo que estamos observando ahora es que los costos están resultando más grandes que los beneficios. Pero que no se mal interprete. La lucha contra el huachicol debe apoyarse incondicionalmente. Si por corrupción o para evitar desabasto, si porque el delito no se originaba sólo en la delincuencia organizada y los gobiernos, sino también en las comunidades enteras que entraron al negocio ilícito como una forma de vida y subsistencia, la realidad es que anteriores gobiernos no lo hicieron a fondo. El problema radica en la estrategia. Si se hace algo bueno que resulta más perjudicial en su implementación, no es para dejar de hacerlo, sino para corregirlo.

Para que funcione se requiere alinear todos los esfuerzos dentro de un plan estratégico. Si no existe este alineamiento, por mejor pensada que esté la estrategia, habrá tropiezos, estancamientos e, incluso, retrocesos. Es lo que está sucediendo: la estrategia de la cruzada contra el huachicoleo fracasó en esta primera etapa. Pese a alinear a todo el Gobierno, el recurso humano es lo que no le funcionó. A la lucha militar y policial, cuyos resultados divulgados la semana pasada fueron positivos, la logística que debieron desarrollar la Secretaría de Energía y Pemex ha sido un desastre. El desconocimiento de sus titulares y la ligereza con la que inicialmente se refirieron al desabasto, permite conjeturar que incurrieron en dos errores que llevan al fracaso de una estrategia: la ausencia de escenarios para saber los pros y contras de cada medida, y la falta de un plan de contingencia.

Los resultados derivados del desabasto se expresan de manera distinta. La forma más dramática fue el viernes pasado en Tlahuelilpan, donde cientos de pobladores de la zona buscaron abastecerse de gasolina que se fugaba de una toma clandestina en un ducto, tras 10 días de desabasto. López Obrador responsabiliza a gobiernos corruptos del pasado de esa tragedia, lo que si bien puede alegarse como parte del origen del problema, no tiene nada que ver con la realidad objetiva que Pemex no abasteció combustible en la zona. Esto, de ninguna manera, hace responsable de la tragedia al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, pero muestra las deficiencias de una estrategia mal diseñada y peor instrumentada.

El desabasto se dio por el cambio de logística de Pemex, que incluyó el cierre de ductos y la distribución de combustible mediante auto-tanques. Las cuentas de Romero Oropeza fueron pésimas. Este lunes, López Obrador anunció la compra de 571 pipas en Estados Unidos, que se suman a las 3 mil 500 que aportó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Este error de cálculo –el déficit de 4 mil pipas no previstas en Pemex– tuvo un costo no revelado aún con la Canacar, y de más de mil 615 millones de pesos por el equipo que se adquirirá en Estados Unidos. Las pérdidas no paran ahí.

Citibanamex reportó la semana pasada que la escasez de combustible va a generar una pérdida neta de 23 mil 600 millones de pesos del Producto Interno Bruto, derivada del cambio poco eficiente y costoso del transporte de combustible que, añadió, excedió los beneficios. Aunque no hay nuevos datos sobre cómo va el ahorro por la cruzada contra el huachicol, si se duplicara mecánicamente la cifra anunciada por López Obrador a las dos semanas de haber iniciado el combate, se podría argumentar que se ha reducido la utilidad de los criminales en cinco mil millones de pesos; es decir, poco menos de una cuarta parte de las pérdidas causadas por la mala estrategia.

Esta estrategia, señaló Citibanamex, debe de ser temporal, acompañada de un éxito en el combate al huachicol, para que compense y mejore el balance económico entre costo y beneficio. No parece que así sea, porque no se ha planteado temporalidad ni, como exige una guerra, se establecen los términos de la victoria. Se puede argumentar que el Presidente sí lo estableció, acabar con la corrupción. Pero es retórico. La corrupción nunca se acaba, aquí o en el mundo, pero combatir la impunidad la reduce. Elevar el costo para que nadie sea impune no está en el discurso ni en el la voluntad política presidencial plena, como sugiere Tlahuelilpan, como tampoco un cambio de estrategia. O sea, si las cosas van como hasta ahora, la medicina habrá sido la correcta, pero matará al paciente.
21 Enero 2019 03:59:00
La tragedia de Tlahuelilpan
La tragedia de Tlahuelilpan, donde decenas de personas murieron al explotar un ducto de gasolina por cuya fuga robaban combustible y festejaban algunos bañándose en él, es una doble desgracia. De la humana las crónicas y el número creciente de personas fallecidas van construyendo el drama. De la gubernamental sólo hay omisiones inconfesables, aceptaciones institucionales torpes para justificar la inacción federal, y acciones legales que no pueden dejar de aplicarse. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere darle un giro a la vida pública de la nación y restaurar el Estado de Derecho, Tlahuelilpan no debe quedarse como su primera marca de impunidad. Hay responsabilidades contra un número aún no claro de pobladores de la zona por diversos delitos, así también contra los mandos militares y policiacos que no hicieron nada por prevenir el siniestro.

El secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, dijo el sábado que cuando el Ejército llegó al punto donde se reportó la fuga en el ducto Tuxpan-Tula el viernes, intentó alejar a cerca de 800 pobladores, pero que los 25 soldados y policías que lo intentaron, al ponerse agresivos algunos de ellos, se alejaron. De esa forma, las fuerzas de seguridad, que no recibieron apoyo del Ejército o de la Policía Federal –llegó primero la prensa que ellos–, fueron testigos de la explosión y las muertes, donde ellos, por omisión, son responsables. Las declaraciones del general es una confesión de culpa: tiene desplegados a 10 mil soldados para combatir el huachicol, pero no hicieron nada en Hidalgo porque “estaban rebasados”. Al ser autoridad, replegarse y no actuar en un delito en flagrancia en una situación de alto riesgo, es imperdonable.

Los mandos militares y policiales que llegaron a Tlahuelilpan son presuntos homicidas dolosos –al saber que violaban la ley– por acción u omisión de facultades y atribuciones comprendidas en el artículo 8de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, en su inciso uno, que ordena “cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio”, y el inciso dos, que obliga a “abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público”.

En el caso de las personas que robaron combustible –llevar bidones habla de premeditación–, incurrieron en una serie de delitos que, de acuerdo con abogados, incluye el delito federal de robo de un bien público con la evidente intención de obtener lucro personal, la convocatoria a la insubordinación social para incluir a mujeres y menores de edad en el hurto, asociación delictuosa y responsabilidad imprudencial para obligar a terceros a cometer el delito, que fueron cometidos en flagrancia. Además, dados los antecedentes de huachicol en la zona, el probable delito de comercialización de combustibles sin autorización ni protocolos de seguridad.

Estos dos últimos párrafos se refieren a la aplicación de la ley que, en este país, la norma es violarla y la excepción es cumplirla. Por décadas, el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado ha estado cancelado. El punto de partida de esta debilidad institucional está ubicado el 2 de octubre de 1968, cuando se realizó la matanza de Tlatelolco, fecha desde la cual el Ejército se ha visto inhibido en momentos tan dramáticos como lo que sucedió en Tlahuelilpan. El Gobierno federal, se puede argumentar por la falta de refuerzos enviados a ese punto a 124 kilómetros de la Ciudad de México, prefirió dejar hacer, dejar pasar, para evitar un conflicto con la población. Para el Gobierno del presidente López Obrador, el hecho en sí mismo, es una contradicción.

Por años, la izquierda en México, herida y agraviada históricamente, ha denunciado las acciones de fuerza de soldados y policías como actos de represión. Los intentos por fortalecer el uso legítimo de la fuerza han sido interpretados, denunciados y combatidos como intentos por criminalizar la protesta social. López Obrador mismo ha caminado sobre una línea delgada y cuidado su discurso para evitar cruzarla.

Apenas hace ocho días, cuando habló del desabasto de gasolina, el Presidente dijo que se trataba de “un asunto transitorio” provocado por los “traviesos” que roban el combustible, y pidió a la población no fomentar el robo y la corrupción. “Hay gente que se está portando muy bien”, dijo en otro momento, “pero quiero pedirles a todos, hasta a los traviesos, que se actúe con responsabilidad, que piensen en sus familiares, que piensen en ellos mismos, que piensen en el prójimo, que piensen en su país, en México. ¡Todos a portarnos bien!”. 

Tlahuelilpan demostró lo falible de ese discurso. Restablecer la ética a una sociedad, como pocos dudan la requiere la mexicana, no se logra con discursos o una Cartilla Moral. Es un trabajo de educación cívica que bien hecho demorará cuando menos una generación en dar sus primeros resultados. Ningún pueblo es bueno, como imagina López Obrador que es o puede ser el mexicano. La rectitud en la vida pública se da mediante la eliminación de los incentivos para ser malo aunque se le tilde de pueblo bueno.

En México los incentivos inversos fueron alimentados por la rampante impunidad de décadas. Pero hay luces. Tlahuelilpan será una gran oportunidad para López Obrador en su intención por restablecer el estado de derecho, si aplica la ley en este caso, y utiliza –no lucra– la tragedia en Hidalgo como el punto de partida para restaurar el uso legítimo de la fuerza del Estado, que la va a necesitar, cuando menos, en su cruzada contra el huachicol.
18 Enero 2019 04:00:00
La seguridad del Presidente
La cruzada que emprendió Andrés Manuel López Obrador en contra del huachicol tiene consecuencias inmediatas. Una, como dice, es que el robo del combustible se redujo al enfrentar a los huachicoleros. Otra, que tiene plazos distintos, es que si el combate es tan efectivo como lo asegura el Presidente, el escenario de una respuesta violenta por parte del crimen organizado debe ser una prioridad. Las pérdidas económicas para quienes roban el combustible son cuantiosas –más de tres mil millones de pesos en menos de 15 días–, con lo que afecta fuertes intereses. Por ahora, la reacción de los criminales ante la acción gubernamental han sido sabotajes en ductos estratégicos, pero ¿quién garantiza que sus acciones revanchistas no escalen directo a López Obrador?

Meterse con el crimen organizado en un negocio que es más redituable que el narcotráfico, cambia por completo su entorno y modifica el paradigma de López Obrador que para estar cerca del pueblo se despojó de la seguridad militar que cuidaba a los presidentes mexicanos, y se rodeó de un equipo de civiles, que aunque fueron entrenados en Israel, no tienen el número, alcance, o el trabajo de inteligencia que le permitía al Estado Mayor Presidencial anticipar riesgos, como cuando capturaron una célula del EPR que, escondida entre la maleza del Bosque de Tlalpan, querían capturar al presidente Ernesto Zedillo, que hacía ejercicio en ese lugar casi todas las mañanas.

Enfrentar enemigos tan grandes y escurridizos, sin prisa para tomar venganza, hace que la seguridad del Presidente no sea un tema donde la única y última palabra la tiene Andrés Manuel López Obrador.

Su seguridad es un tema demasiado serio para que no se le provea como jefe de Estado, ni es una discusión donde la necedad se imponga sobre los protocolos que deben de seguirse y reforzarse en torno a su figura.

López Obrador es testarudo, pero el responsable de su seguridad, sus principales asesores y quien sea necesario sumar para hablar con él, deben hacerle ver que ya no es el activista, el agitador social o el candidato que puede ser laxo en su seguridad. Como Presidente, esta dejadez significa irresponsabilidad. Y para quien está en su entorno y no le hable duro para confrontarlo con la realidad que vive desde que llegó a Palacio Nacional, en cualquier cosa que le suceda, será cómplice por omisión. López Obrador no puede apelar a la ética y a la buena fe de los mexicanos, para que sean ellos quienes lo cuiden. Eso no existe ni en México, ni en el mundo reales.

Hay gente de todo tipo, buena y mala en distintos grados, pero cuando se trata de actividades criminales, los riesgos se elevan sustancialmente en función de la solidez del estado de derecho y los niveles de impunidad. Sería un pleonasmo hablar de la falta de lo primero y del superávit de lo segundo en México. Pero embarcarse en la cruzada contra los huachicoleros, no es pelearse con políticos, empresarios, periodistas o cualquier otra institución, donde la respuesta más violenta estará siempre en el entorno de la política.

Luchar frontalmente contra los criminales y afectar intereses económicos, ha llevado a López Obrador a adentrarse a un campo donde nunca estuvo. Haber caminado territorios controlados por el narco, como sucedió en la campaña presidencial, y haber transitado sin mayores problemas por retenes criminales en el norte del país, quedó en el pasado, cuando el enemigo no era él, sino los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. En ese momento no representaba ningún riesgo para sus intereses económicos. De hecho, con el ofrecimiento de amnistía a narcotraficantes, se volvía un aliado inopinado para ellos. Eso ha cambiado radicalmente.

Como presidente, cuya primera decisión fue confrontarlos militarmente, López Obrador ha pasado a ser su principal enemigo. Más que Peña Nieto en el arranque de su gobierno, cuando dejó de combatirlos, y más que Calderón, que comenzó la guerra contra ellos de manera focalizada y gradual, López Obrador le declaró la guerra y llamó a los mexicanos a combatirlos y a repudiar el mercado ilegal de combustible robado. Su cruzada la hizo nacional.

Las resistencias, como ha dicho el Presidente, son fuertes. Pero que no se equivoque, como parece estar haciendo en este momento. No sólo son los delincuentes de cuello blanco a los que está enfrentando; el crimen organizado juega un papel preponderante y central en este negocio. Dos cárteles están profundamente involucrados, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación, que son los más violentos. Debe entender que si los está combatiendo con todo, no les deja puertas de salida. Si se cierra todo, para acabar con esos robos, los criminales responderán como no lo han hecho hasta ahora.

El presidente debe entender la dinámica que modificó de manera abrupta y entender el cambio que ello significa. Ser Presidente implica que tiene que ceder libertades individuales, de acción y movimiento, porque tiene que ser responsable con el pueblo cuyo porvenir depende de él.

Lo que le suceda al Presidente no afecta sólo al entorno de López Obrador, sino a una nación entera. Un atentado generaría caos, zozobra e incertidumbre política, económica y social, nacional e internacional. Ni siquiera estamos constitucionalmente preparados para la ausencia súbita de un Presidente. Esta es la externalidad que abrió su cruzada contra el huachicol. Su seguridad es prioritaria. Pasó el tiempo del folclor y el discurso populachero. El Presidente tomó riesgos y lo apoya la nación. Debe estar a la altura de su responsabilidad y asumir que el jefe de Estado Mexicano requiere de protocolos de seguridad que protejan su vida por encima de todas las cosas.
17 Enero 2019 03:57:00
La división de los mexicanos,  ¿para nunca acabar?
El viernes pasado sucedió algo insólito. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, interrumpió su discurso en Tlapa, en un evento con Andrés Manuel López Obrador, ante los gritos y mentadas de madre que recibía de morenistas, alentados por Pablo Salazar, presidente estatal de Morena y delegado federal, y sobrino de la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, y le reclamó al Presidente.

“Yo no vuelvo a ningún recorrido, es ofensivo”, le dijo Astudillo a López Obrador. Evaluaría, dijo, a qué evento con el Presidente asistiría en el futuro. López Obrador le ofreció disculpas inmediatas y el lunes dijo en su comparecencia mañanera que ese tipo de actitudes no deberían darse. Respeto para todos, pidió, aunque parece tarde.

La polarización llegó para quedarse y difícilmente se va a borrar. El Presidente, un gran comunicador, lleva años evangelizando a sus seguidores más fieles y persuadiendo a millones más con un discurso simple, pero persuasivo: los ricos, llenos de privilegios y corruptelas, tienen que ser erradicados del país. Es el tiempo de los pobres, que están del lado de los liberales, y hay que luchar contra los conservadores, que se oponen al cambio, son palabras no textuales en la doctrina de López Obrador que han abierto la confrontación nacional. ¿Hasta dónde llegará? Como está la irritación, diariamente alimentada por los propagandistas del régimen en las redes sociales, hasta que la retórica se convierta en agresión física.

La reacción del presidente López Obrador ante lo que sucedió con Astudillo no empata con anteriores comportamientos. Se mostró preocupado desde el mismo momento en que el gobernador interrumpió su discurso y le expresó que sus seguidores de Morena han hecho de sus eventos “torneos de insultos y descalificaciones”.

El Presidente ofreció disculpas inmediatas y ha enviado línea política a sus seguidores para que muestren respeto. No bastará. El humor está ardiendo y los ánimos encendidos. Lo que le pasó a Astudillo, menos intenso, le sucedió el domingo al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aunque López Obrador dijo que no sucedió nada. Antes le pasó al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y previamente al de Michoacán, Silvano Aureoles. Los políticos no son sus únicos blancos.

Los militantes de Morena están empoderados por un Presidente fuerte y carismático que, en este momento, no tiene oposición que se le plante enfrente. El Congreso, un contrapeso, está arrodillado ante él. El Senado también. La prensa es acosada y el Poder Judicial ha sido agredido. Los órganos autónomos están siendo acosados presupuestalmente como si la intención fuera deshidratarlos y acabarlos.

La gradería del Presidente siempre aplaude y se anima a profundizar la división. México está enfermo de rencor y resentimiento. La bola de nieve viene por la ladera tomando fuerza y volumen. ¿Hasta dónde llegará? Reiteremos: como está la irritación, diariamente alimentada por los propagandistas del régimen en las redes sociales, hasta que la retórica se convierta en agresión física.

No están solos. Hay que ver el fenómeno en toda su dimensión. El odio mostrado no corre en un solo sentido. A toda acción hay una reacción, y en la esquina de enfrente hay respuestas proporcionalmente violentas.

Hay ataques clasistas y discriminadores inaceptables a personas vinculadas a Morena por el color de su piel. ¿Cómo no quieren entonces que se esté gestando una lucha de clases? La forma como se señala visceralmente todo lo que hace el Presidente no deja espacio a la razón, mucho menos a la discusión argumentativa. Muchos no abordan críticamente sus acciones y políticas, sino lanzan denuestos personalizados. Abundan las provocaciones, los desafíos y las injurias. El discurso binario no avanza sobre un carril único. Se nutre de todos lados, crecientemente

intolerantes y beligerantes.

El gobernador Astudillo le recordó a López Obrador que es Presidente de todos los mexicanos, por lo que el respeto debe ser mutuo y recíproco. No fue ociosidad expresarlo, porque se está volviendo una norma de comportamiento en las élites de Morena, particularmente en el Congreso, donde las cómodas mayorías que tiene el partido en el poder, ha llevado a varios de sus líderes a actuar con mayor despotismo del que tanto se quejaron, con más prepotencia con la que mucho tiempo los trataron, abiertamente retadores.

El poder tiene que ser magnánimo, no vengativo. El Comité de Salud de la Revolución Francesa, que de algo sirva la Historia, llevó a la guillotina a quienes hicieron de ella su instrumento de castigo contra quienes se oponían al cambio de régimen.

Pero todo esto sólo tiene sentido si estamos de acuerdo en vivir bajo un orden democrático real, no retórico. Para quienes la democracia no tiene sentido, esta discusión es irrelevante; querrán otro sistema –no régimen– que la sustituya. Para quienes piensan que la democracia es el menor mal de los males, la satanización de los de enfrente, la polarización política, la fragmentación que se vive en los medios y las actitudes tribales, mal de México y el mundo, tiene que atajarse para evitar que la brecha se siga

ensanchando.

Yascha Mounk, director del Centro de Renovación del Instituto Tony Blair para el Cambio Global en el Reino Unido y conferencista en la Universidad de Harvard, escribió el año pasado El Pueblo Contra la Democracia (The People vs. Democracy), donde identificó los tres conductores del descontento: estancamiento en los niveles de vida, temor de una democracia multiétnica y el surgimiento de las

redes sociales.

“Para revertir la tendencia –señala Mounk– los políticos necesitan promulgar reformas que beneficien a muchos, no a unos pocos”. Llevado al terreno mexicano, 30 millones de votos ganan elecciones, pero no gobiernan un país.
16 Enero 2019 04:58:00
La victoria de López Obrador
Las encuestas, todas, dan al presidente Andrés Manuel López Obrador un extraordinario respaldo para el combate al robo de combustible. Las pérdidas económicas derivadas del desabasto de gasolinas y las enormes incomodidades de las clases medias para reabastecer sus vehículos han sido insignificantes en su correlación con el apoyo a López Obrador.

Al menos ocho de cada 10 mexicanos están incondicionalmente con él, un volumen muy superior incluso al que obtuvo en las elecciones presidenciales, cuando 5.3 de cada 10 mexicanos votaron por él.

Hay quien se pregunta cuál es la razón por la que un problema toral en la vida cotidiana, acentuado por el claro naufragio de los funcionarios responsables del suministro de combustibles, no haya hecho merma en la imagen ni el respaldo al Presidente, sino todo lo contrario.

López Obrador tiene la confianza plena, en un fenómeno que quizás no se veía desde que el pueblo, sin importar clases sociales, salió a las calles a entregar todo lo que tenía para respaldar al presidente Lázaro Cárdenas en la nacionalización petrolera.

La encuesta de El Financiero publicada este lunes es muy clara: se cerraron filas detrás de López Obrador. El 89% de los mexicanos en el país, apoya el combate contra el robo de combustibles. La aprobación a su trabajo es de 76%, seis puntos arriba desde última la medición, el 26 de diciembre pasado, un día antes que anunciara el combate contra los huachicoleros, y prácticamente el mismo de cuando asumió la Presidencia, cuando estaba en 77 por ciento.

Es decir, una medida de gran calado que requería invertir capital político, le representó cero pérdidas y significativos réditos políticos. El consenso es tan amplio que nunca se dio, ni remotamente, una situación de disturbios en las calles, como se dieron por situaciones análogas en los últimos años en Sao Paulo o Santo Domingo.

Para comenzar a entender el fenómeno que estamos viendo, hay que recordar el eje de las campañas presidenciales de López Obrador, la lucha contra un régimen corrupto que olvidó a las mayorías, y que el mandato en las urnas el 1 de julio pasado fue precisamente para que cumpliera con su promesa.

Entonces, si el voto popular fue para combatir la corrupción y López Obrador ha empaquetado el huachicoleo como un problema de corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN, contra el que masivamente se votó en contra en las urnas en julio, ¿por qué sorprende tanto el apoyo masivo al Presidente en esta cruzada?

López Obrador no ha perdido oportunidad en cada mensaje y en cada discurso, para establecer la línea que conecta el robo de combustible con anteriores gobiernos. Es decir, todos los días a todas horas está diciendo a los mexicanos que esta acción es consecuencia directa del mandato que recibió, y respuesta frontal a su exigencia en las urnas.

El pedir de forma permanente el apoyo de los ciudadanos y agradecer de manera reiterada la forma como han respaldado la acción contra los criminales sin que estallaran conflictos –“se han portado bien”, es su frase–, es una forma de involucrar a los mexicanos y hacerlos sentir que son parte importante en esta lucha para evitar el saqueo de los recursos nacionales.

No a todos les gusta la forma como López Obrador construye las imágenes, pero a decir de las encuestas, su mensaje ha penetrado y su apelación ha surtido un efecto que para los estándares y antecedentes mexicanos es casi insólito.

En la misma encuesta de El Financiero se registró que 62% de los mexicanos cree que la gente debe confiar y tener paciencia mientras dure la situación de desabasto, notándose un porcentaje incluso más alto, de acuerdo con el estudio, en aquellos estados con mayor desabasto. Esto significa que el individualismo y egoísmo ciudadano, tan característico de los mexicanos, fueron hechos de lado ante el llamado presidencial.

El experto en opinión pública Jorge Buendía, director de Buendía&Laredo, dijo que ante la escasa información que hay sobre el combate, el abasto y sus efectos, el combate al huachicol está alineado con el respaldo a López Obrador, como lo muestran todas las encuestas.

“Ante la falta de información, para muchos ciudadanos apoyar la lucha contra los huachicoleros se reduce a expresar o negar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador”, agregó. “El éxito político de la medida dependerá de la rapidez con que se termine el desabasto”.

Según funcionarios federales, esta semana se normalizará el abasto en todas menos dos entidades, Guanajuato y Estado de México, con lo cual el escenario negativo que planteó Buendía podría no llegar a darse. De cualquier forma, López Obrador trazó en su comparecencia pública del martes una nueva cruzada, que le va a permitir prolongar el tipo de apoyo que ha recibido hasta ahora.

A pregunta de un periodista, desarrolló una nueva narrativa donde ubicó la palabra “huachicoleo”, hasta ahora sólo utilizada como sinónimo de robo de combustible, como el equivalente a robo con alto daño a la nación, cometido o avalado por gobiernos anteriores.

Así, estableció la relación directa entre futuras campañas en otros sectores, con parte del mandato de las urnas. El lunes dijo que después del huachicoleo iría a combatir la corrupción en otros campos. El martes identificó indirectamente que será en el rubro de los medicamentos.

El manejo político de López Obrador ha sido impecable. El único límite que habrá entre su éxito y el desgaste que lleve a la derrota, es si los resultados no son como los ha prometido. Pero por lo pronto, está sólido y avanza rápido.
15 Enero 2019 03:58:00
Huachicoles somos todos
El parte de la guerra contra el huachicoleo señala: mil 700 carpetas de investigación iniciadas en dos semanas, tres altos funcionarios de Pemex cuyos casos por daños a la Nación se judicializaron y 4.5 millones de barriles de combustible asegurado. La contraparte en esta guerra son actos de sabotaje –que es una acción propia de terrorismo, y una rebelión de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula, contra de un contingente de militares que perseguían a ladrones de combustible. La comunidad los enfrentó, tras acusarlos de disparar contra la población, y privó a tres de su libertad durante horas.

Esa zona es conocida por su actividad huachicolera, y no es la primera comunidad que se rebela ante los militares. El año pasado en Puebla, huachicoleros protegidos por los pobladores de municipios de la zona se enfrentaron con militares en varias ocasiones. También hubo enfrentamientos todo 2018 en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tabasco, y Tlaxcala, lo que habla de la magnitud territorial del problema. López Obrador hizo un llamado a los pobladores de Santa Ana para que “no se mancharan” de sangre atacando militares, y pidió en general que no se comprara gasolina robada. Difícil empatar la ética frente a la sobrevivencia.

Un caso que puede ilustrar este dilema es el de San Salvador Huixcolotla, que tiene un mercado nutrido en hortalizas, frutas y ropa. Huixcolotla fue contaminado por la influencia de los municipios vecinos que se encuentran dentro de la zona del Triángulo Rojo, donde las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto, primero auspiciadas por Los Zetas y más adelante por el Cártel Jalisco Nueva Generación, es de 2 millones de pesos diarios. Los huachicoleros aprovecharon la coyuntura en ese municipio y en el país, abierta por la liberalización del precio de los combustibles en enero de 2017.

Una externalidad del gasolinazo fue la proliferación del huachicoleo por razones económicas. En diciembre de 2016, el precio del litro de gasolina estaba en 14.81 pesos; el retiro de todos los subsidios en enero lo elevó a 17.05 pesos. Los huachicoleros expandieron sus mercados y llegaron a Huixcolotla, que se convirtió en un centro de distribución de combustible robado, gracias a la estrategia de los ladrones de combustible. Al elevarse el precio del diésel, llegaron a las comunidades más alejadas con la oferta de mitad de precio y colocado junto a sus cultivos. Para muchos, si no todos, la oferta era irresistible en el contexto de su subsistencia, y el huachicol penetró fácilmente el tejido social.

El huachicol mermó a Pemex. En 2016, las pérdidas reconocidas eran de 30 mil millones de pesos. Para 2018, dice López Obrador, ascienden a 60 mil millones, razón por la cual lo combate. Dentro de esta lucha, matizó este lunes la acusación directa sobre gobiernos anteriores de ser parte del crimen, e incorporó “o por su complacencia”. Esto se ajusta más a la realidad. En mayo de 2017 se publicó en este espacio que el presidente Enrique Peña Nieto intentaba salir de la pasividad en la que se encontraba ante el fenómeno criminal, después de una desesperante inacción, pero como reacción, no prevención. En ese momento se apuntó:

“Peña Nieto tendría que haber estado muy bien informado del problema que se vivía, pues desde (hacía) unos tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en el gobierno del Estado de México, el general brigadier Eduardo León Trauwitz, como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que es el área responsable de los ductos. El general Trauwitz sostenía reuniones regulares con los responsables del área logística de Pemex para discutir del robo de combustible, donde había acusaciones cruzadas. Exfuncionarios que conocen de esas reuniones, (recordaron) que el general afirmaba que el robo tenía cómplices dentro de Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era responsabilidad de los militares la vigilancia.

“El alegato del general es que tenía que haber complicidad en Pemex con los criminales porque para poder ordeñar un ducto se necesitaba, a fin de evitar una explosión letal, que no estuviera transportando combustible, información que sólo podría provenir del salón de control de ductos de la empresa. Esta idea (siguió) permeando en el Gobierno federal y se (investigaba) en Pemex la posibilidad de complicidad con los criminales. Pero el alegato de los responsables de logística, era por la información que se tenía en las áreas de seguridad del Gobierno poblano, que la ordeña de ductos en el Triángulo Rojo estaba avalada y, en algunos casos, controlada, por los militares”.

El fenómeno de Huixcolotla mostró cómo, pese a todo, se extendió el huachicol. El entonces gobernador Rafael Moreno Valle pidió reiteradamente apoyo federal para combatirlo, pero el gobierno de Peña Nieto no se lo dio porque, según exfuncionarios, fortalecería su eventual candidatura presidencial. Esa mezquindad se extendió, al no darse jamás el apoyo. Poco antes de asumir la Gubernatura, su esposa Martha Érika Alonso recibió un mensaje de los huachicoleros –Huixcotla es vecina de Tecamachalco, el municipio donde nació– para que negociara con ellos impunidad. El mensaje fue rechazado. Los dos murieron en un accidente de helicóptero en diciembre, cuyas causas están siendo investigadas.

Pero la impunidad, en buena parte por la pasividad o complicidad del Gobierno federal, disparó el robo de combustibles y le permitió a los huachicoleros armarse para enfrentar al Ejército y a quien se le ponga enfrente. La impunidad y el crimen es lo que quiere acabar López Obrador, que será el primer paso. El siguiente, restablecer el tejido social, será más difícil de lograr.
14 Enero 2019 03:59:00
La improvisación de Andrés
En Tlapa, en la Sierra de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se decidió por ir al combate frontal contra el huachicoleo porque “me colmaron el plato”. El 7 de diciembre anticipó en su comparecencia mañanera que presentaría un plan contra el huachicoleo, enmarcado en el orden legal, con sanciones más severas contra los criminales. Veinte días después anunció el plan, que tenía como eje acabar con la corrupción en Pemex porque desde ahí, dijo, se manejaba el robo de ductos. Nunca habló de vigilar los ductos, sino de las instalaciones estratégicas de Pemex, ni tampoco mencionó nada sobre el abastecimiento de combustible. Hoy en día son estos dos factores, no los que informó, a los que adjudica la crisis de abastecimiento, lo que muestra la improvisación presidencial. Su diagnóstico era correcto, su planificación fallida y su ejecución desastrosa.

Para entender la dimensión de la improvisación en la que incurrió el Presidente, se pueden utilizar como ejemplo los intentos por liquidar el organismo Luz y Fuerza del Centro. El primer Gobierno que la preparó fue el de Carlos Salinas, cuyo equipo trabajó durante seis meses en la planeación integral donde la toma del organismo no era lo más riesgoso, sino que se produjeran sabotajes o fallas en el suministro. La decisión de extinguirla no alcanzó a darse por la irrupción del EZLN el 1 de enero de 1994, con lo que se canceló definitivamente la operación.

La segunda ocasión que se pensó en su liquidación fue en 1999. El presidente Ernesto Zedillo le pidió al secretario de Energía, Luis Téllez, que la planeara. Téllez armó un cuarto de guerra que comenzó a trabajar sobre los planos originales elaborados en el Gobierno de Salinas, lo que les ahorró tiempo. Aún así, trabajaron dos meses y trasladaron 2 mil técnicos electricistas de todo el país que acamparon en tiendas de campaña en el Bosque de Chapultepec, cerca de donde se encuentra la Secretaría de Seguridad. Se diseñó un plan operativo y la noche en que se realizaría la toma de Luz y Fuerza, con acciones coordinadas de la Policía Federal Preventiva y el Ejército, para evitar no sólo interrupciones en el servicio eléctrico sino, sobre todo, que no afectara el suministro de agua del Cutzamala. Media hora antes de que iniciara la operación, Zedillo abortó el plan.

Pasó una década antes de que el presidente Felipe Calderón tomara la decisión de liquidar Luz y Fuerza. Se trabajó durante casi un año, en buena medida porque el centro de control de las operaciones tenía tecnología obsoleta, por lo que tuvieron que reclutar ingenieros electricistas jubilados y enviarlos a Inglaterra para que durante seis meses se familiarizaran con ese tipo de tecnología. Mientras tanto, la Policía Federal infiltró al sindicato de Luz y Fuerza para recabar información de inteligencia y preparó un plan de toma simultánea de cerca de 300 instalaciones estratégicas.

Se escogió como Día D la tarde del 10 de octubre de 2009, a la misma hora en que México se jugaba su pase a la final del Mundial de Sudáfrica ante El Salvador, para lo cual compraron cientos de boletos y a través de los infiltrados los repartieron entre los sindicalizados. La alerta nacional a los cuerpos de seguridad impidió, por ejemplo, que explotara una bomba que simpatizantes del sindicato colocaron en la presa Abelardo L. Rodríguez en Tijuana. La operación fue impecable.

En ninguno de los tres casos hubo improvisación. Salinas no tuvo un arrebato y abrió un flanco innecesario ante el levantamiento del EZLN. Zedillo no se sintió cómodo con una operación de tal envergadura al final de su sexenio. Calderón lo hizo a la mitad, tras años de análisis sobre los beneficios de esa liquidación. López Obrador tardó menos de 20 días en lanzar esa gran operación contra el robo de hidrocarburos. No informó a ningún gobierno estatal, por lo que no buscó su apoyo. No utilizó a la Policía Federal, y se recargó en el Ejército y la Marina para vigilar las instalaciones de Pemex.

No hizo uso de información de inteligencia para atrapar a los jefes del huachicoleo, que siguen libres como cientos de personas que delinquen diariamente. Por ejemplo, el 27 de diciembre el encargado del despacho de la PGR, Alejandro Gertz Manero, dijo que quienes manejaban el control de los ductos desde Pemex, eran quienes permitían que ese robo se llevara a cabo, pero hasta ahora no hay ningún funcionario de Pemex detenido, lo que sugiere que actuaron sin tenerlos identificados.

El Presidente sugirió que el énfasis del combate sería el robo de pipas, porque la ordeña de ductos era sólo una “cortina de humo”, que hoy ya no lo es. Ha dicho que se ha reducido de 800 a 100 el robo diario de pipas de gasolina, pero el desabasto explotó. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, adjudican al combate contra el huachicoleo la crisis de abasto, que ayer López Obrador volvió a señalarlo como justificación de la escasez de gasolina. Sólo oculta las deficiencias de su gobierno, donde lo más grave de sus improvisaciones fue el olvido de la estrategia del suministro, que metió a su gobierno en una crisis de desabasto que ya le pegó a la economía y que, una vez más, subrayó el carácter ocurrente con el que inició el sexenio.
11 Enero 2019 04:00:00
Detrás del huachicol
Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo durante su campaña presidencial que ofrecería amnistía a quienes hubieran participado en el narcotráfico, hubo quien pensó que se le abría una ventana de oportunidad. Era Miguel Ángel Treviño, apodado el Z-40, el jefe de Los Zetas, quien estaba en la cárcel desde julio de 2013, quien envió a sus abogados para entregar un mensaje a la campaña del candidato presidencial. Treviño se comprometía a reducir hasta en un 50% la violencia en Nuevo Laredo, el tráfico de drogas, de armas, el contrabando de migrantes y el robo de combustible, a cambio de una sola cosa: si llegaba López Obrador a la Presidencia, que no lo extraditara a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada, porque el 19 de julio del año pasado, salió de México hacia una cárcel en aquel país.

La violencia continuó y Los Zetas siguieron administrando su empresa criminal, que tuvo una importante inyección de recursos cuando en sus momentos de crisis por falta de droga hace casi 15 años, se diversificaron hacia el robo de combustible, que comenzó con ellos el gran saqueo al patrimonio mexicano. Los Zetas hicieron de su negocio una operación trasnacional, y vendieron, con documentos falsos, cuando menos 46 millones de dólares de petróleo a refinerías en Estados Unidos, que posteriormente enfrentaron juicios y varios de sus directivos fueron a la cárcel. La delincuencia organizada es quien más ganancias extrae del robo de hidrocarburos en el mundo, que es uno de los más grandes fenómenos criminales de este siglo.

De acuerdo con un amplio documento del Centro de Energía Global del Consejo de Atlántico, una organización privada estadunidense que nació en 1961, que dio a conocer en 2017 (Downstream Oil Theft: Global Modalities, Trends and Remedies), el negocio representa utilidades criminales anuales por 133 mil millones de dólares, que es superior al peso económico total de Kuwait, una de las naciones petroleras. El documento cita 10 casos de estudio, donde se encuentra México, donde señala que extraer petróleo refinado durante sólo siete minutos, le representaba a un cartel ganancias de 90 mil millones de dólares. Un ingeniero de Pemex fue detenido cuando se descubrió que cobraba mil 250 dólares por cada toma clandestina que dejaba sin reportar.

El reporte menciona que la delincuencia organizada es quien más está involucrada en el robo de hidrocarburos, pero no es la única. En orden de importancia hay funcionarios o empleados gubernamentales, comunidades “desesperadas” porque no tienen otra forma de obtener recursos, políticos y terroristas. En el caso mexicano, de acuerdo con un estudio elaborado en 2017 por la consultora EnergeA para la Comisión Reguladora de Energía, quienes participaban además del llamado huachicoleo, eran grupos armados especializados, bandas criminales de bajo impacto, empleados y exempleados de Pemex, gasolineros, policías y empresarios. Paradójicamente, aunque el robo estaba convertido en uno de los problemas más apremiantes, López Obrador no habló sobre esto durante sus conversaciones con el presidente Enrique Peña Nieto en la transición, ni este se lo planteó como una prioridad.

No fue prioridad del Estado Mexicano hasta el 27 de diciembre pasado, cuando el presidente López Obrador anunció un plan para combatir el robo de hidrocarburos. La crisis del abasto de combustible, resultado de incompetencia de las autoridades energéticas en la planeación adecuada de la distribución para acompañar ese combate, ha sido capitalizada por López Obrador para socializar didácticamente el problema enfrente e ir construyendo un consenso nacional, que no tuvieron anteriores gobiernos, para ir a golpear al corazón del huachicoleo. El corazón se encuentra en quiénes son los principales responsables, por cuanto de beneficios obtienen, del robo de hidrocarburos, o quienes pudieran ser figuras emblemáticas involucradas en el delito que manden un mensaje a quien quiera seguir delinquiendo: quien quiera seguir delinquiendo, que sepa que la pasividad y la tolerancia se acabaron y si los atrapan, pagarán las consecuencias.

A través de declaraciones públicas, el Gobierno de López Obrador ha identificado a cuatro personas a las que se está investigando por este tema. Funcionarios federales dicen que han ido a declarar en la PGR en calidad de “presentados”, lo que no significa que sean imputados en este momento por cualquier delito. El único nombre que ha trascendido, al tener que confirmar el presidente reportes de prensa, es el del brigadier general Eduardo León Trauwits, que de jefe de escoltas del gobernador Peña Nieto pasó a ser jefe de seguridad de Pemex en el gobierno anterior. En junio de 2017 se retomó en este espacio una investigación publicada en Eje Central, donde el brigadier general era la figura central en una demanda civil en Florida, por haber incumplido con el pago de 1.7 millones de dólares de comisión –de un total de 9.7-, por la compra de dos aeronaves para transporte de personal, cuya información se mantiene en reserva.

Funcionarios federales dijeron que además del militar hay otras cuatro personas, para un total de cinco, sobre los cuales hay sospecha de haber participado en el robo de hidrocarburos. Los nombres los mantienen en reserva, pero incluye a dos ingenieros de Pemex, en el área de logística, un empresario y un ex legislador.
10 Enero 2019 03:56:00
Incompetencias petroleras
La crisis de la gasolina ha sido la crisis del nuevo Gobierno de México. El equipo energético del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha hundido como resultado, se puede argumentar, de su novatez. Pemex ha difundido comunicados consecutivos donde afirma que hay suficiente gasolina para abastecer al país, con la petición de que no hagan compras de pánico, porque la sobredemanda siempre le ganará la carrera al suministro de combustible. Pero entre más lo hace, más gente apresura sus vehículos a las gasolineras. No es un problema de abasto, sino de distribución, dice el presidente López Obrador. Pero la distribución, se supone, estaba prevista y organizada, según la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

La secretaria dice que la estrategia se empezó a preparar desde el 27 de diciembre, cuando el Presidente anunció el programa contra el robo de combustible. Estaba tan confiada de lo bien que lo habían hecho, que el domingo, mientras seis estados mostraban un problema de abasto de combustible, Nahle veía el partido de futbol entre Veracruz y los Pumas de la UNAM, sin pudor para escribir en Twitter sus sentimientos deportivos. La crisis de la gasolina crecía y ella se divertía. Cuando la acusaron en las redes sociales de insensibilidad, respondió que todo estaba bajo control porque había una estrategia para evitar el desabasto. Nahle, la jefa del sector energético, no parecía tener idea de lo que sucedía.

No se puede decir que la estrategia fuera un desastre, porque en realidad no había estrategia para la distribución del combustible. Nahle dijo que 15 secretarías de Estado y dependencias federales participaban en la preparación de la estrategia, lo cual es cierto, pero era para detectar los puntos de fuga de combustible al interior de Pemex, y el reforzamiento militar para resguardar 58 instalaciones estratégicas de Pemex, que incluían seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y control de ducto. Adicionalmente, se intervino a personal de Pemex, se monitorearon y observaron sus procedimientos de abastecimiento y reparto. Es decir, nada sobre la contingencia de distribución.

¿Por qué no lo hubo? A partir de la información aportada el 27 de diciembre, porque no había necesidad de ello. El abasto y la distribución no sufrirían alteración alguna. Sin embargo, algo que desconoce la opinión pública sucedió, porque cuando la crisis de la falta de combustible afectó a seis estados, el presidente López Obrador explicó a la prensa, a manera de justificación, que obedecía a que se habían cerrado los ductos para evitar el robo de combustible, y que se estaban utilizando pipas para suministrar la gasolina. El cierre de ductos no estaba contemplado en la estrategia contra el huachicoleo, ni hubo explicación del porqué se hizo. 

Pero, para efectos de argumentación, si hacerlo obedeció a circunstancias no previstas al finalizar el año, Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, debieron haber tenido listo el plan de distribución de combustible a través de pipas. Como ha quedado perfectamente claro, no lo hicieron, o si lo hicieron, lo realizaron de manera muy deficiente. El desabasto en seis estados contaminó a la Ciudad de México, donde en cuando menos 12 puntos de la capital federal se acabó el combustible en las gasolineras, provocando la percepción desabasto, que fue creciendo con las horas, como se pudo observar por la forma como se fueron saturando las gasolineras, y otras tres entidades empezaron a tener los mismos problemas.

López Obrador es el único que ha hablado de problemas de distribución. Romero Oropeza está escondido en su oficina y emite comunicados institucionales poco tranquilizadores, a decir por los resultados que provoca, mientras que Nahle, en la línea marcada por el Presidente, no habla de nada operativo, sino que se encierra en la retórica del robo de combustible como la explicación de acción-reacción por la falta de gasolina. El robo de combustible ciertamente es un crimen lacerante para la economía en México y en muchos países. Pero no es nuevo. Se viene arrastrando desde 2002 y tuvo un incremento sustantivo en los dos últimos años del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el problema del huachicoleo no provocó desabasto ni una crisis en la distribución de la gasolina. El contraargumento de que el robo no es la madre del desabasto lo ofreció el propio presidente López Obrador en su conferencia de prensa el martes por la mañana, cuando reveló que desde que comenzó el programa contra el robo de combustible, los criminales se han robado ocho mil 540 pipas menos. Entonces, la narrativa de que la falta de gasolina es resultado de la estrategia contra el huachicol, significa que el desabasto tiene que ver con que se cortaron los suministros de gasolina robada.

Asumiendo que es cierto lo dicho por el Presidente, regresamos al punto de la distribución. Si el programa del 27 de diciembre se anticipaba tan exitoso en el corto plazo y se cerraron los ductos para impedir nuevos robos, ¿qué hicieron Romero Oropeza y Nahle para evitar el desabasto? Romero Oropeza quién sabe, porque no da la cara. Nahle estaba viendo el partido del futbol confiada en que había una estrategia, que no contemplaba la distribución, que resolviera el abasto.

Entre los dos, por su incompetencia profesional, provocaron una crisis donde no la había, que de no atajarse crecerá hasta a afectar el aparato productivo y el transporte terrestre y aéreo. Por lo que ha dicho el Gobierno hasta ahora, todo se trata de un fenómeno de percepciones. Pero que no se les olvide que las percepciones, sino se atajan, se convierten en realidad.
09 Enero 2019 03:59:00
Andrés Manuel y Trump
La claridad sobre la política de no intervención que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sobre el papel que debe jugar en Venezuela, es antagónica a la subordinación política que desde que ganó las elecciones ha mostrado frente al presidente Donald Trump. Su promesa de campaña de que las cosas serían diferentes entre él y Trump a como habían sido con el presidente Enrique Peña Nieto, porque lo convencería que era mejor tener una buena relación con México que de conflicto permanente, se quedó en un discurso maniqueo. No lo confronta, cierto, pero tampoco lo persuade de nada. Le extiende un tapete para que haga con México lo que quiera.

La semana pasada, en el conflicto de Trump con los demócratas en el Capitolio porque no le quieren presupuestar 5 mil 700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, dijo que estaría dispuesto, de no conseguirlo, de cerrar la frontera. Cuando la prensa le pidió una reacción a López Obrador, se lavó las manos y dijo: “Hemos actuado con prudencia y de manera precavida. No hemos opinado de este tema porque se trata de un asunto interno del Gobierno de Estados Unidos y preferimos abstenernos”.

Ciertamente, la discusión presupuestal sobre el muro es doméstica, pero cuando en las presiones de Trump contra los demócratas involucra a México, el tema ya corresponde atenderlo a los mexicanos, en voz de su Gobierno. Sellar la frontera no es un tema menor. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada día hay más de un millón de cruces legales de personas, además de 300 mil vehículos, de los cuales 70 mil son camiones de carga, lo que representa un intercambio comercial de más de mil millones de dólares cada 24 horas. Un cierre desestabilizaría a 94 municipios en seis estados fronterizos, que participan con el 21% del PIB nacional. El problema que quiere estallar Trump se traduciría en una crisis social y económica regional en México.

López Obrador soslaya la amenaza para no quedar atrapado en la lucha de Trump y los demócratas, pero su silencio tampoco contribuye a que se movilicen otras fuerzas internas en Estados Unidos, como los empresarios y comerciantes que también resultarían afectados por el cierre fronterizo, que podrían presionar a Trump para que si quiere mantener abiertos los frentes de guerra en el Capitolio, no utilice a México como chivo expiatorio de sus arrebatos. Su enmudecimiento contrasta con la celeridad como quiere ayudarle a resolver el problema de la migración centroamericana, que también le disminuye vulnerabilidades en su diferendo político con el Capitolio.

Esta afirmación tiene su sustento en el HYPERLINK “https://www.dhs.gov/news/2018/12/20/secretary-nielsen-announces-historic-action-confront-illegal-immigration”comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Interna el 20 de diciembre pasado, que da cuenta del anuncio realizado por la secretaria Kirjsten Nielsen, sobre “la acción histórica” para confrontar la crisis migratoria, donde Estados Unidos dejaría de mantener en su territorio a los migrantes centroamericanos que buscan asilo político en ese país, porque de acuerdo con una negociación con el Gobierno de López Obrador, sería México quien haría ese trabajo. El acuerdo entre los dos gobiernos modificó radicalmente las políticas migratorias de ambos, sirviendo el mexicano a los intereses de la Administración Trump.

Varios funcionarios del Gobierno lópezobradorista han dicho que si bien hay pláticas aún no hay nada concreto, salvo la decisión de que México no serviría como la estación migratoria para Estados Unidos. Sus palabras realmente no tienen peso en Washington, ni son creíbles. Este lunes, en la reunión con embajadores y cónsules mexicanos en el exterior, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo oportunidad de clarificar la posición de su Gobierno, pero fue omisa, probablemente en forma deliberada. Explicó que los migrantes centroamericanos tendrán garantías a sus derechos humanos cuando crucen territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, y mientras se resuelve su situación migratoria en aquel país. Es decir, aceptó implícitamente la existencia de la nueva política estadunidense, aceptada según Washington por el Gobierno de López Obrador, llamada Permanecer en México.

Esta política sólo ha generado preo-cupación en Estados Unidos. El 2 de enero, el presidente del Caucus Hispano en la Cámara de Diputados, Eliot Engel, miembros del Comité de Asuntos Exteriores, y Albio Sires, del Subcomité de Asuntos de América Latina, enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, preocupados por el acuerdo de los dos países. “Aunque ambos gobiernos han descrito esto como una política unilateral de Estados Unidos que el Gobierno de México aceptó”, dijeron los diputados.

Los legisladores querían saber puntos específicos: ¿cuándo se acercó el Gobierno de Estados Unidos a México y cuántas dependencias estuvieron involucradas en la discusión?, ¿qué tipo de acuerdo alcanzó el Gobierno con México? ¿cuáles son los detalles? ¿fue previo al anuncio del 20 de diciembre sobre el cambio en la política de asilo? Hasta esta fecha, Pompeo no ha respondido a los diputados, pero tampoco ha desmentido la existencia del acuerdo. En México, el silencio del presidente López Obrador ha sido protegido por la complacencia del Senado, controlado por Morena.

No hay presión alguna en México para que el Presidente responda sin evasivas sobre lo que está haciendo Trump, ni forma de que los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores rindan cuentas sobre lo que han estado hablando con Washington. Pero esconderse no blinda lo que viene. Trump no se detiene ante nadie, ni le importa nada salvo sacar adelante su agenda. A México lo ha utilizado como instrumento de presión y el Gobierno del presidente López Obrador se ha prestado para ello. De este vasallaje no saldrán buenas cosas.
08 Enero 2019 03:55:00
Andrés Manuel y Maduro
Hubo un tiempo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder por qué el cambio de posición de su gobierno con respecto al de Nicolás Maduro en Venezuela, que se perdió una política exterior basada en la no intervención, cuando se secundaron “decisiones tomadas en otras latitudes y por otras causas”. Tiene razón. Sin ser potencia militar o económica, la política principista de México le dio autoridad moral y respeto en el concierto mundial, que se fue desvaneciendo cuando el presidente Carlos Salinas abandonó el multilateralismo como eje de la política exterior y logró la membresía en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el llamado “club de los ricos”, en París, con lo que perdió influencia y poder dentro de América Latina, que volvió a ser unipolar con su histórico rival regional, Brasil.

Salinas alineó a México con Estados Unidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya relación fue evolucionando de los temas económicos a los políticos y de seguridad que llevaron, en el extremo, que durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, dentro del Grupo de Lima, la cancillería fuera instrumental en el estrangulamiento político de Maduro. El fuerte deterioro socioeconómico en Venezuela y la manipulación de los instrumentos democráticos para instaurar un régimen autoritario, provocaron un creciente aislamiento de Maduro, al cual se sumó México de una manera proactiva como nunca antes se había visto. Pero se perdió forma y fondo por servir a los intereses, del presidente Donald Trump y Estados Unidos. El trabajo sucio, lo haría México.

López Obrador cambió radicalmente la postura al ofrecer a México como mediador en la crisis venezolana y no como ariete contra Maduro, precisando este lunes que no lo hacía por simpatía, sino en acato de una política de no intervención. Se puede argumentar, aunque no lo exprese él abiertamente, que también obedece a una empatía ideológica, al existir un choque frontal entre gobiernos de izquierda y progresistas, contra conservadores, como lo fueron los últimos cinco gobiernos mexicanos. Pero hay una variable adicional que quizás López Obrador no está contemplando, que le da fortaleza a su posición, y que durante la administración de Peña Nieto se dio como un acto de ambivalencia e hipocresía. ¿Por qué promovió la intervención extranjera en Venezuela y rechazó la intervención extranjera en México? Visto en este plano, las dos posiciones son incompatibles por incongruentes.

El Gobierno de Peña Nieto se opuso de manera sistemática a la injerencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a que se involucrara en el tema de las desapariciones forzadas y de las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas. Las recomendaciones formuladas durante el último Examen Periódico Universal fueron rechazadas. Peña Nieto hizo bien. Abrir la puerta a la ONU habría sido allanar el camino para que como sucedió en 2012 con el gobierno de Guatemala acordó con esa organización crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en esa nación. La Comisión se adentró rápidamente en rutas paralelas, e investigó la corrupción en el sistema aduanero, que produjo la captura del presidente Otto Pérez Molina en 2015, acusado de encabezar la organización criminal que llevó a cabo esos actos.

En una entrevista con la agencia rusa Novosti en agosto de ese año, Michael Mörth, uno de los artífices de la Comisión, dijo que cuando fue concebida, “siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay Estado de Derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras”. La tentación de presionar a México para que acepte una comisión a imagen y semejanza de la guatemalteca ha rondado en círculos internacionales desde hace varios años, y varios expertos y políticos mexicanos, tomando a Guatemala como un ejemplo, sugirieron que podría ser una buena solución en México.

Esa solución, sin embargo, es una aberración para quienes consideran que la soberanía de los Estados debe prevalecer por encima de los intereses del mundo. La postura de López Obrador sobre la Venezuela de Maduro es exactamente esa. Defendiendo la no intervención, congruentemente, defiende la soberanía mexicana a partir de los principios de su política exterior. Los asuntos internos de Venezuela tienen que ser resueltos por los venezolanos. Quien en México piense lo contrario, debe entonces asumir su proclividad a que el mundo decida sobre los asuntos mexicanos, o que sea teórica y prácticamente, el resumidero de Estados Unidos.

Respaldar la política de no intervención no significa apoyar a Maduro ni su gobierno corrupto, violador del Estado de Derecho, manipulador electoral y responsable de la desgracia económica y social venezolana. Pero no es mediante una política del gran garrote del presidente de Estados Unidos Thedore Roosevelt hace 118 años, donde el Gobierno de México se preste como la parte superior del garrote, como se resuelvan esas controversias. Hace bien el presidente López Obrador en el caso venezolano, pero no es impoluta su incipiente política exterior.

La política principista esgrimida se contrapone con la política entreguista que ha mostrado, hasta ahora, frente al presidente Trump, quien está buscando resolver su crisis migratoria en el patio trasero mexicano. El Gobierno de México ha aceptado, en principio, retener a los migrantes centroamericanos en su territorio mientras se define su situación de refugio en Estados Unidos, lo que es un cambio radical en la política migratoria de ambos países. Si López Obrador no está dispuesto a hacer el trabajo sucio de Washington en Venezuela, ¿por qué sí en materia migratoria? Congruencia, por favor. De esto hablaremos mañana.
07 Enero 2019 04:00:00
Dejémonos de tonterías
Como decíamos ayer, parafraseando a Miguel de Unamuno, después del reposo, el encono sigue y la polarización avanza. Su última expresión, el ejecutómetro del periódico Reforma publicado el miércoles pasado que mencionaba, sugiriendo actos del crimen organizado, que el número de asesinatos durante el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador había sido 65% superior al último mes de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Quienes antes validaron esa misma no-metodología de Reforma, la criticaron en defensa de la nueva administración, y quienes antes criticaban a los críticos por utilizarla para denostar a quienes ya se fueron, hoy los censuraron por su incongruencia. La realidad es que todos están y estaban mal, nunca quisieron aceptarlo, y soslayan los temas de fondo sobre el tema de la seguridad que son los que deberían de estar en la mesa de la discusión.

Los ejecutómetros han sido por más de una década el instrumento periodístico más engañoso que existe, porque no explicó absolutamente nada del fenómeno de la inseguridad y sí, en cambio, distorsionó la realidad y contribuyó a que México fuera equiparado en términos de violencia a los países asiáticos en guerra.

Pero cualquier persona que haya estado en Siria, Irak o Afganistán, sabe que es falso. Puede haber más periodistas muertos en México que en esos países, pero no porque las condiciones de trabajo sean mejores en esas naciones rotas, sino porque la prensa no se mueve por donde quiera, como en este país. La libertad de movimiento en México no existe en esos países en guerra, donde prácticamente ningún periodista que quiera salir vivo, se adentra en la zona de conflicto sin acompañantes de una de las fuerzas beligerantes. Esto, por supuesto, no reduce la gravedad de la violencia que se vive en México.

Los ejecutómetros los comenzó a hacer El Universal a mediados de la década pasada, y fue el primero en desecharlo como herramienta de trabajo. El primer error explícito, como señalaron los neocríticos de Reforma, es que legalmente no existe el delito de ejecución, por lo cual su interpretación es subjetiva. No importa cómo se le disfrace –v.g., que fuese resultado de un choque entre pandillas–, son llanamente asesinatos. ¿De dónde sale que todos los homicidios dolosos son perpetrados sólo por el crimen organizado? De la imaginación periodística que fuerza una información para hacerla verosímil.

Dedicarle la prensa tanto empeño a esta desinformación, llevó a que varios fenómenos importantes no fueran registrados en su plena dimensión para entender lo que estaba sucediendo. Niños empuñando armas, fueron vistos como una degradación de la violencia, y no como uno de los ejemplos de cómo el Estado mexicano iba ganando la partida a las organizaciones criminales, que tenían que reclutar miembros cada vez más de chicos ante la pérdida de sus cuadros.

Las fugas en las cárceles de miembros de cárteles se registraron unidimensionalmente, y no como una externalidad de que el reclutamiento de niños y jóvenes tampoco funcionaba y necesitaban a su gente experimentada.

Los asesinatos en de las cárceles tampoco fueron vistos como otro de los fenómenos de esa lucha, donde los cárteles empezaron a matar a sus rivales en las prisiones para evitar que replicaran otros la estrategia. Todo esto nos pasó de noche y seguimos envueltos en la misma discusión fallida.

El Séptimo Informe sobre Violencia Política de la consultora Etellek en septiembre pasado –aún no sale el octavo–, estableció que en el periodo entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto pasado, hubo en México al menos 850 agresiones con un saldo de 175 políticos asesinados, de los cuales 63 ataques y 21 homicidios dolosos contra políticos se registraron después de las elecciones presidenciales.

De ese gran total, precisó Etellekt, el 81% fueron contra opositores del PRI y de las coaliciones gobernantes en las 32 entidades. Estábamos muy mal y no estamos bien. Hace una semana, 90 minutos después de tomar posesión como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio fue asesinado.

Este fue un asesinato doloso, pero ¿alguien puede asegurar en este momento que fue producto del crimen organizado? El problema de los ejecutómetros es que los medios los han nutrido y la sociedad los ha utilizado para sus fines políticos o existenciales sin ser un instrumento que ayude a entender el fenómeno de la violencia y sí, por el contrario, la distorsiona.

La inseguridad es un problema real que afecta al país en su conjunto y su crecimiento está vinculado directamente a la debilidad institucional. No es un tema de este Gobierno o del anterior. En 1984, el entonces director de la CIA, William Casey, circuló un informe secreto de 33 páginas que subrayaba la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad mexicanos.

Mucho se hizo después, por las presiones de Estados Unidos, para que México atacara a los cárteles de la droga. El gobierno de Vicente Fox abandonó la estrategia y al entregar el mando a Felipe Calderón, casi un centenar de municipios estaban bajo control total del narcotráfico.

A pocos les gustó su guerra contra las drogas, aunque logró recuperar los territorios. El de Peña Nieto, mucho se ha escrito aquí de ello, fue un desastre. Volvieron los cárteles a conquistar territorios, se fortalecieron, nacieron algunos y la violencia se atomizó en cientos de pandillas más violentas que los criminales trasnacionales.

Lo que tenemos lo venimos arrastrando hace buen tiempo. Dejemos de discutir sobre ángulos que engañan, como los ejecutómetros, y discutamos cómo vamos a resolver, entre todos, el problema de la debilidad institucional en México.
21 Diciembre 2018 04:08:00
¿Por qué estamos tan enojados?
El termómetro social está muy caliente. Hay una división en la sociedad acelerada por la victoria presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que partió a la nación. Pero no nos equivoquemos. La victoria de López Obrador no inició este quiebre; galvanizó lo que se viene acumulando desde hace bastante tiempo, mucho antes, ciertamente, de que sus posibilidades de llegar a la Presidencia fueran reales. La pregunta de por qué estamos tan enojados, no tiene respuesta. Tampoco se ve solución.

Una corriente de pensamiento cree que la indignación social creció y se alimentó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se catapultó por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el escándalo de la “casa blanca”. Sin embargo, fueron reactivadores, no detonadores. La desaprobación de Peña Nieto no comenzó en el otoño de 2014, cuando se dieron esos eventos, sino en el verano de 2013, tras la aprobación de la reforma fiscal, cuando por primera vez se cruzó la aprobación con el rechazo a su gestión. El el quiebre social no se dio con Peña Nieto; se venía arrastrando tiempo atrás.

Peña Nieto llegó a la Presidencia con un humor social muy bajo. De acuerdo con las encuestas sobre el humor, Peña Nieto arrancó en el punto más bajo que había tenido Felipe Calderón, tras la crisis financiera global de 2008, y nunca pudo mejorar. Calderón fue el primer presidente que consistentemente estuvo por debajo de la línea de flotación del humor social, que no bajó con la crisis del sistema de pagos en 1994-1995, llamado coloquialmente “el error de diciembre”, ni tras los asesinatos del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu en 1994. Para cuando llegó Peña Nieto a Los Pinos, el humor social venía calentándose y volviéndose cada vez más beligerante y más agresivo.

Las redes sociales contribuyeron a la masificación del descontento. Se volvieron catalizadoras de humores que ayudaron a darle el empuje final a López Obrador para que llegara a la Presidencia con una amplia cantidad de votantes que nunca lo habían respaldado, pero no fueron el principio de todo. ¿En dónde empezó? Es difícil saberlo. Lo que es fácil establecer es que no se dio con el advenimiento político de López Obrador. 

El quiebre de 1968 y el Movimiento Estudiantil se procesaron con la reforma política de 1978 de Jesús Reyes Heroles, que le abrió la puerta de la legalidad a la izquierda mexicana y la posibilidad de competir electoralmente. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte negociado por el presidente Carlos Salinas, significó un golpe que sería mortal al corporativismo y al clientelismo acendrado del PRI. Es retórico hablar si Salinas perdió la oportunidad de abrir y oxigenar al sistema cuando se achicó para liquidar el PRI y fundar el Partido de la Solidaridad, que se quedó incluso con la papelería impresa, pero permitió el comienzo de la alternancia.

En 1991, Ernesto Ruffo se convirtió en el primer gobernador de la oposición, cuando Salinas obligó al presidente del PRI, Colosio, a aceptar la derrota. Pero desde años antes, el humor social ya había cambiado. Se vio en la toma de la sociedad civil de las calles durante los sismos de 1985, donde se le perdió el respeto a la figura presidencial. En ese mismo año, recuerdo una discusión con Enrique Krauze en la casa del corresponsal del Financial Times, David Gardner, sobre la venidera elección para la Gubernatura de Chihuahua, donde el historiador, indignado con el sistema controlado por el PRI, estaba seguro que ahí comenzaría, con la victoria de Francisco Barrio, el principio del fin del partido en el poder. 

No sucedió, pero la molestia creciente era notoria. Para entonces, Lorenzo Meyer, otro historiador, también discípulo como Krauze de Daniel Cosío Villegas, el gran crítico del poder, retomó su estafeta todos los lunes en la primera plana del Excélsior de Regino Díaz Redondo –satanizado por haber encabezado la revuelta contra su entonces director Julio Scherer García, en agosto de 1976–, para hacer la crítica permanente del Gobierno y del sistema. Las redes sociales no existían en aquél entonces, pero la crítica no era divisoria de la sociedad, sino que desde diferentes posiciones e ideologías, coincidía en la censura del autoritarismo mexicano.

El trabajo en los medios, las organizaciones civiles y los partidos de oposición contribuyeron al triunfo del primer presidente de alternancia, Vicente Fox, que llegó a Los Pinos con un fuerte apoyo de la izquierda. La desilusión de Fox al no haber concretado el cambio prometido, se convirtió en enojo cuando quiso meter a la cárcel al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, por un delito menor que ameritaba una sanción administrativa. La reacción contra el desafuero de López Obrador y poco antes la marcha de un millón de personas en la capital federal en contra de la inseguridad, reflejaron que algo importante, en activismo y beligerancia, había sucedido con la sociedad mexicana.

¿Pero qué detonó el enojo? No hay todavía una respuesta clara, ni en México ni en otras partes del mundo. Hay indicios, como en Francia, detonadora de cambios políticos profundos en los últimos 250 años, que la desigualdad es un combustible fundamental para el quiebre de la sociedad, como se podría argumentar también en México. Pero no nos equivoquemos en culpar a nadie con ligereza e irresponsabilidad. Necesitamos saber cómo y por qué llegamos a esto, y evitemos terminar destrozándonos unos a otros. Estamos tarde.
20 Diciembre 2018 04:09:00
El presidente belicoso
El lunes se peleó con las universidades públicas. El martes les dijo “mantenidos” a los gobiernos anteriores por haber cobrado salarios vigentes en la administración pública. El miércoles lo acusó de espionaje y prometió que daría a conocer sus abusos. Qué pasará el jueves, nadie lo sabe. El presidente López Obrador así es. Dice, se desdice; rompe puentes y luego, con el discurso, trata de repararlos. Por casi cinco meses le dio a golpes retóricos al sector privado y luego les pidió ayuda para financiar sus programas sociales. Agradeció por todo el país a quienes votaron por él, pero se ha dedicado a purgar toda la burocracia para que sólo los morenistas trabajen con él. Al Gulag todo lo que sirvió a gobiernos anteriores. La pureza es el eje de su proyecto, donde el cambio de régimen cabalga sobre la renovación moral, donde todo es polar: quienes no estuvieron con él son marcados como reses con el sello de corruptos e impuros; para los que sí le fueron fieles, el paraíso de la Cuarta Transformación.

López Obrador tiene problemas con su belicosidad. No logra transitar de la agitación social a Gobierno, ni ha logrado su primera transformación, de candidato sempiterno, a presidente. Si quiere ser un buen presidente, debe buscar la conciliación y reconciliación nacional, gobernante para todos, no para quienes considera que son el pueblo bueno, que lo apoya incondicionalmente, mientras considera adversarios a quienes disienten de él, y los estigmatiza.

El discurso que lastima lo ha utilizado toda su vida, polarizado Tabasco cuando perdió la Gubernatura, y la Ciudad de México, cuando llamó a quienes reclamaban seguridad “pirruris”, y en sus campañas electorales donde los buenos luchaban junto a él, mientras el resto eran los deshonestos que lastimaban al pueblo. Ese discurso enfrentó y dividió a familias, donde no se podía hablar de política en la mesa porque la confrontación sudaba la piel. Poco ha cambiado, sigue en la dicotomía de su narrativa de los ricos contra los pobres, los corruptos contra los impolutos, los que defienden los privilegios y quienes quieren derruirlos. No hay matices, ni grises. Es absolutista y desprecia a quienes no creen en la Cuarta Transformación, o critican las simulaciones donde es campeón de campeones.


Como botones de muestra, cambiar su repudio a las Fuerzas Armadas a colgarse de ellas para que combatan criminales, inquietó a los expertos, pero el perdón de sus gobernados es superior a cualquier crítica. Eliminar presupuestos de género, cancelar el 85% de los recursos para el Fondo de Desastres Naturales, estimular el desarrollo de combustibles fósiles mientras desmantela las protecciones al medio ambiente, navegan sin cuestionamientos. 

Todo se puede en la Cuarta Transformación porque la hacen los puros que hablan con la Madre Tierra, cuyo diálogo metafísico permite, porque se lo perdonan también millones de mexicanos, iniciar el gran proyecto de infraestructura del sexenio, el Tren Maya, noble iniciativa destinada, financiera y turísticamente, al fracaso. Violar promesas, como mantener el presupuesto para las instituciones públicas, es fácil, porque las reemplazará con 100 universidades que impartirán, cada una, no más de dos carreras aplicadas en las zonas marginadas del país.

Por las mejores razones posibles, el camino iniciado es el achatamiento del país. Salarios bajos para los funcionarios públicos, porque pagándoles mucho no mejoró la nación, llevará a la pauperización del servicio público. Ayuda asistencialista a adultos mayores y niños discapacitados, altamente noble, construida a costa de inversiones productivas. Programas ambiciosos como la ayuda a los ninis, sin revelar sus reglas de operación, que provocará nuevas tensiones y descalificaciones. Grandes inversiones petroleras, que cuando empiecen a dar resultados el mundo estará en la lógica de la energía alterna, ignorada por el presidente en su presupuesto.

No importa. Las críticas no le llegan. Tiene bajo su control el Congreso y lo que está fuera de él, como los organismos autónomos, los está deshidratando. No los acabará por decreto, sino de inanición. El doble estándar del Presidente se resuelve con actos de fe y pleitos de barrio. A quien no le guste, como les dijo a los burócratas, que se vayan a buscar empleo a otra parte. La exclusión sobre la negociación, porque el arte de construir no tiene cabida en la Cuarta Transformación.

El polpotismo de terciopelo se tiene que instaurar rápidamente, mediante el genocidio político de todo lo que fue durante los casi 40 años en donde establece López Obrador el periodo para la purga. Lo que viene es el adoctrinamiento. Aquellos jóvenes que quieran acceder al servicio público, tienen que pasar exámenes de ingreso donde les piden –violando la ley– que revelen por quién votaron y qué piensan de los programas del Presidente. Huelga decir: ante cualquier asomo de mínima visión independiente y observación crítica, las gracias por participar, y se cancela su ingreso para la fábrica que está construyendo un nuevo régimen.


La transformación requiere de la fuerza de la idea y del discurso. López Obrador tiene de sobra ambos. Frente a la oposición, el vituperio y el ostracismo. Ante la razón, el sofisma. Rey del silogismo, López Obrador siempre tiene el combustible para reforzar el impulso de sus palabras y acciones, la belicosidad de su retórica. Le irá bien hasta que le vaya mal. Le irá mal si las cosas no le resultan como las planea. Pero si funciona, entonces qué importa si tiene un país dividido y confrontado. La reconciliación se dará mediante la sumisión. La turba será su herramienta más poderosa. Ya se está viendo como la está trasladando de las redes sociales a las calles. Y esto apenas comienza.



19 Diciembre 2018 04:07:00
La tremenda Corte
Los enfrentamientos por influir en el rumbo de la Suprema Corte de Justicia han elevado su nivel de confrontación. El PAN y el PRI quieren que el Senado resuelva en enero, no este jueves, quién ocupará la vacante de José Ramón Cosío, porque según quien la llene, estiman con razón, votará por Arturo Zaldívar como presidente de la Corte a principio de enero. No es el único choque. Hacia el interior de Morena también hay conflicto, como se perfiló en este espacio el lunes pasado, donde han quedado patentes las fracturas dentro del partido en el poder.

En la columna La Pareja Dispareja se apuntó que Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, y Rafael Moreno Valle, coordinador del PAN en el Senado, tenían un acuerdo político para que lo ayudara a evitar que se anulara la elección en Puebla, con lo que su esposa Marta Erika Alonso asumiría, como sucedió, la Gubernatura. A cambio, el poblano lo respaldaría para que Loretta Ortiz resultara electa como ministra de la Corte. Varios senadores panistas confirmaron que Moreno Valle les había pedido que votaran por Ortiz, a petición expresa de funcionarios de la Presidencia.

“El intercambio entre los dos senadores no fue autorizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ni por el dirigente del PAN, Marko Cortés, según personas a las que se les preguntó sobre esa alianza táctica”, se agregó en este espacio. “Monreal está operando en contra de las instrucciones partidistas para respaldar a Ortiz, quien es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, que fue secretario general de Gobierno cuando López Obrador gobernó la Ciudad de México”.

La columna provocó reacciones en Morena y expresiones públicas. Por ejemplo, el senador Monreal envió una carta a este espacio donde afirmó: “No hay acuerdos cupulares, ni en contra de Morena. La política y democracia actual que se vive en cada rincón del país, fundamentalmente en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es honesta y transparente, aunque con algunas diferencias lógicas en un ámbito plural y republicano.

“La elección de la ministra o ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juan Luis González Alcántara, Loretta Ortiz y Celia Maya), se hará como resultado de los debates y acuerdos que se construyan en el seno de la Comisión de Justicia y el Pleno del Senado. Por más que algunas voces se empeñen en expresar lo contrario, no hay incongruencias en mi actuar político ni un alejamiento con el presidente de la República, ni con alguno de los integrantes del partido en el que milito, con quienes venimos trabajando para lograr una profunda transformación en el país.

“En Morena, diferencias no implican divisiones y aceptamos la crítica y las opiniones de unos con otros. Afirmo que la única agenda parlamentaria que tengo como senador de la República es la de la bancada de Morena, que coordino con responsabilidad, pluralidad y respeto, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la nación”. A la réplica de Monreal se sumó la inesperada renuncia de Ortiz a Morena, quien en una carta dirigida a la líder nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, subrayó la necesidad de la independencia de jueces y juezas. “Sin embargo –añadió–, en el ánimo de despejar cualquier duda sobre la posibilidad efectiva de mi participación independiente”, presentaba su renuncia.

Ortiz no hizo mención alguna sobre lo publicado en este espacio, como tampoco la magistrada Maya. La única reacción fue de Monreal, cuyas partes centrales de la réplica se presentaron líneas atrás, y que se dio en medio de la convulsión de morenistas en el Senado. Dos senadores del partido en el Gobierno, enviaron mensajes a Polevnsky para comentarle, separado de lo publicado en esta columna, que habían tenido la confirmación de la existencia del pacto de su coordinador con Moreno Valle y la posibilidad de que se rechazara la terna enviada por el presidente López Obrador. Personas cercanas a Monreal sugirieron que la información de la columna había provenido de Polevnsky.

El conflicto entre la líder del partido y Monreal se arrastra desde el proceso para seleccionar a quien sería candidata de Morena para la Gubernatura de la Ciudad de México, que al ganar Claudia Sheinbaum mediante una encuesta opaca, el hoy senador se inconformó públicamente y estuvo a punto de irse del partido. Monreal le adjudicó su derrota a una decisión de la “nomenklatura” de Morena, en donde estaba Polevnsky y Gabriel Hernández, actualmente el coordinador de los delegados de López Obrador en el país, con lo que su relación quedó fracturada. Otro de quienes contendieron por esa candidatura fue Martí Batres, con quien Monreal sostiene una lucha muy fuerte en el Senado por el liderazgo del partido.

La réplica de Monreal a esta columna es cuidadosa y no refleja la contradicción que se vive al interior de Morena. Cercanos a él sostienen que todas sus acciones, algunas de las cuales han generado tensión con los líderes de Morena, han sido acordadas con López Obrador. Pero ni la semántica o la retórica ayudarán a amainar el conflicto interno en el partido que se está profundizando.

Coincidió ahora con otra batalla política donde volvieron a aflorar las diferencias estratégicas y generó choques, que es la elección de una ministra o ministro a la Suprema Corte de Justicia, y buscar un equilibrio en el tribunal entre conservadores –que hoy la controlan– y liberales, que es lo que necesita López Obrador para apuntalar el cambio de régimen y su proyecto de nación, que llama la Cuarta Transformación. La votación abierta se espera este jueves, si es que no se atraviesan los partidos para descarrilarla.

18 Diciembre 2018 04:08:00
El secretario súper poderoso
Sin aspavientos, con la cautela de un político florentino, Marcelo Ebrard ha ido avanzando y conquistando terreno en el traicionero laberinto donde se mueven los distintos equipos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Personaje para observar y seguir, Ebrard ha cuidado las formas con el Presidente, sabedor de lo difícil que es contraponerse a sus ideas, y lo fácil que es que los mande a hibernar por largas temporadas porque cuestionan sus decisiones. Al mismo tiempo ha ido acomodándose dentro de un equipo por años homogéneo y poco refractario a quienes no han sido parte del “kitchen cabinet” de López Obrador, y en donde algunos cercanos en la vieja izquierda social lo ven con suspicacia.

Ebrard ha trabajado para revertir las intrigas palaciegas del lópezobradorismo, a partir de la discreción, paciencia y resultados. Lo último fue el alto número de dignatarios que asistieron a la toma de posesión de López Obrador, y la forma como negoció con Estados Unidos y Venezuela para que evitar que pasaran por situaciones incómodas o de potencial confrontación. Con el presidente Nicolás Maduro la negociación fue directa. Era invitado oficial, como jefe de Estado de un Gobierno con quien se tiene relaciones diplomáticas, pero lo encapsularon para garantizar su seguridad y limitar su exposición pública.

Maduro voló a la Ciudad de México aceptando que su avión tocaría tierra ya en marcha la ceremonia de toma de posesión, con lo cual se construía la explicación que había llegado tarde. Con la delegación estadunidense, con cuyo Gobierno se están cultivando relaciones más intensas y dispuestas a todo, como no se veía hace mucho tiempo, la negociación fue que toda la comitiva de un centenar de personas, tendría espacio en el restringido lote de butacas dentro de San Lázaro, pero que el vicepresidente Mike Pence, los secretarios de Seguridad Interna, Kirjskten NIelsen, y Energía, Rick Perry, así como la hija del Jefe de la Casa Blanca, Ivanka Trump, no irían a la comida que ofrecería el Presidente a los dignatarios, sino que tomarían el avión de regreso a Washington, sin cruzarse con Maduro. Salió perfecto, y el costo político de la invitación a Maduro se minimizó.

López Obrador le ha dado manga ancha a Ebrard para mover la Secretaría de Relaciones Exteriores de acuerdo a los intereses estratégicos que concibe para la nueva administración, y él ha operado de forma inteligente. Por ejemplo, esperó hasta el último momento el acuerdo con el Presidente electo para designar subsecretarios, y logró que López Obrador le mantuviera, como a ningún otro civil, toda la estructura de gobiernos previos sin imponerle a ninguno de los principales cuadros.

Además, fue el único secretario que nombró a su equipo de administración, sin que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, designara a alguien de su confianza, como hizo en las demás dependencias civiles.

Ebrard ha ido ganando terreno con López Obrador, acelerado al haber sido quien le tradujo lo que se estaba negociando en Washington con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, luego de tejer una buena relación profesional con su antecesor, Luis Videgaray, con quien tenía recelos porque creía que como secretario de Hacienda, había impulsado la investigación federal en su contra, que lo forzó a un auto exilio.

Aunque un amigo en común le explicó a Ebrard que no había sido Videgaray sino otros funcionarios en el gabinete político del ex presidente Enrique Peña Nieto, quienes querían llevarlo a la cárcel, la desconfianza del hoy canciller nunca desapareció. Sin embargo, su relación fluida ayudó enormemente en los momentos críticos de las negociaciones, al ser el puente con López Obrador y su emisario para que los mensajes del entonces Presidente electo, llegaran a la mesa de los negociadores y se incorporaran en la redacción del acuerdo final.

La audacia política de designar a Jesús Seade subsecretario para América del Norte, luego de que había rechazado una subsecretaría en Economía, busca perfilarlo para llevar la relación directa cotidiana con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, con lo cual pretende neutralizar a la única imposición, Martha Bárcena, diplomática de carrera ampliamente respetada en el Servicio Exterior, como embajadora en Washington, y a quien relegará para atender únicamente los asuntos consulares de protección a migrantes mexicanos. No tenerla de aliada puede ser el único error de Ebrard, al ser la experimentada embajadora tía política de Beatriz Gutiérrez Müller, la influyente esposa de López Obrador.

Ebrard ha tomado la experiencia de Videgaray en el gabinete de Enrique Peña Nieto, aprovechar su peso dentro del gabinete y experiencia política, para modificar políticas en otras áreas que pudieran afectar la relación bilateral con Estados Unidos. Sus entrevistas con el secretario de Estado, Mike Pompeo, donde se habló de que México mantuviera en su territorio a centroamericanos que esperan asilo político en Estados Unidos, que modifica las políticas de ambos países en beneficio de Washington –ni siquiera construyeron albergues para los centroamericanos en territorio estadounidense-, y la creciente relación con Nielsen en el mismo contexto, lo colocó por arriba de los secretarios de Gobernación y Seguridad, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, invadiendo sus áreas de competencia para alinear esas políticas a los intereses estratégicos de López Obrador.

Esos intereses están perfectamente claros. Sabedor el presidente López Obrador de que una mala relación con el presidente Donald Trump es lo único que puede generarle serios problemas para llevar adelante su proyecto de nación, no quiere que nada pueda provocarlos. Esa es la encomienda a Ebrard, que entre más la cumpla, mayor fuerza acumulará dentro del gabinete presidencial, como ha sido hasta ahora.
17 Diciembre 2018 04:08:00
La pareja dispareja
En el imaginario político, la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado para que se vote y la vacante de José Ramón Cosío en la Suprema Corte de Justicia, parecía estar decantada por Juan Luis González Alcántara. Las otras dos propuestas, Loretta Ortiz y Celia Maya, debían ser descartadas por su militancia en Morena, al ser las primeras nominadas al tribunal supremo con una abierta militancia desde la reforma al Poder Judicial en 1995. Sin embargo, la realidad es que es “una terna de dos personas”. González Alcántara, curricularmente es el mejor para llegar a la Corte, está enfrentando una oposición insólita que busca el voto para Ortiz, encabezada por dos políticos que se pensaba enfrentados, Ricardo Monreal y Rafael Moreno Valle.

Monreal, coordinador de Morena en el Senado, y Moreno Valle, coordinador de la bancada del PAN, son una pareja dispareja que, en el momento actual, es tan incongruente en función de lo que persiguen sus partidos, como inverosímil. En los últimos días López Obrador ha manifestado su molestia con el Tribunal Electoral por haber desechado la demanda de anulación de las elecciones para gobernador en Puebla. Dijo que no iría a la toma de posesión de la gobernadora panista Martha Érika Alonso, y envió una representación de segundo nivel al evento, la subsecretaria de Gobernación Diana Álvarez Maury, quien al final tampoco fue por que estuvo en un evento con el Instituto Nacional de Mujeres. Nadie fue a la asunción política de Alonso en representación del Gobierno federal.

La ratificación de la victoria de Alonso se cruza con la selección de la silla vacante en la Suprema Corte de Justicia, cuyas comparecencias se realizarán este lunes en comisiones del Senado, con la expectativa de que se vote quién sustituye a Cosío este jueves. De acuerdo con personas que conocen lo que sucedió en el Tribunal Electoral, ese episodio se relaciona caprichosamente con lo que está sucediendo en el Senado, donde Monreal y Moreno Valle, agregaron, realizaron un intercambio de favores políticos.

La petición de Moreno Valle a Monreal fue que le ayudara a que se cancelara la posibilidad de anular la elección en Puebla, para que Alonso, esposa del senador panista, fuera ratificada. Para ello, explicaron, utilizaron a Armando Ambriz Hernández, secretario de Estudio y Cuenta en la oficina de la magistrada Janine Otálora, presidenta del Tribunal. Los secretarios de Estudio y Cuenta son los responsables de revisar los expedientes y redactar los dictámenes que revisan los jueces y magistrados.

Ambriz Hernández es un zacatecano que no esconde su cercanía con Monreal, de quien ha llegado a decir que es su jefe, y estuvo involucrado en otra decisión polémica a favor de Felipe de Jesús Cantú, quien ganó la elección para alcalde de Monterrey. La elección fue impugnada pero al final el panista se quedó en el cargo. Se desconoce si en el caso fallado a favor de Alonso en Puebla, la magistrada Otálora tuvo conocimiento de lo que negociaron Monreal y Moreno Valle, pero su voto inclinó la balanza a favor de la hoy gobernadora.

El intercambio entre los dos senadores no fue autorizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ni por el dirigente del PAN, Marko Cortés, según personas a las que se les preguntó sobre esa alianza táctica. Lo que acordó Monreal, dijeron las personas consultadas, es que Moreno Valle pagara el fallo en el Tribunal con el voto a favor de Ortiz para ocupar la silla de Cosío en la Suprema Corte de Justicia, en contra incluso de la predisposición que hay en los altos mandos de Morena y del PAN, que quieren otro desenlace. En Morena hay una inclinación institucional por González Alcántara, mientras que en el PAN están preparando rechazar la terna enviada por López Obrador.

Monreal está operando en contra de las instrucciones partidistas para respaldar a Ortiz, quien es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, que fue secretario general de Gobierno cuando López Obrador gobernó la Ciudad de México, pero no estuvo a la altura del reto que imponían las circunstancias en esos momentos y se fue desvaneciendo de los primeros círculos del actual presidente. Monreal está comprometido con Ortiz por un compromiso moral y político con Ortiz Pinchetti, con quien ha trabajado y hecho lucha política.

El senador morenista ha estado hablando con sus compañeros de partido en la cámara para sugerirles que López Obrador quiere que respalden a Pinchetti, lo que motivó que el jueves pasado, en una reunión programada con diputados morenistas para hablar sobre el presupuesto, invitó de última hora a los senadores con el único propósito, según fuentes del partido, de plantear que él nunca envía mensajes a través de terceras personas, y que cuando quiere decir algo lo hace directamente, en lo que se interpretó como un mensaje dirigido a Monreal. Moreno Valle, por su parte, está haciendo lo mismo. Cinco senadores panistas dijeron que su coordinador les dijo haber recibido una llamada de la oficina del presidente, donde pedía su apoyo para Ortiz. Una fuente de la Presidencia dijo que eso era falso.

Los dos está trabajando para modificar la correlación de fuerzas en sus partidos a su favor. Moreno Valle necesitaba que su esposa ganara porque la Gubernatura fortalece sus aspiraciones presidencialistas en 2024. A Monreal le beneficia tener una pieza en la Suprema Corte y la alianza con Ortiz Pinchetti, ante el creciente aislamiento que sufre dentro de Morena y las fricciones que ha tenido con López Obrador. El problema, que es mayor, es que ambos juegan agendas personales, no de partido, lo que difícilmente se los permitirán.
14 Diciembre 2018 04:07:00
¿Y si revive Texcoco?
El 19 de noviembre pasado, Andrés Manuel López Obrador fue tajante ante la pregunta de Joaquín López Dóriga en el programa Tercer Grado. ¿Está muerto el aeropuerto en Texcoco?, inquirió el periodista. “Sí”, contestó sin cortapisas. Este jueves, a una pregunta sobre el status de la obra y las negociaciones con tenedores de bonos que financiaron parte de la construcción, el Presidente dijo algo que nunca había señalado, que la Secretaría de Hacienda se maneja con autonomía para tomar decisiones que considere convenientes. Si se lee a López Obrador al pie de la letra, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, estaría en condiciones de tomar una decisión tan importante como, ¿continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco?

Políticamente, la proposición luce descabellada. Si López Obrador empeñó su palabra durante la campaña para cancelar Texcoco y presentar la Base Aérea de Santa Lucía como proyecto alterno, y durante la transición inventó una consulta para justificar su decisión política, que fue reforzando con denuncias de corrupción en la construcción de la obra que no ha dejado de llamar “faraónica”, ¿en dónde habría espacio para que rectificara su decisión? Sólo si actúa como Presidente y toma una decisión impopular con sus clientelas que, en el mediano y largo plazo, se verían beneficiadas de ese incumplimiento de promesa de campaña. Es un tema de números.

El costo que tendría la cancelación de la obra sin demandas de los tenedores de bonos o contratistas está estimado en el Gobierno entre 10 mil y 12 mil millones de dólares –muy superior a lo que saldría terminarla–, por lo que la decisión tendría que ser basada en la relación costo-beneficio que, no hay que olvidar, jamás ha determinado sus acciones. Aunque el matiz sobre la autonomía de la Secretaría de Hacienda sugiere que López Obrador se encuentra en un estadio de entendimiento en donde no caben los arrebatos o posiciones sin visión estratégica, su carácter nunca le ha permitido aceptar equivocaciones. Todo lo contrario. Cuando yerra, acelera y profundiza en la misma dirección del traspiés cometido. Como se ha salido con la suya, debe pensar que nunca le va a fallar.

Pero en el caso del aeropuerto en Texcoco, ese tipo de comportamiento provocó un quiebre fundamental en su proyecto de nación, al introducir presiones a su presupuesto por la elevación de las tasas de interés que afecta el servicio de la deuda y modificar los parámetros macroeconómicos, la pérdida nominal de 16 mil millones de pesos en las afores, congelamiento de inversiones y fuga de capitales, así como cuestiones subjetivas, como es la pérdida de confianza de inversionistas y la incertidumbre sobre el rumbo por el que llevará al país.

Los dos intentos del Gobierno para recomprar una tercera parte de los bonos que sirvieron para financiar parte de la obra de Texcoco han resultado fallidos. Los tenedores de los bonos no están de acuerdo con los términos planteados, aunque en la segunda oferta les prometieron pagar dólar por dólar de lo invertido. Los bonistas están acorralando al Gobierno, y en la medida que avancen los días sin arreglo, se irá encareciendo la solución. Argentina se peleó con los inversionistas que la ayudaron a resolver su crisis económica, y la presidenta Cristina Fernández terminó pagando 15 dólares por cada uno de lo originalmente prestado. Ese escenario es lejano en México, pero probable. La obra en Texcoco, mientras tanto, tiene que seguir de acuerdo con lo programado, porque de no cumplirse el cronograma habrá incumplimiento de contrato y permitiría a los tenedores de bonos exigir el pago inmediato de lo que invirtieron.

El solo anuncio de la cancelación de la obra en Texcoco ya está costando más de lo que habría significado terminar la obra que, además, iba a ser financiada por la tarifa de uso de aeropuerto. La segunda oferta del Gobierno es que se use la TUA, no para finalizar Texcoco, sino para pagar el costo de su cancelación. Financieramente hablando, no parece la decisión más inteligente que tomó el Presidente. El secretario Urzúa deslizó el miércoles la posibilidad de que una nueva terminal en Santa Lucía nunca sea construida, lo que refleja discusiones con López Obrador sobre las opciones que se tienen. En la segunda oferta a los tenedores de bonos se incluye también que el aeropuerto en Toluca no tendría más de 5 millones de pasajeros anuales, que es otro ajuste a la idea original del Gobierno de adaptarlo para generar un volumen de 8 millones.

Urzúa está hablando con sensatez financiera. No se sabe qué tipo de diálogo o mensajes ha recibido de los inversionistas. Entre ellos, cuando se pregunta que podrían hacerse para que el presidente López Obrador recuperara la credibilidad de los inversionistas y que se volviera a abrir el beneficio de la duda, sugieren en primer lugar continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco. Políticamente, parece un obstáculo insalvable, pero López Obrador podría hacerlo sin dejar de revisar la probable corrupción y bajar los gastos suntuosos. Puede haber un rediseño de la terminal, menos asiática, como es en la actualidad, y más sobria, sin perder sus certificaciones internacionales. También puede expropiar los terrenos en los alrededores del aeropuerto para atajar la especulación inmobiliaria, y revisar los contratos de los servicios no aeroportuarios. Hacer un aeropuerto kosher sin sueños de grandeza cosméticos es una opción al alcance del deseo de López Obrador, si piensa más en el largo plazo y no en la coyuntura electoral. Sus clientelas políticas, aunque no lo vean hoy, se lo agradecerán.


12 Diciembre 2018 04:07:00
La rebelión de las togas
El choque entre poderes del Estado mexicano que se está dando en este país, es más profundo de lo que se ve. Hay una mezcla de intereses que se están moviendo detrás, no sólo por la defensa de sus privilegios, como lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por un desafío directo a su Presidencia por parte del sector conservador dentro del máximo tribunal que busca, si no le alcanza para boicotear, estorbar.

La cabeza de la rebelión de las togas es el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, quien llegó a esa posición en enero de 2015, tras derrotar a Arturo Zaldívar en 32 votaciones, y que utilizó como instrumento de choque al ministro Alberto Pérez Dayán.

El ministro Pérez Dayán detonó el conflicto el viernes pasado al ordenar la suspensión de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores de oposición, quienes argumentaron que la ley violaba los artículos 75 y 127 constitucionales.

La respuesta de López Obrador y de los coordinadores parlamentarios de Morena, provocaron que el desafío de los jueces contra el Presidente se expresara con protestas en 30 estados este lunes, afirmando que la decisión de recortar salarios afectaba la autonomía del Poder Judicial y dañaba el equilibrio de poderes. La paradoja es que Pérez Dayán mismo, violó la ley que dice defender.

El Artículo 64 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 constitucional que aborda los actos de constitucionalidad, establece: “Iniciado el procedimiento, conforme al Artículo 24 (que habla de las libertades), si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro de un plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucional”.

Esto quiere decir que Pérez Dayán no tenía la facultad para suspender la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. “En acciones de inconstitucionalidad no procede la suspensión de la norma”, dijo un experto. “No importa el fondo de la controversia; no procede la suspensión, que está expresamente prohibido por los artículos 64 (de procedimiento) y 14 (de suspensión) de la Ley Reglamentaria”.

Su acción incorrecta no alcanza para fincarle un juicio político, como dijo el abogado constitucionalista Gabriel Regino en una entrevista en W Radio con Enrique Hernández, al no considerarse un delito. Lo que sí procedería, en opinión de los expertos, es una sanción por responsabilidad administrativa, lo cual tendría que aplicar el órgano interno de la Suprema Corte de Justicia, lo que significaría una medida histórica.

Difícilmente podría entenderse como un error del ministro el haber suspendido la ley que recorta salarios. Para comprender la magnitud de lo que desató, hay que entender lo que está sucediendo dentro de la Corte en función de cómo iban a quedar los equilibrios dentro del tribunal, tras el final de la gestión del ministro José Ramón Cossío.

Abogados que conocen los manejos internos de la Corte, dijeron que Aguilar buscó retrasar la comunicación al Ejecutivo y al Legislativo de la salida de Cossío, con el propósito de que la votación para un nuevo presidente, prevista para el próximo 2 de enero, se diera únicamente entre los 10 ministros que hay en este momento, sin darle la oportunidad a López Obrador de colocar a su primer ministro y eventualmente modificar el resultado de la elección.

El viernes pasado, en un texto sobre la Corte titulado “Conservadores contra Liberales”, se publicó en este espacio: “Si se diera la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cossío.

“Dos ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se ha aproximado a posiciones liberales en el pasado.

“Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la exministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero”.

De la correlación de fuerzas dentro de la Corte se puede argumentar que el ministro Aguilar buscaría impedir que Zaldívar fuera electo presidente, y garantizar a un conservador como su sucesor. También se puede apreciar un choque de posiciones dentro del equipo de López Obrador, entre Sánchez Cordero, que estaría por la opción conservadora, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que respalda a Zaldívar.

El estruendoso ruido por el choque entre poderes está ocultando las intrigas dentro de la Suprema Corte y el intento del ala conservadora de cruzársele a López Obrador para impedir que comience a construir un tribunal acorde con su proyecto de nación. La confrontación no sólo es por la autonomía, sino ideológica y política, confrontando a López Obrador.


11 Diciembre 2018 04:08:00
La Corte, dónde sí, dónde no
Los arrebatos belicosos del presidente Andrés Manuel López Obrador al enfrentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque suspendieron la ley para recortar salarios, no deben esconder el problema de fondo en el Poder Judicial. No es la institución per se lo que debe analizarse y eventualmente fustigarse, sino la integridad de los ministros, sus mecanismos de autorregulación y la calidad de sus decisiones, que deben ser pasados por una revisión crítica. La discusión sobre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que suspendió la Corte para revisar si hay violaciones a la Constitución, tampoco debe quedarse en ese punto como si fuera lo único o lo más importante en términos de lo que beneficia e interesa más a la nación. Hay que ver más alto y más lejos, como dijo alguna vez José Ortega y Gasset, y examinar con mayor profundidad el papel de los ministros de la Corte.

El presidente López Obrador estableció los términos del enfrentamiento con la Suprema Corte de Justicia con un argumento descalificador y reduccionista, pero persuasivo en la opinión pública, de que forma parte de una lucha contra los privilegios, al mencionar los “estratosféricos” salarios de los ministros, como si fuera sinónimo de corrupción. La Suprema Corte le respondió, a través de su cuenta de Twitter, tildándolo sibilinamente de mentiroso, al afirmar que “nadie gana, ni remotamente”, los 600 mil pesos mensuales que el Presidente afirmó que era su salario.

La Corte tampoco está siendo apegada a la verdad. Si se ven los salarios nominales, que oscilan aproximadamente entre 130 mil y 270 mil pesos mensuales, sí están lejos de los 600 mil pesos que señaló el Presidente, quien debió haber utilizado el dato de los salarios integrados, en donde están la prima vacacional, el pago de riesgo por 46 mil pesos mensuales, el aguinaldo, el pago a uno o dos personas en su servicio doméstico, automóvil que pueden incluso blindarlo y gastos de representación, con lo cual si no llega a la suma señalada por López Obrador, tampoco se aleja mucho de ella.

El tema de los salarios es relevante porque la suspensión de la Ley los atañe directamente, al ser los ministros de la Corte uno de los grupos que ha denunciado que la reducción de los salarios de manera transversal, es inconstitucional en órganos como el máximo tribunal, o los órganos autónomos. De tal forma, la discusión sobre un conflicto de interés no es ociosa. ¿Pueden los ministros actuar con apego a lo que establece la Constitución? O, ¿cómo interpretarán la propia ley? ¿Hay indicios de veracidad en la crítica que les hizo López Obrador? Según el ministro Arturo Zaldívar, uno de los candidatos más fuertes a ser Presidente de la Suprema Corte de Justicia el próximo año, sí.

En septiembre pasado, al dar la bienvenida a 10 nuevos jueces de Distrito, urgió a la autocrítica en la Corte e “imaginar un México diferente” que corresponda al mensaje de hartazgo y frustración mostrada en las urnas que le dieron la victoria a López Obrador que votó por un cambio de régimen, y aprovechar la coyuntura para reconquistar la confianza de los ciudadanos. Entre sus llamados, que reiteró posteriormente, es la austeridad que debía seguir la Corte. “La sociedad debe saber con toda transparencia cuánto gastamos, cómo gastamos y para qué gastamos, para así tener la certeza de que el dinero público sirve a fines públicos y no financia privilegios”, dijo Zaldívar.

La forma como planteó la discusión el presidente López Obrador, quedó plasmada como un repudio a las instituciones, sobre las cuales ha mostrado reiteradamente su inconformidad y disgusto por la forma como operan. Esto ha llevado durante esta semana a un plano unidimensional, en donde lo que sobresale es un choque entre poderes, y un avasallamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, que ubica la confrontación en el contexto de la eliminación de pesos y contrapesos. Hay que salirse de esa discusión coyuntural y plantear un debate de largo aliento y alcance.

Abogados constitucionalistas sostienen que la Corte no es independiente ni apartidista. Efectivamente, las designaciones de los ministros se han dado por las cuotas de los partidos del viejo régimen, el PRI, PAN y PRD, donde algunas de sus decisiones han sido altamente controversiales. Por ejemplo, el PRI metió en diciembre de 2012 a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con cuyo voto se le otorgó la libertad inmediata a la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada. Dos semanas después de su liberación, la misma Corte votó en sentido opuesto sobre el caso de dos indígenas acusadas de la privación de libertad de dos policías federales.

Pero también, de manera muy relevante, está la ausencia de mecanismos de autorregulación, que han llevado a la Corte a situaciones absolutamente indefendibles. El último caso de escándalo se dio a conocer en febrero pasado, cuando se dio un fraude jueces de ascenso, cuyo concurso interno fue anulado por el Consejo de la Judicatura Federal debido a que se filtraron las respuestas a las preguntas del examen.

No hay que quedarse en la batalla por los salarios. Que se resuelva, pero que se profundice el análisis de la Corte. No como el principio para eliminar la institución, sino para revisar si los ministros actuales están o no a la altura de la nueva realidad mexicana o si, como otras instituciones, son ellos o ellas lo que hay que cambiar, sin afectar la institución que debe seguir siendo contrapeso de los otros poderes.
07 Diciembre 2018 04:07:00
Conservadores contra liberales
Atrás ya dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador la etiqueta de “la mafia del poder” para referirse a sus adversarios y a quienes discrepan de su proyecto de nación. Ahora los llama conservadores, al evocar la República Restaurada de Benito Juárez, que es en donde él gusta ubicarse, y que acabó con el imperio de Maximiliano. El discurso juega en las antípodas y difícilmente existen áreas grises entre sus dos polos. No es fácil ubicar la confrontación cotidiana entre liberales y conservadores salvo en un solo lugar, en este momento, de alta relevancia para el equilibrio del poder y la definición de México en los próximos años, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde a principios de 2019, en la primera decisión de gran calado, los ministros elegirán a su presidente por los próximos cuatro años.

Los punteros son dos ministros que no tienen una carrera judicial, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar. El primero, respaldado por el actual presidente de la Corte, Luis María Aguilar, se encuentra en el bloque de los conservadores. El segundo, Arturo Zaldívar, tan cercano a López Obrador que ha tenido muestras de gran afecto en público hacia él, está en el lado de los liberales. Las definiciones vendrán en los próximos días, al cerrarse el 13 de diciembre el ciclo de Pardo, quien rendirá su último informe como presidente de la Corte y se irán de vacaciones. Sin embargo, la decisión sobre a quién elegirán en enero, terminará de cocinarse mientras oficialmente están fuera del trabajo.

Las diferencias entre conservadores y liberales en una institución como la Suprema Corte, en México o en otras democracias occidentales, son notables. Un ministro conservador siempre se apega al texto del estatuto, sin márgenes para determinar con una visión amplia y creativa, por ejemplo una inconstitucionalidad, bajo la premisa que quienes cambian las leyes son las legislaturas, no las cortes.

Los liberales, en cambio, utilizan la historia y el propósito del estatuto como una herramienta para interpretar la ley, por lo cual tienden a darle a la gente una mayor libertad. Uno de los fallos donde más se aprecia esta división –que se replica en diversas cortes del mundo–, es sobre la despenalización del aborto, que así como parte a la sociedad, separa a los ministros de las cortes.

En estos momentos, si se diera la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cosío. Dos ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se han aproximado a posiciones liberales en el pasado. Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la exministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Si ellos dos votaran por Zaldívar, habría un empate y tendrían que ir a rondas subsecuentes, como sucedió hace tres años, cuando Aguilar, quien en tres rondas derrotó finalmente a Zaldívar. Debido a este equilibrio en los bloques, el presidente López Obrador jugó sus cartas y anunció la terna que enviará al Senado para el remplazo de Cosío, con lo cual podrían cambiar los números en apoyo a Zaldívar.

López Obrador nominó a Loretta Ortiz, Celia Maya y Juan Luis González Alcántara, lo que parece ser un trío donde las dos abogadas podrían ser descartadas por su vinculación directa con Morena. Ortiz fue asesora en el equipo de transición en materia de seguridad y la organizadora de los foros sobre reconciliación y paz, mientras que Maya fue candidata del partido a la Gubernatura en Querétaro y al Senado. González Alcántara, un liberal independiente, tiene además el mejor palmarés de la terna.

Con esta acción presidencial, el equilibrio en la Suprema Corte de Justicia se romperá, lo que de cualquier forma, de acuerdo con los observadores, no sería suficiente, y en la segunda quincena de diciembre tendría que darse un intenso cabildeo para conseguir el voto. La Corte, sin embargo, es una institución que mantiene dos posiciones. La externa es la que se expresa en los dictámenes y las votaciones, donde hay consensos y disensos, y la otra tiene que ver con la política interna, donde lo que se busca es unidad entre los ministros y compromiso con los principios constitucionales. Certidumbre en el actuar de los ministros, sin sorpresas, es lo que más aprecian a nivel interno. Por ser un ministro que generaba incertidumbres y no se sabía cómo iba a reaccionar, Cosío nunca pudo ser presidente de la Corte, pese a que técnicamente, su capacidad era impecable.

Gutiérrez Ortiz Mena y Zaldívar no son vistos bajo la misma óptica dentro de la Corte, donde nadie tiene duda tampoco que la inclinación de López Obrador es por el segundo. En el lado de los conservadores, en caso de que fuera muy cerrada la lucha entre los dos punteros, existe un caballo negro que respalda el actual presidente, Mario Pardo, a quien no hay que descartar en este choque entre conservadores y liberales abierto en la Suprema Corte de Justicia.
06 Diciembre 2018 04:01:00
Las cuentas de la cocinera
La colocación de una oferta de recompra de bonos que financiaron parte de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco levantó en muchos las expectativas de que la construcción se continuaría.

No será así a menos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelva a nacer –y eso tampoco garantizaría un destino diferente–, o surjan contingencias inimaginables en este momento.

Texcoco está muerto, para efectos de aeropuerto, y la Base Aérea Santa Lucía, como dijo López Obrador, es la opción.

El futuro es claro desde su óptica, aunque valdría la pena que alguien, cuando menos para que no diga que nunca nadie le advirtió, le hiciera las cuentas de la cocinera sobre lo que significan los costos para el proyecto que está en el epílogo de su vida, y el que está en la mente de los asesores constructores del Presidente.

En números aproximados, las cuentas sobre la opción de Santa Lucía son las siguientes:

*El costo de la obra, promediando la cifra de 3 mil millones de dólares calculadas por el ingeniero José María Riobóo, autor intelectual del asesinato de Texcoco, y los 7 mil millones que estimó el Colegio de Ingenieros, quedaría en 5 mil millones de dólares.

*El costo de las vías de acceso a Santa Lucía y un tren rápido entre la Base Aérea y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez”de la Ciudad de México, mil 300 millones de dólares.

*Las adecuaciones al aeropuerto Benito Juárez, mil millones.

*El prepago de bonos, mil 800 millones.

*PARA El prepago de la Fibra E, otros mil millones.

*El acuerdo con las empresas constructoras mexicanas para la terminación de los contratos, 2 mil millones.

*La remediación ambiental en Texcoco, 2 mil millones.

*El costo de una nueva Base Aérea, mil millones.

Esto significaría un costo de 15 mil 100 millones de dólares, comparado con el costo del proyecto del NAIM en Texcoco, cuyo proyecto fue de 13 mil millones de dólares. En este caso, las cuentas finales son las siguientes:

*Los sobrecostos, porque se tuvieron que ampliar la terminal y el área de carga por un incremento en el número de pasajeros en 2017, son de 3 mil millones de dólares.

*Menos 3 mil millones por el avance de las obras.

*Menos 2 mil millones de dólares por el valor del terreno en el actual aeropuerto Benito Juárez.

*Menos el valor de la ciudad aeropuerto, que suma 2 mil millones de dólares.

En ambos casos se les quitan los 5 mil millones que tiene el Fideocomiso del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

De esta forma, el costo de Santa Lucía, con esa reducción, requeriría recursos adicionales por 10 mil 100 millones de dólares, para que la opción propuesta por López Obrador se concrete, sin saber con certeza todavía si es posible que funcionen de manera simultánea las dos terminales. Para terminar el NAIM en Texcoco, se necesitarían 4 mil millones de dólares.

Visto en moneda, la diferencia de 5 mil 100 millones de dólares de diferencia entre concluir Santa Lucía, no parece la decisión financiera más inteligente haber cancelado Texcoco a favor de Santa Lucía.

Pero en los cálculos de López Obrador, las finanzas y la pérdida de confianza entre los inversionistas que provocó esa decisión de política pública, es menor importante que el cumplimiento de una promesa de campaña.

Para enfrentar las contingencias de una demanda colectiva en los tribunales neoyorquinos por la cancelación de la obra, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, contrató a tres instituciones financieras y a un despacho de abogados estadunidenses –cuyos costos no fueron calculados en lo que se tendrá que invertir en Santa Lucía– para que le diseñaran el plan de recompra del 30% de los bonos, con la expectativa de que participen en la subasta el 50+1 de los tenedores de los bonos, con lo cual se cancelan los términos en los que se firmaron los contratos y pueden renegociar con ellos otras condiciones para el pago de la deuda.

La oferta de compra es por 90 centavos por cada dólar, que si se toma en cuenta que la cancelación de Texcoco tiró el valor del bono hasta 77 centavos dólar, abre la posibilidad de que sí sea posible recuperar el 30% de los bonos que están en manos de inversionistas extranjeros.

La apuesta es alta, y no es algo cierto que se logre el cometido. Sin embargo, el Gobierno de López Obrador no tenía opción, porque cancelar la obra sin tomar esas previsiones habría provocado demandas multimillonarias en Nueva York, las cuales, por lo pronto, se pusieron en espera.

Las primeras señales del mercado no han sido positivas para el propósito buscado por el Gobierno.

La firma de abogados Hogan Lovelis, que representa a fondos como Blackrock y Prudential, que tienen más del 50% de los bonos del NAIM, ya adelantaron que no apoyarán la recompra en la forma como se presentó la oferta, lo que introdujo complicaciones para el Gobierno a menos de 72 horas de haber tomado la iniciativa.

Pero aun si consiguiera el objetivo de recomprar los bonos y renegociar los términos del contrato con el 70% de los tenedores de los bonos, no es una buena señal la que habrán mandado los mercados.

Dicho de otra manera, si el Gobierno de México recompró al precio más bajo y los inversionistas vendieron con ese descuento, significa que perdieron la confianza en la nueva Administración y prefieren recortar sus pérdidas. O sea, no quieren volverse a fijar en este país mientras no haya acciones que recuperen la credibilidad en el Gobierno.
05 Diciembre 2018 04:08:00
La Guardia Nacional, sí
El sexenio arrancó como se esperaba, pintado de rojo. La violencia no se detuvo a partir de sábado, cuando le dieron la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador en Guadalajara como Presidente.

Mientras reconocía en San Lázaro a los enviados del presidente Donald Trump a su toma de posesión, dos bombas fueron lanzadas contra el Consulado de Estados Unidos en esa capital, y hubo asesinatos de civiles y policías, además de la ejecución del primer periodista de su sexenio.

Cincuenta crímenes entre el sábado y el domingo, más decenas el lunes y martes. Pero no hay que equivocarse. La violencia no iba a detenerse sólo por un cambio de Gobierno. Una estrategia bien llevada tardará más de 3 años en empezar a dar resultados, siempre y cuando sea eficaz. Hasta ahora, no ha sido posible echarla andar en estos primeros días de nueva Administración.

Hay factores objetivos, como la implementación de la ley que crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la que se agregaron funciones de la Secretaría de Gobernación, que requiere de modificaciones constitucionales para que, como lo establece el Plan del Gobierno, se cree una Guardia Nacional al mando de militares, a los que los policías y ministerios públicos tendrán que subordinarse.

Hay subjetivos, como los cambios de último momento que le impusieron al secretario de Seguridad Alfonso Durazo. El más importante fue el de Alejandro Gertz Manero, quien el miércoles estaba en la víspera de ser anunciado como subsecretario de Seguridad y comisionado de la Policía Federal, y que terminó en la fase de arranque del sexenio como procurador interino.

Lo más complejo, sin embargo, es la Guardia Nacional, al carecer de una ley para que empiece a funcionar. La Guardia Nacional está operando de facto con un despliegue tímido y limitado, con tres brigadas de infantería la Policía Militar.

La Primera Brigada se desplazó a seis municipios mexiquenses: Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Metepec, Naucalpan y Tehuacán. La Segunda está concentrada en otros siete municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango.

La Tercera se encuentra en otros seis: Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla y Zinacatepec. En total hay mil 235 soldados desplegados en la entidad, que no es la más violenta, pero que por la cercanía con la Ciudad de México, donde se concentra el poder económico, el político y los medios de comunicación nacionales, su impacto se multiplica.

Esa semilla de la policía nacional que está dispuesto a crear el presidente López Obrador está coja por cuanto a su arquitectura institucional, y se suma al despliegue de soldados y marinos que no dejaron de patrullar las calles y combatir a la delincuencia al cambio de Gobierno.

Una reforma constitucional que le dé todas las atribuciones que desea no va a ser fácil de lograr, luego de que la Suprema Corte de Justicia invalidó a mediados de noviembre la Ley de Seguridad Interior, al declararla inconstitucional.

La Ley, que fue firmada por el expresidente Enrique Peña Nieto casi un año antes, pero que no la aplicó hasta esperar el fallo de la Corte, se aprobó en las cámaras para regular la actuación del Ejército y la Marina en las funciones de seguridad pública.

Desde que era precandidato presidencial, López Obrador y Morena, su partido, habían expresado su oposición a esa ley.

Sin embargo, tras la elección presidencial, López Obrador comenzó a rectificar su posición. En agosto cambió su postura de manera abierta de regresar a los militares a sus cuarteles por mantenerlos en las calles combatiendo a los delincuentes.

La explicación del Presidente para ese giro radical es que no existe ni la capacidad ni la confianza en las policías Federal, estatales y municipales para hacer esas tareas. El retiro de las Fuerzas Armadas de esa responsabilidad vendrá después.

Pero el Presidente se encuentra en una encrucijada de la cual puede fácilmente salir. ¿Por qué insistir en crear la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Por qué no al revés, y convierte a soldados en policías?

El antecedente es enero de 1999, cuando el presidente Ernesto Zedillo expidió el decreto mediante el cual se creaba la Policía Federal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Zedillo trasladó toda la Tercera Brigada de la Policía Militar de la Zona Militar 37 en San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México, al ámbito civil, y más de 5 mil elementos quedaron bajo el mando de Genaro García Luna, quien salió del Cisen con la encomienda de formarla.

Se le sumaron la Policía Federal de Caminos y la Policía Fiscal, y pasaron a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública, creada por el presidente Vicente Fox.

No se puede convertir a civiles en militares, como es su pretensión, al tener estructuras de mando verticales a las que se llega mediante un escalafón castrense, bajo una misma doctrina que rige a la totalidad de las Fuerzas Armadas.

En las policías no existe el escalafón institucional ni hay una doctrina rectora.

La Guardia Nacional que propone López Obrador es en el fondo una Policía Nacional con mando único. La puede tener rápidamente, sin tener que ir al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia ante la posibilidad de que exista una controversia constitucional, con militares a cargo de ella.

Lo que necesita es seguir el ejemplo de Zedillo: que los militares pasen a retiro en el Ejército y asuman el control de la nueva institución, con su doctrina, tácticas y entrenamiento, pero dentro del ámbito civil, desde donde construirían con las policías que sobrevivan el modelo y los nuevos reclutas, una Guardia Nacional a la medida de lo que necesita el presidente López Obrador, urgido de enfrentar el fenómeno de la violencia, su prioridad número uno en este momento.
04 Diciembre 2018 04:00:00
El nuevo contrato social
Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República y planteó inmediatamente un nuevo contrato social. La Cuarta Transformación no se aprecia sólo en el primer plano de su primer discurso como jefe de Estado el sábado en San Lázaro, sino a través de la forma como empaquetó todas sus frases y mensajes de campaña, junto con los golpes de timón que dio durante la transición para establecer claramente el mando nacional. Vista en su árbol, está claro para dónde va. De saque minimizó a quienes piensan que ese proyecto es pretencioso o exagerado, pero escaló. No sólo comenzaba el cambio de Gobierno, sino del régimen. Quiere el que existió entre 1930 y 1970, con crecimientos del 6%, y abolir el que se instaló a partir de 1982, con crecimientos del 2%. Son los dos mundos de López Obrador que explican el cambio, del neoliberalismo al neonacionalismo.

El discurso de López Obrador, para no perder legitimidad, ignoró la valoración del periodo entre 1970 y 1982, donde el modelo de siete décadas anteriores chocó con la realidad de un mundo que había cambiado. El gobierno de Luis Echeverría, que siguió el modelo de los cuatro anteriores, llegó a tener una inflación de 26% y una devaluación de 76%. El de José López Portillo alcanzó una inflación de 99% y una devaluación de 582%. Después de esos 12 años es donde el presidente ubica el principio del neoliberalismo, que controló los fundamentos macroeconómicos (empleo, inflación y tasas de interés), pero produjo crecimientos bajos, producto, según los expertos, de la elevada informalidad, la debilidad de los mercados de crédito, y los altos costos de producción.

Aunque habló de una larga época donde la construcción del sistema político acompañó la bonanza y el fortalecimiento del PRI, López Obrador se refiere específicamente, porque así lo señala, a los años del llamado “milagro mexicano” y del “desarrollo estabilizador”, entre 1956 y 1970, donde no hubo crisis y sí bienestar. El salario mínimo era el equivalente en valor actual a 110 pesos, contra el vigente de 88.36 pesos, y la inflación controlada estaba en 3.75% anual. Ese modelo se aplicó en la cola del cambio de un país agrícola a uno manufacturero, acelerado por la alta demanda de materias primas y demanda como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde había un mercado cautivo por el modelo de sustitución de importaciones (consumir sólo lo que producía el mercado interno, que es lo que quiere López Obrador) y el proteccionismo del gobierno, que hizo que las empresas perdieran competitividad en el mundo y como resultado, que la segunda gran industrialización no se consumara.

En aquel México, el gobierno lo era todo. Controlaba las tasas, el tipo de cambio y la inflación, mientras el sector privado, que estaba blindado de la competencia externa, se ocupaba del mercado interno, distribuyendo la riqueza bajo la tutela de la Presidencia. Las escaramuzas de López Obrador y sus cercanos durante la transición, buscaron restablecer el orden vertical de aquellos años. La decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco y la amenaza sobre las comisiones bancarias, fueron manotazos sobre la mesa para mostrar quién manda. Cuando anunció el destino del nuevo aeropuerto, sentó a su lado a Alfonso Romo, quien es el jefe de la Oficina de la Presidencia, que días antes había asegurado a los inversionistas que la obra en Texcoco seguiría. Aunque para la mayoría quedó desacreditado ante sus interlocutores, López Obrador le comentó que con esa acción él ya no tendría que ir a buscar a los inversionistas, porque serían ellos quienes acudirían a él. Días después de aquel anuncio, varias empresas involucradas en la obra fueron a ver a López Obrador, lo cual debe haber reforzado su vieja idea de quién debe mandar y qué hay que hacer.

Texcoco no se hará, ha dicho López Obrador, porque hubo corrupción. En su discurso en San Lázaro, cuando habló de no perseguir a los corruptos del pasado, amplió por primera vez su mirada inquisitiva a los empresarios. En el mismo mensaje se refirió a que con los ahorros en corrupción se podrán hacer todos sus proyectos para consolidar la Cuarta Transformación. Un país de bienestar, como entre 1956 y 1970, donde se distribuye la riqueza mediante un proceso regulado por el gobierno. Si él manda sobre el sector privado y ataca la corrupción, entre líneas, la transferencia de recursos para el país que viene, podría salir de esos capitales.

López Obrador parece apuntar a los márgenes de utilidades, bajo la creencia de que todo termina en sus bolsillos. De ahí parte de su repulsión al uso de aviones privados y helicópteros, no a que tengan dinero por el que han trabajado. Lo que desea es que eliminen lo superfluo para que distribuyan parte de lo que tienen y se logre una sociedad igualitaria. Que los márgenes de utilidad se utilicen mayormente en inversiones para crecer, no le es relevante. Ya dijo que les dará obra pública. No habrá “moches”, sino transferencia de recursos para su programa social “Bienestar”, mediante esfuerzos como dar empleo a quienes les diga.

La deconstrucción de sus propuestas, en perspectiva, muestra el nuevo contrato social que está buscando López Obrador. Lo que ha planteado todo el año detrás de la estridencia de sus palabras, es un nuevo reacomodo que busque el bienestar y la paz, tal como lo escribió Juan Jacobo Rousseau en su libro El Contrato Social o sea, los Principios del Derecho Político, hace 256 años. La búsqueda de la igualdad de todos sigue vigente. Lo que cambió fue el mundo.
03 Diciembre 2018 04:09:00
Me canso ganso
En su discurso en la plaza pública el sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático sobre dónde se construirá el nuevo aeropuerto. No hubo cambio de señal.

En Santa Lucía, como determinó tras una consulta ciudadana, se construirían dos pistas, y Texcoco, donde originalmente estaría, será un cementerio de cemento y fierro.

El domingo, en el primer Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo una nueva administración, se acordó mantener las obras mientras se hace una nueva reevaluación. Lo que hará el nuevo gobierno es ganar tiempo y maniobrar para salirse con su cometido sin afectación financiera.

La clave se encuentra en la segunda página del borrador de la minuta que trascendió el domingo por la mañana –la definitiva tiene matices–, donde señala que este mismo lunes emitirá en Nueva York una oferta de compra por mil 800 millones de dólares.

Es decir, no significa que el aeropuerto en Texcoco será terminado, sino que seguirán la obra hasta que logren eliminar la contingencia de una demanda colectiva –denominada Class Action– de los tenedores de bonos que fueron ofertados y adquiridos a través de la Bolsa de Valores en Nueva York.

Se desconoce cuántos y cuáles fondos extranjeros estarían involucrados en la demanda colectiva. Algunos de estos fondos han hecho pública su participación en el aeropuerto de Texcoco.

Por ejemplo Paul Hastings LLP, un despacho de abogados global, anunció en 2016y 2017dos ofertas por un total de seis millones de dólares para financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco, en representación de Citigroup Global Markets, HSBC Securities y J.P Morgan Securities, cuya cancelación podría acelerar el pago del bono y el interés.

Varios manejadores de fondos viajaron a la Ciudad de México tras la cancelación de la obra en Texcoco para saber cómo resolvería el nuevo gobierno las pérdidas por incumplimiento del contrato, pero no hubo quién atendiera sus preocupaciones.

Tras las frustradas gestiones se empezó a preparar una demanda colectiva que se presentaría tan pronto como oficialmente el Gobierno del presidente López Obrador cancelara la obra en Texcoco.

La decisión de continuar las obras fue un primer paso para evitar una acción legal. Ir a comprar los bonos en poder de los fondos, es una acción estratégica.

De otra forma, lo que podría enfrentar el nuevo Gobierno es una situación similar a la que vivió Argentina cuando en 2011 incumplió pagos por 132 mil millones de dólares en empréstitos, en medio de una crisis económica que provocó disturbios y violencia en las calles que produjeron la muerte de 39 personas.

El Gobierno argentino reestructuró la deuda y el 93% de los tenedores de bonos aceptaron los términos de la negociación.

Ese 7% restante de los tenedores de los bonos demandaron al Gobierno argentino en un largo litigio en la corte en Nueva York. En octubre de 2012 el juez Thomas Griesa determinó que Argentina debía pagar el 100% de la deuda.

El gobierno de Cristina Fernández apeló, y se fue dos años más a litigio, que finalmente perdió en un caso que se llamó “los fondos buitre”, luego que en el proceso llegaron a embargarle activos en el extranjero.

Los tenedores de bonos recibieron casi 5 mil millones de dólares, y en cuando menos un caso, se estima que su retorno fue de mil 500% sobre la inversión original, profundizando la crisis económica con la que recibió el Gobierno de Mauricio Macri. Este precedente es el contexto de la decisión adoptada por el Gobierno de López Obrador para evitar un juicio colectivo en Nueva York, donde residiría ese litigio porque el sistema de la Bolsa de Valores le otorga esa competencia.

La decisión, por esta razón, es estratégica. La nueva administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo la dirección de Gerardo Ferrando, mantendrá activa la obra y los contratos mientras que el Gobierno va recomprando bonos en poder de los fondos internacionales.

Mil 800 millones de dólares no serán suficientes, por lo que se esperarían mayores ofertas de compra.

El problema es que por más lento que avance la obra, seguirán concluyéndose etapas y los costos de la cancelación se incrementarán. Esto, sin embargo, no parece importarle al presidente López Obrador, cuando menos por ahora.

La apuesta tendrá que ser por la Fibra E y las afores, para seguir financiando las obras del aeropuerto Benito Juárez y la construcción en Santa Lucía, que en el borrador del presupuesto para 2019 no tiene asignado recursos. Las afores Pensionissste, Inbursa y XXI Banorte participaron en la emisión de la Fibra E con una inversión de 30 mil millones de pesos, que también congregó a fondos institucionales y privados, bancos y aseguradoras.

No será algo sencillo de lograr, por la pérdida de valor que tendrán que absorber al cambiar la escala del proyecto, pero al ser empresas mexicanas que tienen un alto número de contratos con el Gobierno, garantiza que no habrá demandas ni litigios.

El aplazamiento de la cancelación de la obra en Texcoco y la oferta de compra de bonos, tampoco es un camino sencillo y tiene que explicarse bien en México.

La percepción de que el presidente López Obrador reculó es amplia. La comunicación tiene que ser precisa, sin márgenes a la confusión, y dirigida a dos mercados simultáneos: el doméstico, particularmente quienes se opusieron a Texcoco, que ratifique que la cancelación es definitiva; y a los mercados, que antes de parar la obra, pagarán lo que se invirtió. Las dos conviven y no son excluyentes, no hay que olvidar.
30 Noviembre 2018 04:08:00
El beneficio de la duda
La transición de Gobierno entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fue tan larga en términos de horas, intensidad y acciones que provocaron turbulencias políticas y financieras, que como bromeó en algún momento el Presidente electo, el 1 de diciembre no tomaría posesión, sino rendiría un informe de todo lo que hizo durante este tiempo. Muchas de sus decisiones políticas tuvieron impacto en la confianza interna y externa sobre lo que será su Gobierno, y antepusieron obstáculos a su deseo de transformación del país. El monto de recursos que se estimaba tendría tras ganar la elección quedó reducido ante la incertidumbre que generó, que frenó inversiones y aceleró la salida de capitales. 

Mucho temor generó por todos lados, menos en sus bases electorales sólidas e incondicionales a él bajo cualquier circunstancia. El López Obrador que despertaba miedos en 2006 y en 2012 y pareció desaparecer en 2018, regresó ante la sorpresa de unos, la decepción de otros y el desasosiego de quienes pensaban que el político que siempre ha sido congruente sería incongruente. ¿Por qué un pensamiento tan arraigado por décadas que siempre tuvo como meta la conquista del poder, tendría que cambiarlo cuando lo alcanzara? No hay ninguna razón objetiva que dé sustento a esa idea que ha sido causa, por cierto, del desencanto de algunos que nunca lo habían visto como opción, pero votaron por él. López Obrador es lo que siempre fue y a nadie quiso engañar. ¿De qué se sorprenden tantos?

La consistencia y congruencia, si bien no compartida cuando proyecta el país con el que sueña, por millones de mexicanos, han sido sus principales valores, y los desplegó durante toda una transición que se sintió eterna. Comenzó oficialmente el 20 de agosto, cuando la iniciaron formalmente el presidente Enrique Peña Nieto y el Presidente electo tras su tercer encuentro en Palacio Nacional, aunque el dinamismo y la energía desplegada por López Obrador alargaron el proceso por 5 meses. Este periodo fue como estar en una montaña rusa debido a los desaciertos y las contradicciones, las confrontaciones y las descalificaciones contra quienes piensan distinto a él o lo critican por sus dichos y sus actos. 

Las imágenes con la que se explicó el protagonismo y la conducción unipersonal y vertical de López Obrador la sintetizó hace 4 días John Paul Rathbone, editor de asuntos latinoamericanos del diario Financial Times, que vive en Nueva York, al plantear que López Obrador era una mayor amenaza a la democracia que Jair Bolsonaro, el ultraderechista que en enero asume la Presidencia de Brasil. La analogía de Rathbone tenía un antecedente inmediato en México, donde un libro, How Democracies Die (Cómo Mueren las Democracias), escrito por los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, se comenzó a vender copiosamente en las librerías de la Ciudad de México, buscando en él pistas para entender la Cuarta Transformación y a su líder.

Levistky y Ziblatt describieron el estilo de gobernar y los objetivos que busca el presidente Donald Trump, y plantearon que el laboratorio de la democracia definido por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Louis Brandeis, en el caso New State Ice Co. v. Liebmann en 1932, se está transformando en un laboratorio del autoritarismo, donde un personaje con escaso compromiso con los derechos constitucionales está tratando de reescribir las reglas. El populismo ha capturado al mundo, cautivados por la retórica y las soluciones simplistas que plantea, o quienes quieren castigar al régimen en el que viven. El populismo, en la definición del politólogo Cas Mudde adoptada por The Guardian en el inicio de una serie de reportajes sobre el fenómeno la semana pasada, “es una ideología que observa en la sociedad una división fundamental entre dos grupos homogéneos y antagónicos –los ‘puros’ y la ‘élite corrupta-, y que postula que la política debe expresar la voluntad del pueblo”.

Los populistas llegaron para quedarse, cuando menos por un tiempo. Es un fenómeno viejo que se ha convertido en una realidad política que está montada en la ola de su mejor momento histórico, al ir ganando el poder a través de los que rechazan por definición sus ideas y sus acciones: la democracia. En la actualidad, argumentan Levitsky y Ziblatt, el retroceso democrático empieza en las urnas. Los políticos tratan a sus adversarios como sus enemigos, intimidan a la prensa libre y amenazan con impugnar resultados electorales. También buscan debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los tribunales, para minar los contrapesos. 

Si se observan los eventos más relevantes en la etapa de la transición, parecería que el traje de Trump le queda a López Obrador. The Guardian dice que Europa no experimenta sola el surgimiento del populismo. “Se han electo populistas en las presidencias de cinco de las siete más grandes democracias: Brasil, Estados Unidos, Filipinas, India y México”, apuntó. Para una buena parte del mundo, López Obrador es un líder populista cuyas políticas asustan y generan incertidumbre, como se vio con los fenómenos financieros y bursátiles de las últimas semanas.

Durante el periodo de la transición quedó encasillado en esa categoría de análisis, y el presidente López Obrador podrá caber en la descripción de populista, pero no se puede hacer un juicio concluyente a priori. Se puede no ser un demócrata, pero conducir una nación hacia la democracia. Se puede ser populista, pero gobernante responsable y capaz de tomar decisiones que vayan contra su ideología pero en beneficio del país. Ya se verá qué López Obrador es el que tendremos los mexicanos. Mientras tanto, hay que otorgarle, incuestionablemente, el beneficio de la duda.

29 Noviembre 2018 04:05:00
Gabinete de pesadilla
Nadie puede decir que la mayoría del futuro gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador es inexperto, aunque no para las tareas que tendrán enfrente. La futura secretaria de Gobernación, exministra de la Suprema Corte. El próximo titular de Hacienda, académico estimado y funcionario por tres años de un gobierno local. Tres políticos estarán cargo de la Seguridad, Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, además de un ingeniero agrónomo no titulado en Pemex. Operadores políticos de Tabasco y el Estado de México ocuparán subsecretarías, y en un octogenario se recargan los proyectos de punta para el desarrollo. Este no es el dream team que han visto en el mundo en otros gabinetes mexicanos. Se perfila más bien como un nightmare team, un equipo de pesadilla, que comienza sus funciones este sábado.

La inexperiencia tiene sus curvas de aprendizaje, algunas muy pronunciadas. En el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la curva de aprendizaje de Luis Videgaray en Hacienda deshidrató la economía, y la de Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación fue tan larga, que lo hundió como candidato presidencial y llenó de sangre el país. Felipe Calderón escogió gente más experimentada, pero compitió y peleó durante una buena parte del sexenio. Vicente Fox quedó atrapado en las veleidades y ambiciones de su equipo más cercano. Incluso Ernesto Zedillo, que tenía un gabinete nombre por nombre superior a los que vinieron después, tuvo que hacer ajustes antes de cumplir un mes en la Presidencia para rescatar al país de una crisis económica.

Todos estos gabinetes han tenido problemas serios casi desde el inicio de la administración en la que trabajaban, pero ninguno había generado tanto conflicto como el de López Obrador. Han habido choques públicos como los del próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, con la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, porque esta no entiende cómo funcionan los mercados y ha hecho algunas declaraciones que aterrorizaron a inversionistas. Fueron los mercados famosos, de los que el equipo de López Obrador se queja que “no los entienden”, los que cambiaron la percepción global del Gobierno que viene. Todavía no inician sus funciones formales y ya muestran los síntomas del Paradigma de la Rana, donde no se dan cuenta de que el entorno está cambiando negativamente en forma acelerada hasta que, cuando reparan en ello, es demasiado tarde y ya se cosieron.

Los choques de Urzúa para que el resto del futuro gabinete económico no diga sandeces que producen temores e incertidumbres, son menos violentos de los que se viven en el gabinete de seguridad. Pero el propio Urzúa admite en privado que no sabe cómo hablar a los mercados. No es lo mismo conocer el predial y el agua, que manejar con pulso de cirujano las finanzas públicas de una nación. Alfonso Durazo, próximo titular de Seguridad, se quedó con los instrumentos de coerción de la Secretaría de Gobernación que encabezará Olga Sánchez Cordero, aunque después perdió el eje de su fortaleza porque la Policía Federal no tomará órdenes de él, sino de las Fuerzas Armadas, y la Agencia de Inteligencia Nacional, que sustituye al CISEN, quedará en manos del general retirado Audomaro Martínez, que no acordará con él, sino con López Obrador.

El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, sólo tiene la protección del presidente electo, pues la mayoría del gabinete consideran que es incompetente. No por falta de inteligencia, sino porque sus conocimientos huelen a naftalina. Su cruzada contra el aeropuerto en Texcoco fue el punto de quiebre de la confianza de los inversionistas, y cuando dijo que construirían un aeropuerto alterno en una zona donde no hay proyectos de ningún tipo, aniquilando una obra con más de 30% terminada, sentido común fue lo menos que le reconocieron. Entre quienes ven temas presupuestales del equipo de López Obrador, hubo quien afirmó: “Jiménez Espriú nos borró el bono de arranque de sexenio y elevó la deuda por las tasas a mediano y largo plazo”. Traducido al castellano, su lucha contra Texcoco le quitó recursos al proyecto de López Obrador.

En parte por él y en otra buena parte por López Obrador, se han ido del país más de 5 mil millones de dólares y hay fiebre en varias capitales del país por vender propiedades para cambiar a dólares. En los últimos tres meses se han ido de la bolsa 113 millones y aparecido en Brasil, que detonó análisis donde ven a López Obrador más como un riesgo que a Jair Bolsonaro, el próximo presidente brasileño de extrema derecha. 

El desconocimiento de cómo opera el mundo y cómo funciona la información, provocó que este fin de semana Sánchez Cordero se metiera en otro problema. Admitió que el Gobierno entrante estaba negociando un acuerdo con el gobierno de Donald Trump en materia migratoria, lo que significa, de concretarse, que por primera vez México se pliega a una política migratoria de Estados Unidos. Un gobierno tan lleno de nacionalismo, quedó en entreguista por esa falta de conocimiento general. El conflicto entre Trump y López Obrador ya viene en camino.

El gran problema que tiene enfrente López Obrador, es que está a cuatro días de ser Gobierno. Entonces, si como equipo de transición han causado tantos estragos por sus limitaciones e incompetencias, cabe preguntarse qué es lo que podrá suceder una vez que sus acciones tengan consecuencias concretas y duraderas sobre el rumbo del país. Acelerar la marcha en la transición se pensaba ayudaría a concretar esa curva de aprendizaje sin daños mayores. No fue así. Todavía no aprenden y tampoco se ve que lo harán, cuando menos, en el corto plazo.
28 Noviembre 2018 04:02:00
Los manotazos de Andrés Manuel
Lejos del escrutinio público, la política económica de Andrés Manuel López Obrador, que este sábado asume la Presidencia de la República, está hecha un caos. La destitución de quien iba a ser subsecretario de Egresos y fue su principal asesor económico durante la campaña presidencial, Gerardo Esquivel, no ha sido suficientemente calibrada, pero se puede argumentar que refleja las tensiones internas en el equipo de transición. Esquivel fue removido en vísperas de entregar el presupuesto, lo que es inaudito, que esconden una serie de errores críticos que cometió el equipo económico en la elaboración del documento que propició el dramático desenlace. La crisis comenzó en el viernes pasado.

Personas dentro del equipo de transición narraron aspectos generales de una reunión de Gabinete que tuvo López Obrador, a donde no fue convocado Esquivel, en donde hubo fuertes reclamos de un buen número de futuros secretarios de Estado en contra del equipo hacendario porque, describieron, era un desastre la asignación de las partidas presupuestales. El área más afectada era la Secretaría de Agricultura, en donde el próximo presidente quiere impulsar para regresarle vigor al campo, que tuvo recortes estimados entre 40 mil y 50 mil millones de pesos. La segunda que mayor impacto tuvo fue Educación Pública, donde el recorte superó los 39 mil millones de pesos.

López Obrador, según las personas que narraron el encuentro, se molestó con el equipo económico y regañó públicamente al próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ordenándole que “comenzara de cero” en materia presupuestal y quien, con la cabeza gacha, apechugó la reprimenda. Las quejas que se han generado no sólo provienen de los futuros secretarios de Estado, sino también de las áreas económicas del Congreso, que han expresado al equipo de transición de que los números que les han dado para el presupuesto son incorrectos y no había forma de poder acomodarlos manteniendo la disciplina fiscal.

La responsabilidad primaria de esas equivocaciones ha sido puesta en Esquivel, quien desde la campaña calculó mal los recursos disponibles para el gobierno equivocando incluso, la metodología para realizar algunas de las estimaciones. La primera reunión que sostuvo el equipo de transición en la Secretaría de Hacienda fue una sorpresa para los representantes de López Obrador, que no sabían cómo se estructuraba y asignaba del presupuesto, y sólo preguntaban si eso que les mostraban, era todo el dinero disponible.

En otras reuniones los técnicos de Hacienda cuestionaron los números de Esquivel, quien decía que el error era de los hacendarios no de él, hasta que exhibido cuando le demostraron que al calcular el IVA en la frontera, lo había hecho a partir de las ciudades, cuando debía haberlo hecho sobre la recaudación en los municipios. La diferencia en las estimaciones era de 30 mil millones de pesos. Esa promesa de campaña, tuvo que ser pospuesta y no estará incorporada en el presupuesto.

Qué tanto influyeron los errores de Esquivel en su remoción, no está claro todavía, pero la revolución interna en el equipo económico de López Obrador llevó a reuniones urgentes, incluso el lunes por la noche, para poder armar todo el equipo que estará a cargo de la política económica en Hacienda y en la Presidencia de la República, bajo la dirección de Urzúa y del próximo jefe de Oficina, Alfonso Romo. Pero enviar a Esquivel al Banco de México para ocupar el puesto de vicegobernador de Roberto del Cueto, quien adelantó su renuncia programada en abril a diciembre, tampoco es una buena señal para los mercados, que están reaccionando con mucho nerviosismo por la incertidumbre y un incremento en el riesgo país, y que verán esa designación como una pérdida en la autonomía del banco central.

A decir de los expertos, la designación de Esquivel muestra el desconocimiento de López Obrador y su equipo económico de la hipersensibilidad de los mercados, que reaccionan e interpretan instáneamente ese tipo de decisiones, en particular con López Obrador, que les provocó una alta dosis de incertidumbre tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco mediante una consulta ciudadana. A diferencia de la designación de un Jonathan Heath, con un perfil altamente autonómico, que remplazará a Manuel Ramos Francia como vicegobernador del Banco de México, López Obrador compensó a Esquivel con otra vicegubernatura, quien será percibido invariablemente como subordinado del próximo presidente.

Esa es una sola razón por la que lo verán negativamente. Esquivel es un economista bien preparado en términos académicos, pero heterodoxo. Esta característica se suma a que al ser una extensión de López Obrador en el Banco de México y apuntado a sustituir a Alejandro Díaz de León como el presidente de la institución, es altamente probable que la política monetaria sea más flexible y actúe en concordancia con la Secretaría de Hacienda, donde el jefe real será López Obrador. “La Junta (de gobierno del banco) va a funcionar peor”, dijo un manejador de fondos en Estados Unidos que conoce el Banco de México, Hacienda y a los protagonistas del actual y próximo gobierno. “Es un copiloto que va a mandar sobre el piloto”. Los presagios no son alentadores.

Se anticipa un Banco de México más desordenado, que es lo que menos le interesaría a López Obrador en este momento, y un mar de incertidumbre por el bajo nivel, estimaron analistas, de la próxima subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez. Esta crisis inconclusa en el equipo económico del presidente electo, llegó en el peor momento y en las peores condiciones, donde hay altas expectativas para que cumpla todas sus promesas de campaña, pero no hay dinero suficiente ni, por ahora, un presupuesto claro y definitivo que entregar al Congreso.
27 Noviembre 2018 04:07:00
Los temores de Andrés
A nada le teme más Andrés Manuel López Obrador que a un terremoto y a que no haya inversión extranjera. No lo dice ahora, sino que es una idea que ronda hace tiempo en su cabeza, y que siempre se ha ubicado en el contexto de él al frente de un gobierno. El próximo sábado así será, y esas variables no escaparán de su mente. Sobre la primera no tiene control, y el temor se puede entender en lo que esto significa para cualquier gobernante, que tiene que parar o cancelar su programa de gobierno por que una situación de emergencia requiere mucho dinero para enfrentarla y estabilizarla, como lo pudo haber visto y estudiado con los sismos de 1985 en el gobierno de Miguel de la Madrid. Sobre la segunda sí tiene control, porque depende del mensaje que transmita y la confianza que genere entre los inversionistas. En esto, las cosas le han salido bastante mal.

Un vistazo a la prensa de la Ciudad de México y el extranjero dan idea de lo que sus acciones y decisiones han generado. Este domingo publicó The Wall Street Journal en su edición que el presidente electo está espantando a los inversionistas extranjeros, que le habían dado el beneficio de la duda de que sería un líder moderado y pragmático hasta que comenzó a utilizar consultas públicas para que la gente decidiera proyectos de infraestructura, que propició la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. El diario de mayor circulación en Estados Unidos agregó que varios gestores de fondos de mercados emergentes están reconsiderando sus inversiones en México o reduciendo su exposición.

El Banco de México, reportaron los medios, informó que entre julio y septiembre registró salidas netas de capital por mil 886 millones de dólares, que contrastó fuertemente con la entrada de capitales que se dio entre enero y junio de este año. Analistas de Barclays y Goldman Sachs consultados por la prensa adjudicaron la salida de capitales a la incertidumbre por las guerras comerciales de Estados Unidos contra el mundo, y por cautela frente a López Obrador tras la cancelación del aeropuerto. Los expertos internacionales se quedaron cortos.

Enrique Quintana, director de El Financiero, publicó este lunes que el índice de la Bolsa cerró el viernes con una caída de 18.4% con respecto a finales de agosto, cuando la transición terminó de ser tersa, con lo cual la pérdida de valor de las empresas fue el equivalente a 90 mil millones de dólares, que traducidos en pesos significaron 1.8 billones de pesos –casi una tercera parte del presupuesto–, mientras que el dólar interbancario cerró en 20 pesos con 43 centavos. “¿Qué es lo que están viendo los mercados financieros que han cambiado radicalmente de comportamiento en un trimestre?”, preguntó Quintana, respondiendo inmediatamente: “Han visto señales de lo que puede ser el desempeño del nuevo gobierno que no les han gustado y que generaron dudas”.

“Creo que López Obrador ha mostrado sus verdaderos colores”, dijo Walter Molano, economista en jefe de BCP Securities, que tiene su cuartel general en Connecticut. “Ni siquiera ha asumido el cargo de presidente y está mostrando una verdadera vena autoritaria”. Parte de lo que ven es la utilización de consultas para validar proyectos prometidos en la campaña, como la cancelación de Texcoco con el apoyo de menos del 1% del padrón electoral, con un 70% de ese porcentaje que jamás ha viajado en avión. La segunda multiconsulta para aprobar 10 programas prioritarios del presidente electo fue un fracaso, que arrojó resultados de aprobación del más del 90%, que describió Ciro Gómez Leyva en su programa en Radio Fórmula este lunes, como mediciones de régimen autoritario, que es el único sistema político donde se da ese tipo de resultados.

Las acciones y decisiones de López Obrador están teniendo altos costos en materia de inversión extranjera. En octubre salieron de la Bolsa 113 millones de dólares, de los que aterrizaron 111 en el Bovespa brasileño, reportó Bloomberg. Paul McNamara, opera de bonos en mercados emergentes para la firma suiza GAM Holding, le dijo al Wall Street Journal que sus medidas los están afectando y están analizando reducir sus activos mexicanos. Alejandro Schtulmann, director de la firma de análisis de riesgos Empra, agregó que una compañía interesada en un proyecto de infraestructura energética de 100 millones de dólares, la aplazó.

Hace dos semanas, tras escuchar uno de los asesores económicos del equipo de López Obrador, cuatro empresas texanas aplazaron sus inversiones programadas en México. Empresarios mexicanos han decidido hacer lo mismo y tiendas de autoservicio optaron por parar su expansión. “López Obrador ya afectó el clima de inversión”, dijo un economista mexicano que conoce perfectamente al equipo económico del presidente electo, que maneja fondos de inversión en Nueva York. La “luna de miel” con los inversionistas, como lo describió el Wall Street Journal, no existe más.

Los avisos son claros para López Obrador, que el próximo sábado asume la Presidencia de la República y sus acciones y decisiones tendrán un efecto más elevado de lo que hasta ahora han sido. Su discurso será clave para tranquilizar a los mercados y evitar el principio de una crisis, siempre y cuando mantenga el miedo a la falta de inversión y no piense, como en la actualidad, que es el capital global, manejado por empresarios mexicanos y medios de comunicación, que se oponen a su proyecto de Nación porque van a perder privilegios. La retórica electoral ya terminó. Se exige seriedad y responsabilidad, no ocurrencias, porque de lo que haga dependerá el futuro de 130 millones de mexicanos.
26 Noviembre 2018 04:02:00
El amor y odio de Andrés Manuel
La relación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador con las Fuerzas Armadas es esquizofrénica. Las llama asesinas y las reconoce como una institución del pueblo. Las denuesta y acude a ellas para abatir la inseguridad. Quería el retiro paulatino de los militares de las calles mexicanas y ahora dice que eso no es posible. Les tiene confianza, pero en realidad no. López Obrador lleva tiempo tensionando las estructuras militares y no parece importarle mucho. En los altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo único que ha generado es resentimiento y desconfianza. Mal inicio de gobierno para una administración que aún no arranca.

Este domingo se reunió en el Campo Militar 1 con soldados, marinos y sus familiares y explicó que propuso la Guardia Nacional “porque le tengo confianza al Ejército y la Marina, porque el Ejército es el pueblo uniformado”. Es cuestionable. El pensamiento más claro sobre ellas lo externó en febrero de 2017, cuando tras un operativo de la Marina en Nayarit donde se abatieron a 12 miembros del cártel de los Beltrán Leyva, el entonces aspirante a la Presidencia, afirmó: “¿Por qué los aniquilaron? ¿Por qué si ellos investigan y supuestamente tienen asesoría del extranjero en materia de inteligencia los masacraron?”.

La presencia de militares en las calles para combatir la seguridad pública no es algo que lo convenza. Desde hace casi dos años ha sido su crítico sistemático. “Tiene que cambiar la política de masacrar, torturas que desde (el presidente Felipe) Calderón no ha dado resultado; al contrario, trae más sufrimiento”, dijo en Nayarit. Dos meses antes le pidió al general Salvador Cienfuegos y al almirante Vidal Soberón “no continuar con la política coercitiva, pues no resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

López Obrador sabía lo que quería. El Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 que dio a conocer en diciembre, incluía el regreso de los militares a los cuarteles paulatino y programado, porque la seguridad pública era responsabilidad del ámbito civil. No tardó mucho en rectificar. Un mes después de ganar la Presidencia, con el apoyo de decenas de organizaciones de derechos humanos que respaldaban su propuesta, cambió el discurso. Ni soldados ni marinos regresarían a los cuarteles, y seguirían trabajando en tareas de seguridad pública.

Es decir, lo que hizo el presidente Calderón que tanto cuestionó el presidente electo, será la ruta que mantendrá. Lo que tanto criticó del presidente Peña Nieto, será continuado por él. La forma como los mantendría en las calles sería mediante la creación de una Guardia Nacional, que es algo similar a lo que hizo el presidente Ernesto Zedillo en 1999, cuando creó la Policía Federal Preventiva, pero al revés. Retoma de tres gobiernos el modelo, pero modifica el diseño institucional que viola la Constitución, pues un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia impide que realicen esas tareas por no considerar los tratados y la legislación que en materia de derechos humanos limitan su actuación en casos excepcionales. Para hacer lo mismo, había mejores formas.

La Policía Federal (en un principio se le añadió Preventiva) se integró con la Tercera Brigada de la Policía Militar al mando de Genaro García Luna, que fue trasladado del CISEN para construir una fuerza policial civil. Trasladar del ámbito militar a los soldados para integrarlos al ámbito civil, no requirió de modificaciones constitucionales ni violó la ley. La Guardia Nacional es una galimatías que en lugar de construir una policía que permita el retiro gradual de los militares de las calles, la destruye y provocará que soldados y marinos se queden permanentemente a cargo de la seguridad pública, como policía nacional que, otra ironía de este enredo, la propuso García Luna y la clase política, incluidos los cercanos a López Obrador, la bloquearon.

López Obrador dijo en Campo Militar 1 cosas imprecisas o falsas. La justificación de la Guardia Nacional es para atacar unidos la inseguridad, porque “en la actualidad cada autoridad trabaja en forma separada, por lo que deben estar unidos”. La cooperación entre soldados, marinos y policías federales no está rota, como sugiere el presidente electo. Lo que sí rompió en los últimos días es la participación de los gobiernos estatales, que provocó la reacción de los gobernadores, quejándose de la exclusión.

López Obrador provoca el divisionismo, no al revés. En el caso de las Fuerzas Armadas, tuvo oportunidad de enmendar las cosas con el nombramiento de los titulares de la Defensa y la Marina, pero ignoró las recomendaciones del general Cienfuegos, y del almirante Soberón. El general Cienfuegos le propuso para sustituirlo al subsecretario, al general Roble Arturo Granados Gallardo, o al general Alejandro Saavedra Hernández, jefe del Estado Mayor, pero escogió al general Luis Crescencio Sandoval, el número 22 de los 23 generales en la lista. El almirante Soberón propuso al almirante José Luis Vergara, oficial mayor de la Marina pero se inclinó por el almirante José Rafael Ojeda, a quien sus pares no le ven suficiente experiencia para el reto.

Las tensiones con las Fuerzas Armadas no cejarán. En este espacio se reportó que cuando el presidente electo le detalló al secretario de la Defensa lo que haría la Guardia Nacional y el general Cienfuegos le replicó que era anticonstitucional, López Obrador le respondió: “Pues modificamos la Constitución”. Eso es lo que va a hacer a través de su brazo legislativo en el Congreso, que es Morena, sin importar el sentir y el pensar de las Fuerzas Armadas.

" Comentar Imprimir
columnistas

www.zocalo.com.mx | 524: A timeout occurred

Error 524 Ray ID: 4bd904e209fac64d • 2019-03-26 12:10:31 UTC

A timeout occurred

You

Browser

Working
Minneapolis

Cloudflare

Working
www.zocalo.com.mx

Host

Error

What happened?

The origin web server timed out responding to this request.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

The connection to the origin web server was made, but the origin web server timed out before responding. The likely cause is an overloaded background task, database or application, stressing the resources on your web server. To resolve, please work with your hosting provider or web development team to free up resources for your database or overloaded application. Additional troubleshooting information here.